El Gobierno eleva las alarmas sobre la seguridad de la infraestructura energética
El acelerado despliegue de las renovables y la concentración de terminales de GNL en España aumenta los riesgos del sector. El Ejecutivo pide generar estándares comunes en la industria
La ‘nueva’ hoja de ruta energética presentada esta semana por el Gobierno actualiza los objetivos para hacer frente a grandes retos como la reducción de emisiones y la eficiencia eléctrica, a la vez que incorpora otras amenazas como la seguridad de la infraestructura energética. Con una electrificación al alza, que alcanzará cerca del 34% de la economía tras un aumento en casi nueve puntos porcentuales respecto a los niveles de 2019, cualquier problema en la provisión eléctrica o de combustibles fósiles puede “poner en jaque el resto de las dimensiones” del plan energético, señala el texto. En concreto, la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) multiplica por cuatro las menciones a la ciberseguridad. Las más de 50 menciones en el texto aboga por “realizar ejercicios de simulación de emergencia relativos a ataques cibernéticos”, a la vez que pide incorporar esta dimensión a los planes de emergencia del sector energético.
La presentación de este documento, que ya fue remitido a la Comisión Europea y está sujeto a consultas públicas hasta septiembre, coincide con la publicación de una revisión conjunta de la OTAN y la Comisión Europea sobre la infraestructura crítica en Europa. Este texto menciona, por ejemplo, el riesgo de un ‘efecto dominó’ tras una interrupción del servicio eléctrico. La Alianza Atlántica destaca que los esfuerzos comunitarios por diversificar su suministro de gas natural aumentan la importancia estratégica de las terminales de regasificación. En este sentido, España es el país de la Unión Europeo con el mayor número de estas infraestructuras, con más de un tercio de la capacidad de regasificación del continente.
Un informe reciente elaborado por la Fundación Naturgy y el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) confirma que la integración de cada vez más generación renovable, que el Gobierno espera alcance el 81% hacia 2030, supone un reto para las firmas del sector.
La generación eólica está conectada a través de conexiones satelitales, mientras que los proyectos fotovoltaicos están ligadas a servicios en la nube. A esto se suma el desarrollo de la eólica marina, que requiere un nivel mayor de infraestructura digital. Este tipo de vínculos digitales elevan la vulnerabilidad de los diferentes puntos de generación, así como el de todo el sistema de distribución Por el contrario, la dispersión de la generación en múltiples puntos disminuye el impacto de un solo impacto.
Los nuevos niveles de interconexión, a los que se suma también el autoconsumo por parte de los hogares, “amplía las oportunidades para que un atacante pueda acceder a sus datos o al control de su operación”, advierte el informe. El nuevo plan del Gobierno llama a “estandarizar protocolos de seguridad” en este sentido, para que los sistemas tanto modernos como antiguos sigan normativas de seguridad específicas.
El desafío es doble en este sentido: a la vez que se espera que se multipliquen las microrredes y las comunidades energéticas comunitarias, el Gobierno espera un ligero aumento del grado de interconexión del sistema eléctrico ibérico con el resto de Europa. La Comisión Europea ha elevado al 15% la meta de interconexión para 2030, algo que supone un fuerte crecimiento desde el 2,5% actual. Sin embargo, la previsión es que el país no alcance siquiera el 10% antes del final de la década.
Nueve meses del sabotaje a Nord Stream
- Vulnerabilidad. El ataque a los gasoductos Nord Stream, que conectaban Rusia con Alemania, ilustró la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas.
- Crisis. El análisis de la Comisión Europea y la OTAN señala que los ataques a centrales de generación o distribución energética son un ejemplo de ‘guerra híbrida’ que combina daños físicos y ataques cibernéticos. El objetivo final es el de desestabilizar y provocar el caos al no poder asegurar las actividades básicas de las comunidades atacadas.
- Alerta. El sabotaje puso en máxima alerta a todos los países de la Alianza Atlántica. Desde este suceso, se multiplicaron las sospechas de intromisiones a otros gasoductos, como el de Noruega, o de cables submarinos que conectan infraestructuras energéticas. En particular, las autoridades militares de los países aliados alertaron las vulnerabilidades del sector petrolero.
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