Los acreedores de Celsa acusan a los Rubiralta de bloquear el rescate
Se compromenten a mantener en España los centros de decisión y producción
El grupo de acreedores de la siderúrgica catalana Celsa acusa a la familia Rubiralta, máximos accionistas de la firma, de bloquear el rescate de la empresaI. “Los intereses económicos de la familia Rubiralta son el único impedimento a un rescate de la SEPI”, indican en un comunicado remitido hoy por los tenedores de la mayor parte de la deuda de la empresa: 2.300 millones en dos emisiones jumbo y convertible.
La empresa está pendiente del rescate por parte de la SEPI, quien de hecho ya considera a la empresa elegible para la línea destinada a empresas estratégicas. Pero para desembolsar los fondos, unos 500 millones de euros, exige un pacto entre acreedores y empresa que rebaje la masa de la deuda en unos 1.000 millones de euros. Y el tiempo apremia, dado que el plazo para el rescate acaba a final de mes y, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, precisa de la luz verde del consejo asesor de la SEPI y de la aprobación de la Comisión Europea (en caso de que el rescate, como se prevé, supere los 250 millones). Aunque todas las partes están dispuestas a apurar plazos, la reestructuración de la deuda debe estar completamente cerrada.
La situación de Celsa, con 7.000 empleos en España, ocupó de hecho parte del encuentro celebrado este lunes en Barcelona entre la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró. El viernes el presidente catalán, Pere Aragonès, ya salió en defensa de la continuidad industrial del grupo.
Los acreedores -Goldman Sachs y Deutsche Bank y los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVP Global- lanzaron el viernes una nuvea propuesta, según la cual aceptaban una quita de la deuda en 630 millones. En relación a propuestas anteriores, los acreedores han renunciado a entrar en el capital, una opción que la familia Rubiralta siempre había rechazado. Pero proponen, en su lugar, asegurarse los primeros 550 millones de resultados operativo que obtenga la empresa (una vez devueltas las ayudas públicas) y, después, el 49% del valor generado hasta 2029. “La única diferencia entre las posiciones de la compañía y los acreedores es el reparto”, explican.
La familia, por su parte, ha acusado a los fondos de adquirir la deuda a precio de derribo. Su última propuesta pasa por una quita de 1.300 millones y usar la inyección de la SEPI más 50 millones aportados por los propios Rubiralta para dejar la deuda en 660 millones. Los acreedores serían compensados con un nuevo instrumento por 400 millones, como un “bonus adicional” que los fondos podrán cobrar de la compañía en siete años.
Ratifican, en todo caso su compromiso con la empresa y con el mantenimiento en España tanto el centro de decisión de Celsa como de las plantas industriales: “Los fondos no han contemplado ni tienen previsto contemplar en ningún caso exigir la posibilidad de la más mínima deslocalización. De igual manera, los fondos acreedores están comprometidos con el empleo y las condiciones laborales en todos los centros productivos” de la empresa.