Los fondos de Celsa diseñan un ‘plan B’ para evitar el escudo antiopas en su toma del capital
El juez estudia la homologación del plan de reestructuración presentado por los acreedores
La guerra por Celsa afronta una fase crítica. Los fondos acreedores esperan ver consumado su plan para tomar la compañía antes de verano. Pero primero deben vencer un importante escollo, pasar el examen del Gobierno en el conocido como escudo antiopas. Para ello estudian un plan B que les exima de solicitar el visto bueno del Ejecutivo en caso de que las conversaciones se tuerzan.
Los fondos acreedores de Celsa –capitaneados por Deutsche Bank y los fondos Anchorage, Capital Group y Attesor, entre otros– presentaron la semana pasada ante el juez la homologación concursal de su plan de reestructuración. Este –que presentaron en el primer día de la entrada en vigor de la ley concursal– establece que los fondos conviertan 1.291 millones de pasivo en el 100% de las acciones de la compañía.
Tras haber remitido el plan al juez se abre un periodo de 15 días para que los acreedores presenten alegaciones. Y después otros 15 días para que lo haga la empresa, que a buen seguro lo hará. El mercado prevé que el juez dé el visto bueno a esta hoja de ruta antes de verano.
Entonces los fondos acreedores deberán salvar un segundo escollo. Este es la autorización del Consejo de Ministros, a través del conocido como escudo antiopas. La normativa establece que deberá solicitar el plácet del Gobierno cualquier inversor de fuera de la UE que tome más del 10% del capital de una empresa estratégica o cualquier comunitario que invierta más de 500 millones en una no cotizada o tome más del 10% de una cotizada.
El Ejecutivo está ojo avizor con Celsa. No solo es que sea una empresa estratégica es que su actividad siderúrgica toca el corazón de las intenciones tanto de España como de la Comisión Europea de reforzar el perfil industrial del Viejo Contienente. Por ello, ya avanza que analizará con detalle la transacción de Celsa y no se descarta un veto a su toma por los fondos. Por el momento, las partes llevan meses negociando una solución.
Estos inversores buscan aplacar los temores del Ejecutivo. Uno de los métodos que exploran es aliarse con un inversor nacional para blindar la españolidad y el carácter estratégico de la propuesta. Negocian la venta de una participación de control en la compañía a un socio industrial y con conocimiento en el sector.
No obstante, las fuentes consultadas indican que no será fácil. Aunque Celsa es uno de los principales grupos industriales en España y no le faltarían posibles novias, lo cierto es que los inversores interesados aún ven un alto riesgo como para comprometerse ahora a firmar un acuerdo con los acreedores. Esperan a que los acreedores se hagan efectivamente con el capital para rubricar una venta.
Por ello, los acreedores estudian un plan B. Este es que algunos acreedores de fuera de la UE vendan pequeños paquetes de deuda a otros inversores comunitarios, de modo que cuando conviertan el pasivo estos fondos cuyo domicilio está fuera del Viejo Continente tengan menos del 10% del capital. De este modo, no estarían obligados a pasar por el filtro del Gobierno.
Algunos inversores, de hecho, ya han abandonado el sindicato de acreedores de Celsa. Este es el ejemplo de Goldman Sachs, que tenía una posición preeminente y la vendió en los últimos meses a varios fondos de deuda. El carácter europeo de Deutsche Bank facilita operaciones en este sentido.
Estos fondos tienen en frente un enemigo duro de roer. Los Rubiralta, los actuales dueños de Celsa, pelean para salvar el control de la histórica enseña familiar. Su última propuesta pasa por retener el control, con el 51% de las acciones, y permitir a los acreedores tomar el 49%, si bien hasta hace pocos meses eran totalmente reticentes a ceder ni una sola acción de la histórica compañía catalana. Hacen gala de sus buenas relaciones y su influencia y confían en que el Ejecutivo sea su último aliado en esta guerra.
Más de 3.000 millones de deuda
Celsa arrastra una abultada deuda, de unos 3.500 millones, que data de una agresiva campaña de crecimiento con adquisiciones de antes de la crisis financiera. Desde entonces, la empresa acumula más de 15 reestructuraciones de su pasivo, que ha dejado de estar en manos de los bancos españoles para pasar a fondos de deuda, que la adquirieron a precio de derribo. De estos 3.500 millones de pasivo, 1.681 millones se corresponden con un crédito jumbo y otros 1.510 millones, con un convertible. Tiene otros 523 millones de circulante con la banca. La compañía tiene en la recámara la ayuda de la SEPI, que le concedió por 550 millones, de los cuales 450 millones iban a estar destinados a repagar la deuda y 100 millones al plan estratégico. Este organismo reclamaba que los Rubiralta inyectasen 50 millones más y que pactasen una quita de 1.000 millones a la deuda. Esta institución, pese a que ha dado luz verde a la ayuda, no la inyectará a la compañía hasta que no pacte con los acreedores.
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