Las concesionarias tiran la toalla con el pago por uso en las autovías
Solo una enmienda al proyecto de Ley de Movilidad pide un sistema de financiación para la carretera
Una de las casi 1.000 enmiendas que ha recibido el Ministerio de Transportes al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, solo una, está relacionada de forma directa con la posible tarificación de las carreteras de alta capacidad hoy gratuitas. Toda una sorpresa cuando esta es una reforma comprometida por el Gobierno ante Bruselas para la recepción de los fondos europeos, y la implantación de peajes en las autovías lleva años en el debate político.
El texto de la futura Ley habla de la búsqueda de opciones para atenuar la carga de la conservación de carreteras en las arcas públicas, dejando asuntos candentes en el aire como el del posible pago por uso o el peaje en los accesos al centro de las ciudades. Las concesionarias españolas, entre las que Abertis, Cintra o Itínere llevan años presionando a los sucesivos Gobiernos para la generalización de un modelo tarifario, han dado la batalla por perdida y sus directivos dejaron de sugerir enmiendas hace meses.
Desde el Ministerio que lidera Raquel Sánchez se ha avanzado en el análisis de las opciones, con lo que se pretende dar cumplimiento al compromiso adquirido con Bruselas, pero se ha reconocido en reiteradas ocasiones que un contexto marcado por la alta inflación e incertidumbre económica no es propicio para instaurar una nueva carga a los ciudadanos. Y es en este escenario en el que las concesionarias de infraestructuras han tirado la toalla, al menos en el corto y medio plazo, en su empuje en pos del pago por uso en las carreteras españolas.
La única enmienda, presentada por EH Bildu, propone la introducción de una disposición adicional sobre un mecanismo de financiación que asegure el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado y mejorar la internalización de costes externos del transporte por carretera. Bildu pide que en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno presente un estudio de alternativas en el que se analicen “las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento y una modernización de la Red de Carreteras del Estado, adaptándola a la electromovilidad y fomentando la digitalización”. No se explicita que el modelo tenga que centrarse en el peaje.
Mal momento
El primer ejecutivo de una de las grandes referencias españolas de las autopistas explica que “en los últimos años nunca ha sido el momento y a unos meses de las Elecciones Generales por su puesto que nadie quiere hablar del tema”. Este, y otros directivos consultados, comentan que el PSOE es el que tiene el terreno más trillado si renueva en el Gobierno para la instauración de peajes, “pero el PP no tiene nada hecho y, por tradición, ha atendido a las amenazas del transporte por carretera en contra de la tarificación”.
Las fuentes sí ven factible que el próximo Ejecutivo apueste por la aplicación de un sistema de viñeta: pagas, obtienes la pegatina y es la inspección a pie de carretera la que se cerciora de que los conductores cumplen. El efecto recaudatorio es inmediato para el Estado y la gestión es simple. Pero no se trata de un mecanismo que responda fielmente al leitmotiv de “quien contamina paga”.
El sector concesional, representado por la asociación Seopan, lleva años hablando con distintos Gobiernos de un modelo de cobro basado en la instalación de pórticos, que identifiquen los vehículos, y la facturación a través de cuentas asociadas. Se trata de un modelo que llevaría de dos a tres años de implantación e inversiones para las que se ofrece el capital privado a cambio de concesiones.
España tiene 10.100 kilómetros en vías de alta capacidad titularidad del Estado y otros 3.600 kilómetros de gestión autonómica. La factura por la conservación y mantenimiento supera los 1.300 millones anuales, pese a lo que el déficit en conservación acumula unos 10.000 millones, según la asociación Española de la Carretera (AEC). A ello se suma otro déficit, este en inversión en la red, que Seopan calcula en otros 10.000 millones: 3.268 millones en seguridad operacional y vial; un esfuerzo de 5.853 millones en sostenibilidad ambiental, y 1.540 millones en digitalización de la carretera. La asociación estima que la imposición de peajes blandos acarrearía un superávit fiscal anual medio de 3.054 a 5.082 millones de euros, y las concesiones garantizarían la conservación y modernización de las carreteras. Bruselas tiene la lupa sobre todas estas cifras.
La liberalización del autobús, otro debate abierto sobre la carretera
Nuevo informe. El transporte en autobús ha sido resaltado en un informe de Funcas y la CNMC como uno de los sectores con mayor necesidad de reformas en España en lo que se refiere a la competencia. Se subraya que la Ley de Movilidad Sostenible debería dar respuesta a los problemas de este sector esencial para la vertebración del país.
Rutas largas. El trabajo de Funcas hace hincapié en la recomendación de la Comisión Europea, y la opinión de la CNMC en el mismo sentido, sobre la liberalización de trayectos de más de 100 kilómetros.
Isla en la UE. Italia, Alemania, Francia o Portugal han liberalizado sus mercados nacionales de rutas por carretera, dejando a España como una excepción en la apuesta por el modelo concesional. Grandes operadoras de transporte hablan de un sistema óptimo para garantizar las inversiones y su amortización, mientras que los contrarios ven ineficiencias que impiden abaratar los billetes.
Consulta. La Ley de Movilidad deja espacio para la abrir a la competencia corredores con gran demanda. Transportes ha preguntado al sector si hay interés en la liberalización.
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