El peaje en las autovías será “materia obligatoria” para el próximo Gobierno, según Seopán
El colectivo de grandes constructoras advierte de concursos de obra pública desiertos si no se amplía el mecanismo de revisión de precios
El sector de la construcción no da ni mucho menos por perdida su histórica reivindicación sobre la implantación de peajes en las vías de alta capacidad hoy gratuitas en España. El presidente de la asociación de grandes constructoras Seopán, Julián Núñez, ha recordado esta mañana en rueda de prensa que se trata de una reforma comprometida con la Comisión Europea en el marco del Plan de Transformación y es vinculante para la recepción de fondos europeos.
El pago por uso salió en diciembre del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, dejando por resolver el modelo de la financiación de la carretera, al tiempo que el Ministerio de Transportes mantiene abierto un estudio sobre alternativas para la aplicación de la tarificación. Sin embargo, Núñez ha sido taxativo al afirmar que este hito debe producirse en España en un plazo de cuatro años desde la aprobación del Plan de Transformación, teniendo como fecha límite el mes de julio de 2025. “En esta legislatura está claro que no será, pero el próximo Gobierno estará obligado a instaurar el pago por uso. De otro modo, cómo se van a financiar los más de 10.600 millones que precisa la carretera”, se ha preguntado el presidente de Seopán.
Con 10.066 kilómetros de vías de alta capacidad de titularidad estatal y 3.608 kilómetros bajo la mano de Comunidades Autónomas, la asociación estima que son necesarias inversiones mínimas por 3.268 millones en seguridad operacional y vial; un esfuerzo de 5.853 millones en sostenibilidad ambiental, y una partida de 1.540 millones en digitalización de la carretera. En función de las tarifas, y hablando solo de la movilidad interurbana, Seopán calcula que la tarificacion supondría un superávit fiscal anual medio de 3.054 a 5.082 millones.
Además de la promesa realizada a Bruselas, presionan un déficit de conservación de la infraestructura vial superior a los 10.000 millones, que se traduce en inseguridad en la carretera; la necesidad de electrificar la red para el despegue del vehículo eléctrico, y la senda de consolidación fiscal que se avecina tras el periodo de laxitud motivado por la crisis sanitaria y la posterior invasión rusa de Ucrania.
El representante de la asociación que agrupa a referencias como ACS, Ferrovial, OHLA, Sacyr o Acciona no ha querido entrar a valorar tarifas, “antes debemos saber para qué se cobraría, y eso es hablar de seguridad vial, descarbonización, actualización de las carreteras, etcétera”.
Sin esperanzas sobre la revisión de precios
Julián Núñez no ha escondido la irritación del sector constructor con el Gobierno ante la falta de noticias sobre si habrá ampliación, o no, del mecanismo excepcional de revisión de precios en los contratos de obra pública. “A un mes del vencimiento, creemos que no hay comunicación alguna del Ministerio de Economía sencillamente porque no lo va a ampliar”, ha aseverado el presidente de Seopán.
A renglón seguido ha advertido del riesgo de paralización de la obra pública, con el consiguiente impacto en la ejecución de fondos europeos, ante la incertidumbre que siguen generando unos precios de las materias primas muy por encima aún de los niveles de 2020.
“Hay licitaciones, especialmente de las Comunidades Autónomas y Administraciones locales, que van a quedar desiertas o semidesiertas al no incluir la revisión de precios”, dice Núñez. Esta mañana se ha lamentado ante los medios que el departamento que lidera Nadia Calviño haya tumbado propuestas del sector como la de la revisión de precios en materia de energía y mano de obra en contratos de servicios afectos a infraestructuras.
Para Seopán es esencial ahora no solo que se extienda el mecanismo que reequilibra los costes de materiales esenciales para la ejecución de proyectos sino que se levante el tope del 20% revisable sobre el presupuesto de adjudicación. También se urge la inclusión de este mecanismo de estabilización, que se mantuvo en pie entre 1965 y 2015, en la Ley de Contratos del Sector Público.
“Si alguien cree que el problema de la inflación está superado, se equivoca. Las subidas solo se han moderado y el acero, cobre y aluminio son un 51%, 38% y 33% más caros, respectivamente, que en 2020. Y el precio del gas y la electricidad son un 556% y un 121% más altos”. En este contexto, dice Seopán, el 85% de las obras públicas ven superado en sobrecostes el 20% de techo revisable que fija la medida excepcional de revisión de precios (del RDL 3/2022). Una cuota que se eleva al 100% si se incluyen los costes de energía.
