Transportes se aferra a evitar los peajes en autovías
El PP anticipa que basta con la fiscalidad del motor
“Como indicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en sus declaraciones públicas en relación con estas cuestiones [por la tarificación de las autovías], el Gobierno no se plantea aplicar a corto o medio plazo un sistema de cobro de peajes. Lo que se recoge desde hace tiempo es plantear un sistema justo de financiación de las carreteras y especialmente de las vías de alta capacidad, y se tendrá que estudiar la mejor alternativa para aplicarlo”. El Gobierno se ratifica con esta breve respuesta, registrada el 13 de febrero en el Congreso de los Diputados, en su decisión de no implantar el pago por uso en las vías de alta capacidad. Y ello, pese a la presión de las grandes firmas de infraestructuras agrupadas en Seopan y de la propia Comisión Europea, que vio incluida esta reforma en el Plan de Recuperación de abril de 2021, con el que España accedió a los fondos Next Generation.
La pregunta parlamentaria partió del diputado del Grupo Popular Andrés Lorite el 10 de enero. Pidió explicaciones sobre el “golpe de timón” en la estrategia del Ministerio de Transportes una vez que ha dejado de hablarse de peajes en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en Consejo de Ministros el 13 de diciembre. Ha pesado el contexto socioeconómico, sostuvo el Ejecutivo, pero la oposición quiere saber si también ha influido el año electoral.
El diputado Lorite subraya que el PP es contrario, en un momento de alta inflación, al pago por uso en las carreteras hoy gratuitas, pero muestra preocupación ante un posible incumplimiento con la CE que podría afectar a la recepción de fondos. También carga contra la falta de diálogo con los profesionales del transporte o con los grupos políticos. En su búsqueda de explicaciones, Lorite preguntó al Gobierno si existe algún tipo de iniciativa para evitar una sanción comunitaria.
Desde el PP se hace hincapié en que el automóvil y los carburantes ofrecieron casi 31.000 millones en ingresos fiscales en 2019, frente a los 1.300 millones en que se cifra la inversión anual necesaria en conservación y mantenimiento de la red estatal de carreteras. Se trata de recursos no finalistas, pero el titular del PP en la Comisión de Transportes del Congreso advierte que “la solución al problema del mantenimiento de carreteras no puede venir del establecimiento de tasas por uso unidas a los impuestos que ya se pagan”. Una declaración a tener en cuenta si hubiera próximo cambio de color en el Gobierno.
La breve respuesta que ha recibido el PP elude entrar en el fondo de la cuestión, aunque fuentes conocedoras de la situación hablan de contactos del Ejecutivo con Bruselas, a finales del pasado ejercicio, para explicar los retoques en la Ley de Movilidad, que habrían sido aceptados por la coyuntura económica.
Promesa difuminada
El Ejecutivo comprometió ante la CE el desarrollo de un sistema de pago por uso que “permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera, como sucede en el resto de infraestructuras”. Y se abundó en ello entre los hitos que perseguía la Ley de Movilidad Sostenible, incluida en el Componente 1 del Plan de Recuperación para su aprobación ante de que concluya este 2023.
El mecanismo recaudatorio debía estar operativo en 2024 bajo la premisa de “quien contamina paga” e incentivando el uso de tecnologías limpias. En este sentido, desde el PP se interpreta que el compromiso era firme, coincidiendo con la opinión de las operadoras de autopistas y constructoras. Y se pone el foco sobre la aprobación en primera lectura de la citada Ley de Movilidad Sostenible, en marzo del 2022, donde se incluye una disposición adicional que seguía apostando por un mecanismo de financiación para el mantenimiento.
El Ministerio, eso sí, matizaba y comenzaba a referirse a “un estudio de alternativas que analizará las distintas opciones viables”. El Gobierno hablaba también de la necesidad de un consenso social y político, además de la necesidad de ajustarse a “las circunstancias económicas”.
La ingeniería pública Ineco tiene encargo desde mayo de 2022 de elaborar el informe sobre los posibles modelos de financiación: tarificación, viñeta, nueva fiscalidad, etcétera. Pero la implantación se aleja cada vez más: ni PSOE ni PP están ahora por la labor.
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