Estabilidad y salarios ‘salvan’ la profesión de auditor en la Administración pública
Hacienda no ve peligrar el relevo generacional pese a las vacantes que no se cubren
Frente a la preocupación que impera en el sector privado sobre una caída de las vocaciones de auditor, la Administración pública parece tener garantizado el relevo generacional de los cuerpos superiores y técnicos de auditores e interventores.
Después de los peores años de la crisis de 2008, en los que la oferta de empleo público se mantuvo congelada, las convocatorias de plazas efectuadas por el Ministerio de Hacienda, de quien depende la Intervención General del Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Seguridad Social han vuelto a ser anuales y, pese a que no se cubren todas las vacantes, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero aseguran que continúan llegando “un elevado número de solicitudes por plaza”.
“En las últimas tres convocatorias a los cuerpos de interventores y auditores, con 19 plazas de media, el número de solicitudes presentadas ha superado las 83″. Ese volumen de aspirantes se mantiene de esa forma estable “y permite tener una cantera suficiente para poder garantizar el relevo generacional”, afirman las mismas fuentes. Así, en la actualidad, el número de auditores e interventores en activo dependientes de la Administración General del Estado, otras administraciones y en servicios especiales ascienden a 1.262.
¿Qué explica entonces que en el sector privado las empresas teman no poder disponer de los suficientes profesionales a corto plazo y que en el sector público no exista tanta preocupación? Todas las fuentes consultadas coinciden en que ambos ámbitos ofrecen una carrera profesional distinta, por lo que establecer ciertos paralelismos es injusto. Pero lo cierto es que dos factores parecen pesar entre los nuevos titulados a la hora de decidir si van a preparar una oposición o la mejor opción es desarrollar su carrera en la empresa privada: estabilidad y salarios, y, además, por ese orden.
Según los datos facilitados por Hacienda, los salarios promedios de los auditores e interventores cuando acceden a su plaza en la Administración oscilan entre los 65.000 y los 74.000 euros brutos anuales. En el ámbito privado esa horquilla es mucho más amplia. Fuentes de las principales auditoras del país coinciden en que para llegar a esos 65.000 euros es necesario disponer de una experiencia previa de varios años; mientras que si se logra alcanzar puestos de dirección o ser socio de auditoría de una multinacional se superarán los 74.000 euros con creces.
Calidad de vida
Así, salvando todas las distancias y aunque, a priori, la diferencia salarial pudiera parecer determinante, lo cierto es que la estabilidad es el factor clave, según todos los expertos consultados.
“Contar con la estabilidad que da una plaza en la Administración es ahora lo más valorado. Porque en el sector público la responsabilidad del auditor es también muy elevada y del mismo modo hay picos de trabajo muy duros para poder cumplir con los exigentes calendarios de rendición de cuentas que tienen las administraciones y organismos públicos, como en el sector privado, pero la calidad de vida, en términos generales, es mayor y eso es lo más buscado, sobre todo, por las nuevas generaciones”, subrayan desde el sector público.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas viene desplegando en los últimos años los esfuerzos necesarios para asegurar el relevo generacional. Sus plantillas de expertos en auditoría y control externo se han mantenido relativamente estables en los últimos 10 años. Por ello, al menos hasta ahora, la institución no ha sufrido con la misma intensidad el impacto del descenso en el número de expertos en labores de auditoría y control de cuentas que se experimenta en otros ámbitos. El número de efectivos del Cuerpo Superior de Auditores se ha incrementado un 30%, al pasar de 42 a 55; mientras el del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo se ha reducido en casi un 6% (el 5,8%), al pasar de 240 efectivos en 2014 a 226 este año.
Fuentes de esta institución admiten que están procurando que las convocatorias de las ofertas de empleo público consoliden una periodicidad anual, a fin de asegurar la adecuada reposición de funcionarios especializados en auditoría. “Si bien es cierto que no se cubren la totalidad de las plazas convocadas, debido a la elevada especialización de estos cuerpos, a partir de 2020 se ha venido promoviendo una mayor difusión y conocimiento del tribunal, lo que ha propiciado que, en la convocatoria de 2021, el porcentaje de aprobados se haya acercado al número de plazas convocadas, tanto en el caso de los auditores, como en el de los técnicos de auditoría”, explican las mencionadas fuentes. Así, se está apostando por difundir y dar a conocer las posibilidades que brinda el Tribunal de Cuentas para el desarrollo profesional de los nuevos auditores. Al tiempo, reconocen que en los últimos tiempos se está detectando cómo algunos auditores que han empezado su carrera en el sector privado reorientan su desarrollo profesional a la realización de oposiciones a esta institución.
Como en el caso del ROAC, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuyo examen de acceso para quienes deseen desarrollar la profesión en la empresa privada se está remodelando para hacerlo más atractivo a las nuevas generaciones, en el caso de las oposiciones a la Administración hay quienes están planteando su simplificación.
Sin embargo, son mayoría las voces que consideran que la solución “no debería pasar nunca por reducir los niveles de acceso. Creemos que hay que apostar por incrementar la frecuencia de las convocatorias y mejorar el diseño de los exámenes. A veces la forma en que estos se plantean deja fuera a profesionales que realmente están preparados, pero que no lo están para enfrentarse al formato en el que están diseñadas las pruebas”, admiten fuentes del sector.
Avances en la colaboración público-privada
Licitaciones. Una de las vías tradicionales por las que se ha intentado suplir la falta de efectivos expertos en auditoría en la Administración ha sido la licitación de contratos para que auditores privados realicen, coordinados con los interventores, el control de cuentas. Desde el Registro de Economistas Auditores (REA), su presidente, Emilio Álvarez, asegura que se debería avanzar en esta colaboración público-privada, ya que para los pequeños ayuntamientos es la única forma de poder cumplir con la obligación de tener sus cuentas auditadas.
Solvencia técnica. “El problema es que en demasiadas ocasiones dichos concursos dan más relevancia al importe económico que a la solvencia técnica del despacho de auditoría que presenta su oferta, y debería estar más equilibrado”, defiende Álvarez.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días