El Supremo avala la mayoría de las sanciones de la CNMC a empresas

El Alto Tribunal confirmó más del 70% de las sanciones entre 2020 y 2022 y más del 50% de las resoluciones de competencia en 2019

Belén Trincado Aznar

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo están acostumbrados a mediar en las batallas legales que las empresas abren contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por las sanciones, muchas millonarias, que ésta última impone para penalizar las conductas contrarias al buen funcionamiento del mercado o contra los consumidores. Según los datos ofrecidos por el órgano regulador en sus memorias anuales y el recuento de sentencias realizado por CincoDías, el Alto Tribunal, que tiene la última palabra, avala gran parte de la actuación de la CNMC. Entre 2019 y 2022, el máximo órgano judicial confirmó más del 70% de las resoluciones analizadas y en 2019 ratificó más del 50% de las sanciones.

Son varias las ocasiones en las que las empresas han cargado contra la CNMC por sus resoluciones sancionadoras. El principal argumento esgrimido es la “falta de rigor” del órgano que ahora dirige Cani Fernández a la hora de investigar e imponer elevadas multas. Así lo manifestó, en julio de 2022, Seopan, la asociación de las mayores constructoras del país, tras conocer la penalización de 203 millones de euros que se impuso a Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr por contravenir las normas de competencia entre 1992 y 2017.

Como era de esperar, las seis constructoras abrieron la vía judicial, al recurrir la decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo es competente para revisar en primera instancia la actuación del regulador. La primera petición que hicieron, como suele ocurrir en los casos relacionados con multas, fue la suspensión del abono de la cantidad exigida mientras se resuelve el asunto.

No perjudicar antes de la sentencia

La respuesta habitual de la Audiencia Nacional es afirmativa en estos casos. Y así ocurrió con respecto a las seis grandes constructoras. El tribunal considera que tanto el pago de la sanción como la prohibición de contratar con la Administración Pública (otro de los ‘castigos’ que suele poner la CNMC), antes de que exista una sentencia que zanje la controversia, puede causar perjuicios económicos a las compañías. Eso sí, condiciona la suspensión de la ejecución de la multa a que las empresas presenten un aval o garantía bancaria que asegure el ingreso de las cantidades exigidas al erario público en caso de que la sentencia sea contraria a sus intereses.

Precisamente, las medidas cautelares adoptadas por la Audiencia Nacional fueron objeto de crítica de Cani Fernández en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado 23 de marzo, en la que espetó que los jueces suspenden “todas y cada una” de las multas. No obstante, aclaró que estas decisiones no implican que finalmente se dicten sentencias que anulen los expedientes. De hecho, según los datos recabados, relativos al periodo comprendido entre 2019 y 2022, los tribunales suelen respaldar a la CNMC.

La Audiencia Nacional ratificó en gran medida las decisiones de la CNMC en el ámbito de competencia. Aunque 2022 fue el año con menor apoyo, ya que este órgano judicial central solo confirmó íntegramente el 40% de las resoluciones del regulador, contra el 49,5% de las sentencias que se dictaron a favor de las empresas; los magistrados dieron más veces la razón al organismo que a las compañías (un 60,8% en 2019; un 41,8% en 2020 y un 58,5% en 2020). A estos porcentajes se le debe sumar también los recursos de las empresas que fueron estimados parcialmente, es decir, que únicamente se corrigió algún aspecto concreto de la sanción o imputación, pero se confirmó la conducta de la CNMC.

Esta dinámica favorable para el regulador se mantiene en el Tribunal Supremo, que da el veredicto final, una vez estudia todas las impugnaciones que la propia CNMC y empresas presentan contra los fallos de la Audiencia Nacional. Así, en 2022, el Alto Tribunal dictó 11 sentencias, en las que hizo firmes un 72,7% de las decisiones de la CNMC que analizó. En concreto, desestimó cinco de las impugnaciones de las empresas (lo que supone un 45,4% de los pronunciamientos del Supremo) y estimó tres recursos del regulador (27,3%). Por otro lado, dio la razón en dos ocasiones a las firmas sancionadas y rechazó uno de los recursos de la CNMC (27,3%).