El problema es acuciante en el caso de los contratos de servicios de conservación, mantenimiento y operación de carreteras, ferrocarriles y ciclo integral del agua, con más de 70.000 trabajadores. “Se ha hecho insostenible su ejecución al representar los costes salariales y de energía, de media, un 30% en conservación de vías y ferrocarriles, y un 31% en proyectos del ciclo del agua, respectivamente”.
Del encuentro con medios celebrado esta mañana sale la petición de un año más, como mínimo, para la licitación de proyectos con financiación del programa Next Generation y su ejecución. Ambos hitos tienen como fechas límite diciembre de este año y mediados de 2026, respectivamente. La crisis motivada por la inflación justificaría la imposición de nuevos plazos para la ejecución de los fondos europeos, a juicio de Seopán, además del retraso acumulado en los PERTE y la aprobación de más de 106.000 millones adicionales que han dependido de la Adenda al Plan de Recuperación.
Más peso constructor en los PERTEs
Desde Seopán se ha hecho un llamamiento al Gobierno para la creación de infraestructuras tome mayor relevancia en los PERTES reforzados. Julián Núñez se ha quejado esta mañana de que solo un 6,7% del total de los fondos se ha destinado a infraestructuras, lo que supone 11.619 millones de un total de 173.525 millones. La asociación de constructoras cree que aún hay cabida para proyectos relacionados con el ciclo del agua o la descarbonización del transporte por carretera. “Son 40.000 millones extra para los 12 proyectos estratégicos y vemos oportunidades en la habilitación de los puertos para la eólica marina o la electrificación de las carreteras”.
También se ha puesto de relevancia la parálisis de la colaboración público-privada en España, esencialmente por el impacto de la Ley de Desindexación. Seopán habla de un claro obstáculo para la ejecución de la ayuda europea y pone cifras a la situación de bloqueo: la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) ha informado negativamente de concesiones por 3.000 millones el año pasado, la mayor parte en el sector servicios, ya sea por plazos de explotación inadecuados o por un mal reparto de riesgos entre Administración y concesionaria. Entre los proyectos está el del saneamiento de la ciudad de Madrid, valorado en más de 1.800 millones. La ONE emitió 28 informes sobre proyectos concesionales en 20222 y solo tres de cada diez tuvieron una opinión favorable.
Previsión de un buen 2023 si se cuida el nivel de ejecución
El incremento de la licitación y contratación pública de obras en 2022, con un 34% (29.615 millones) y 16% (hasta los 13.648 millones) de alza, respectivamente, ofrecen buenas expectativas para este 2023 siempre que se mejoren los niveles de ejecución. El presidente de Seopán también se ha referido a una reducción de casi 4 puntos porcentuales en las bajas de contratación. En el caso de la licitación de obra civil el aumento fue del 31,7%, hasta los 18.821 millones, decreciendo ligeramente al final del ejercicio, lo que ha sido leído como un síntoma de agotamiento. De la edificación han dependido los 11.501 millones restantes, un 37% más que en 2021.
Para este ejercicio se prevé una mejora del 4% en la producción del sector constructor, de los que 1,4 puntos están relacionados con el empuje de la financiación europea. La obra civil debería tener un tirón del 11,8%, con 2.300 millones más que en 2022; para la edificación no residencial se espera un repunte del 5,6%, y a la rehabilitación residencial se confía una subida del 2,4% entre los retrasos de los planes de reformas que gestionan las Comunidades Autónomas. Seopán avisa de que la construcción de vivienda nueva se encuentra prácticamente estancada entre la actual coyuntura financiera y las dudas sobre la evolución de la economía.
El colectivo, eso sí, estima en 130.000 millones lo que se ha dejado de invertir entre 2011 y 2021 si se toma como nivel óptimo el de 2010. “Los actuales niveles de inversión pública son insuficientes. Están a un 52% en carreteras de lo que fue en 2010, a un 54% en materia de depuración, y es un 58% inferior en proyectos de abastecimiento de aguas”, ha puesto de manifiesto el presidente de Seopán. Su estimación sobre la necesidad de inversión pública para cumplirlos compromisos con la UE en materias como la movilidad, eficiencia energética o depuración de aguas, entre otros terrenos, es de 253.000 millones.
El sector ve como una nueva oportunidad la llegada del programa europeo RepowerEU, por el que se prevén inversiones por 270.000 millones hasta 2027 y 2.600 millones de asignación inicial para España. El programa eleva los objetivos de eficiencia energética y de peso de las energías renovables; duplica la capacidad solar fotovoltaica o acelera los hitos de transición hacia el vehículo eléctrico.
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