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Los acreedores de Celsa buscan una solución española que aplaque los recelos del Gobierno

Los fondos negocian la venta de la siderúrgica a un inversor nacional e industrial

Álvaro Bayón
Celsa
Una imagen de una planta de Celsa.CELSA GROUP (CELSA GROUP)

Los fondos acreedores de Celsa pasan a la siguiente pantalla en su pugna con los Rubiralta, los accionistas de la siderúrgica catalana. Aguardan una pronta decisión del juzgado que les permita convalidar su plan de rescate del grupo y tomar su capital. Mientras, tratan de armar una solución que blinde la españolidad del grupo y aplaque los recelos del Gobierno de que un grupo estratégico acabe en manos de fondos oportunistas. Para ello negocian con un inversor nacional de pedrigrí a quien vender una participación mayoritaria de la compañía, según indican fuentes financieras.

La enconada batalla que libran los acreedores de Celsa y sus accionistas, la familia Rubiralta, entra en su capítulo final. La compañía arrastra una abultada deuda, de unos 3.500 millones, que data de una agresiva campaña de crecimiento con adquisiciones de antes de la crisis financiera. Desde entonces, la empresa acumula más de 15 reestructuraciones de su pasivo, que ha dejado de estar en manos de los bancos españoles para pasar a fondos de deuda, que la adquirieron a precio de derribo.

Estos acreedores y la empresa llevan meses negociando y las posiciones no pueden estar más alejadas. Los catalanes se negaban a ceder ni una acción de la siderúrgica y, en cambio, solicitaban una quita de 1.000 millones sin contrapartidas. Los acreedores –capitaneados por los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs y los fondos Anchorage, Capital Group y Attestor Capital, entre otros– dieron un golpe en la mesa y en el primer día de la nueva ley concursal invocaron la norma.

Presentaron un plan de reestructuración que solicitaba convertir parte de la deuda en el 100% del capital y, si el juez lo permite, obligar a los accionistas a ceder sus títulos, una de las principales novedades que introduce la ley. Ante este órdago, los Rubiralta reaccionaron y cedieron. Su última propuesta pasa por ceder hasta el 49% del capital a cambio de la quita de 1.000 millones o crear un vehículo en Luxemburgo para transferir los beneficios futuros.

Esto no es suficiente para los acreedores, que ya planean el futuro de Celsa en sus manos. Para ello aguardan el visto bueno del juez primero y, después, salvar el gran escollo que afrontan, la posibilidad de que el Consejo de Ministros bloquee la operación esgrimiendo el escudo antiopas.

La españolidad de las empresas ha sido un tema clave para el Gobierno en los últimos años que ha tomado especial relevancia tras la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. El Ejecutivo ha extendido hasta finales de 2024 la obligación de los inversores de fuera de la UE de solicitar autorización al consejo de Ministros de para la toma de más de un 10% en empresas estratégicas. Si bien no está claro si la operación de toma de Celsa, auspiciada por la ley concursal, esté obligada a solicitar la autorización del Gobierno y dentro de los acreedores hay varios comunitarios (para los que la norma solo se aplica en las cotizadas) como Deutsche Bank que están fuera, estos temen que sea una barrera que termine por favorecer a los Rubiralta e inclinar de su lado la balanza.

El Ejecutivo ha trasladado a los fondos sus líneas rojas: no permitirán que una empresa clave y estratégica acabe en manos de fondos extranjeros con el objetivo tan solo de obtener una alta rentabilidad. Por ello, los fondos buscan una negociación que levante las suspicacias. Uno de los argumentos es reforzar el carácter español de su plan para Celsa. Prevén acudir a Moncloa de la mano de un inversor español de postín. Por tanto, y según indican fuentes financieras a este periódico, ya han iniciado un proceso para buscar un comprador nacional que adquiera una participación mayoritaria a los fondos. La idea es seleccionar a un grupo industrial español, con experiencia en el sector, que no solo avale la españolidad de la nueva Celsa, sino que también aporte el conocimiento del sector y de la gestión de la empresa que los fondos, especializados en operaciones puramente financieras, carecen. Los acreedores están dispuestos a realizar más concesiones. Por ejemplo, comprometerse con mantener la sede social y la producción en España y no tocar a sus 7.000 empleados.

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Sobre la firma

Álvaro Bayón
Redactor de la sección de empresas especializado en operaciones corporativas, banca de inversión y capital riesgo. Graduado en Estudios Hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Periodismo UAM-El País, ha desarrollado toda su carrera en Cinco Días, donde trabaja desde 2016.

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