Confirma el cártel de fabricantes de coches

El año anterior, en 2021, el porcentaje de aval a la CNMC ascendió hasta el 93,75%, en comparación al 6,25% de los recursos que ganaron las empresas o directivos penalizados. Esta elevada tasa tiene su explicación en que de las 16 sentencias que dictó ese año el Alto Tribunal, 14 fueron relativas al cártel de fabricantes de automóviles, por el que se sancionó a una veintena de firmas con un total de 171 millones de euros. El Supremo confirmó 13 de las multas individuales, mientras que revocó únicamente el fallo previo de la Audiencia sobre Mazda.

En cuanto a 2020, de la información facilitada por la CNMC en su Memoria, así como de la documentación consultada por este diario, de 17 ocasiones en las que se pronunció el Supremo, en 14 confirmó la actuación de la CNMC (82,35%); en una ordenó el recálculo de una multa (5,88%); y sólo en dos ocasiones acordó la nulidad de las sanciones impuestas a los directivos de unas de las compañías multadas (11,76%), pero confirmando toda la resolución que motivó dicha sanción.

Con respecto al último año revisado, el Supremo no dio un respaldo tan amplio al organismo regulador, aunque sí mayoritario. La CNMC informó en su repaso de 2019 que el Alto Tribunal dictó 27 sentencias que afectaban a 14 expedientes sancionadores. En este caso, cinco de las resoluciones fueron anuladas, pues el 35,7% de los recursos que presentaron las empresas como última esperanza para conseguir ganar la batalla fueron estimados.

Sin embargo, confirmó el 50% de las decisiones del regulador examinadas, al ratificar una resolución en su totalidad, tres recálculos de sanciones y tres imputaciones. Al mismo tiempo, el tribunal cuestionó dos veces (14%) al regulador, pero solo en lo relativo a la sanción a dos directivos o una de las cuantías fijadas, dando así firmeza al resto del expediente.

Primer examen

Más sentencias.  La Audiencia Nacional es el tribunal que tiene la competencia para examinar en primera instancia las decisiones de Competencia, a petición de las compañías o directivos involucrados en las conductas anticompetitivas. Por este hecho, este órgano judicial dicta muchas más sentencias que el Tribunal Supremo, que entra en juego una vez que las empresas o la propia CNMC recurre los fallos de la Audiencia.

Datos.  De acuerdo a los datos analizados, 2019 fue el año en el que la Audiencia Nacional avaló más veces las resoluciones de la CNMC. De 148 sentencias dictadas, el 60,8% rechazaron los recursos de las empresas o de sus altos ejecutivos. En este mismo año, el 16,9% da la razón a los recurrentes, mientras que el 22,3% solo fue de manera parcial.

Lo mismo ocurrió en los siguientes años. En 2020, el 41,8% de 82 fallos fueron a favor de la CNMC, mientras que los intereses de manera íntegra de las compañías se aceptaron en el 28,6% de los casos. Casi otro 30% de los recursos fueron estimados parcialmente.

En cuanto al año 2021, los magistrados validaron en 96 sentencias un 58,5% de las decisiones de Competencia cuestionadas por las firmas multadas, frente al 34,2% en las que las compañías obtuvieron el apoyo del tribunal. El porcentaje de recursos estimados parcialmente es de un 7,3%.

Transporte balear. Uno de los expedientes que la Audiencia Nacional examinó en 2022 fue el cártel formado por 34 empresas y una asociación profesional que afectó al transporte escolar y de viajeros en Baleares. El órgano regulador acordó una multa total de 3,16 millones de euros en 2017. Cinco años después, este tribunal dictó 30 sentencias en las que confirma estas multas en 28 de las ocasiones. 

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