El Gobierno estudia cómo evitar una subida sin precedentes en las autopistas por la inflación

El alza del 8,4% en los peajes a que obliga el IPC puede ser rebajada a través de compensaciones a las concesionarias

Patata caliente en manos del Gobierno. Como cada mes de diciembre, las concesionarias de autopistas han enviado la propuesta de modificación de los peajes basada en el IPC a 12 meses, tal y como marca la Ley 14/2000, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (artículo 77), y la subida demandada se aproxima al doble dígito.

Las compañías que operan las carreteras dependientes de la Administración General del Estado reclaman un alza del 8,4%, que es lo que marcaba el IPC a 30 de noviembre, a lo que se suman acuerdos particulares por inversiones en algunas autopistas.

A la vista de ese porcentaje de actualización, cuatro veces por encima del encarecimiento de un 1,97% que se aprobó para este 2022, distintos ministerios analizan medidas para evitar un repunte de los peajes sin precedentes en las carreteras de pago. Como otros precedentes cercanos, en 2019 se procedió a un aumento tarifario del 1,167%; las tarifas de 2020 subieron un 0,84%, y las de 2021 descendieron un 0,11%.

Los peajes se encarecieron un 1,97% para este 2022 y llegaron a bajar en 2021

Fuentes del Ministerio de Transportes afirman que se trabaja para dar una solución en los próximos días, pero la propuesta final de la Delegación del Gobierno en la Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales depende del visto bueno de los ministerios económicos.

Las tres alternativas al alcance de la Administración son la actualización del IPC en su integridad, lo que dejaría una medida impopular en un momento de dificultades económicas para el consumidor medio español; una subida parcial junto a una compensación económica a ejercicio vencido y que iría en función del tráfico, o la oferta de ampliaciones en los periodos de explotación para amortiguar las subidas.

Vista la decisión del actual Ejecutivo de no extender el plazo concesional en las autopistas que han tenido recientes vencimientos, la última posibilidad se da prácticamente por descartada entre las empresas e incluso en el Gobierno. Con ello, la opción que cobra más posibilidades es la de la actualización parcial y el pago diferido, vía Presupuestos Generales, de lo que quede pendiente. Incluso podría decidirse una compensación a más largo plazo que incorporaría el pago de intereses.

Los ministerios económicos opinarán sobre cualquier aumento inferior a la inflación

Desde 2018 están quedando exentas de actualización por el IPC el ramillete de autopistas que rescató el Gobierno: las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 de Madrid, la M-12 (Madrid-Barajas), AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-7 (en la circunvalación de Alicante y en el tramo Cartagena-Vera), y la AP-36 (Ocaña-La Roda).

Para estas últimas infraestructuras han estado vigentes hasta ahora los precios de 2019. En otros casos, el Gobierno viene aceptando subidas adicionales a la inflación como respuesta al pago de expropiaciones por encima de lo previsto, la ejecución de obras o por bonificaciones de los peajes ordenadas por la Administración.

Reversiones

En cualquiera de los casos, las concesionarias esperan noticias del ministerio que lidera Raquel Sánchez. España ha bajado en los último años a poco más de 2.000 kilómetros de autopistas de peaje. Las concesiones del Estado en manos privadas menguaron tras las reversiones de la AP-1 de Itínere, la AP4 y el tramo valenciano de la AP7 que gestionaba Abertis, y el vencimiento de Acesa (titular de 479 kilómetros de la AP-7 La Jonquera-Salou; AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, y AP-2 Molins de Rei-El Papiol), también de Abertis.

El próximo fin de plazo previsto es el de Avasa, con la que la firma catalana gestiona la AP-68 (294 kilómetros entre Bilbao y Zaragoza) y que se producirá avanzado 2026. Para entonces, no más de 1.700 kilómetros serán de pago en la red estatal de un total de 12.035 kilómetros de vías de alta capacidad.

Rebajas para el transporte

La esperada medida de alivio que tome el Ministerio de Transportes sobre la cuantía de los peajes de autopistas coincide con la demanda de otra ayuda en la carretera, como es la extensión de la bonificación del combustible para el transporte profesional con 20 céntimos por litro de gasoil.

Este último salvavidas, activado el 1 de abril y con fecha de expiración el 31 de diciembre, ha costado algo más de 4.200 millones a las arcas públicas en 2022 por el hecho de incluir en la rebaja a los vehículos particulares. La encrucijada en que se encuentra el Ejecutivo es si mantener la medida para todo tipo de conductores o solo para el tráfico pesado. En este último caso, fuentes del sector del transporte de mercancías por carretera estiman que el coste sería de 120 millones al mes y se pide que la ayuda se extienda hasta que se normalicen los precios. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, dejó entrever ayer, según informó EP, que la bonificación se retirará en términos generales, derivando en el respaldo a sectores aún afectados por el encarecimiento del combustible.

Más de 7.000 millones invertidos

 

22 concesionarias. La asociación de grandes firmas de infraestructuras Seopan estima que el sector concesional sostiene 7.300 millones de euros de inversión en carreteras españolas. Entre las 22 sociedades privadas que operan autopistas suman 3.900 millones en recursos propios aportados y financiación por otros 3.350 millones.

 

 

1.100 millones en ingresos. En 2021 se registraron 302,7 millones de pagos en cabinas de peaje. El 56% de los mismos fueron gestionados a través de sistemas de telepeaje. Al cierre de ese ejercicio, los ingresos superaron los 1.100 millones de euros, poco más de la mitad de los 2.000 millones en facturación que la red de autopistas obtuvo en 2007.

Peajes blandos. Las concesionarias ven una nueva oportunidad de negocio en la previsible implantación del pago por uso en vías de alta capacidad. El Gobierno, que ha comprometido esta reforma con Bruselas, está analizando distintas posibilidades.

Euroviñeta. En el sector se apuesta por una primera fase de cobro a través de la Euroviñeta y la posterior aplicación de peajes directos, para lo que sería necesaria la implantación de pórticos. Este último escenario no se avista antes del año 2026.