Banca y fondos piden incluir en la ley de vivienda la cesión de 25.000 alquileres sociales
Los grandes propietarios proponen un arriendo a 25 años con un coste de 2.300 millones
Los grandes propietarios residenciales quieren que su propuesta de cesión de entre 20.000 y 25.000 casas para alquiler social se incluya en la ley de vivienda que el Congreso tendría que refrendar antes de que finalice la legislatura. El Gobierno de Pedro Sánchez fue el que habló el pasado año de que estos fondos y bancos deberían traspasar alrededor de 30.000 viviendas, pero las partes no han avanzado en las negociaciones a pesar de que el sector privado hizo llegar su plan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) hace unos meses.
Entre los fondos y bancos que estarían dispuestos a sumarse a esa iniciativa se encuentran Blackstone, Lone Star, Cerberus, Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell, que son las entidades privadas con más viviendas disponibles, en su mayor parte procedentes de adjudicados bancarios, según explican las fuentes consultadas.
Los grandes propietarios quieren una garantía estatal para ceder esas viviendas, aunque los subarriendos recaerían en comunidades autónomas (que tienen las competencias de vivienda) y ayuntamientos de grandes urbes. Por eso, para obtener garantía de cobro a largo plazo, insisten en que se incluya en la ley de vivienda, probablemente como una disposición adicional. El mecanismo consistiría en concursos en los que los grandes propietarios pondrían a disposición, cada uno de ellos, un número de viviendas para familias vulnerables a 25 años.
La clave para estas entidades es que el acuerdo se centralice por parte del Gobierno y las rentas de alquileres a 25 años estén garantizadas como deuda del Estado.
Esa cifra supone alrededor de 2.300 millones de euros como deuda para Hacienda, un cálculo que proviene de un coste de 90 millones aproximadamente en alquileres durante 25 años. Aunque, en realidad, ese gasto para las Administraciones podría ser mucho menor, ya que quien paga las rentas son las familias que disfruten del alquiler social. Ese aval estatal serviría en caso de morosidad.
Esa disposición en la ley de vivienda también debería incluir, según la propuesta, el derecho de subarriendo para comunidades autónomas e incluso ayuntamientos de grandes urbes. Cada administración, de esa forma, podría definir qué población considera vulnerable para beneficiarse de estos arrendamientos.
Respecto a los precios, la propuesta incide en ceder esas residencias a una renta que se sitúe un 20% por debajo del Índice de Alquiler de Vivienda del Mitma, lo que según estos propietarios supone una rebaja de entre un 30% y un 40% por debajo del precio de mercado en zonas tensionadas.
Los beneficiarios serán los hogares que cada administración considere, incluso familias que hayan okupado esos pisos y estén dentro de los parámetros de vulnerabilidad. Por eso, estos propietarios ofrecen un reset o comenzar de cero con esas tomas ilegales de vivienda, legalizando esas situaciones.
Pero, a cambio, y para evitar un efecto llamada, exigen al Gobierno que en paralelo endurezcan las penas para el delito de usurpación u okupación, ya que estos grandes propietarios están especialmente perjudicados por esta situación en Cataluña.
La propuesta ha sido presentada al Ejecutivo por Asval (Asociación de propietarios de viviendas en alquiler), que preside el exministro socialista Joan Clos. Concretamente, el conocedor del plan es David Lucas, secretario de Estado del Mitma, quien hasta febrero era director general de Vivienda.
El mayor problema del Ejecutivo para llegar a un acuerdo es el socio de coalición Unidas Podemos, reacio a esta negociación. Aunque el Gobierno progresista podría vender electoralmente que ha conseguido doblegar a banca y fondos con la cesión de esas casi 30.000 viviendas.
No es el único escollo. La nueva norma es un compromiso político que se ha atragantado a los socios de coalición. El Consejo de Ministros dio luz verde en febrero del año pasado a esta Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Actualmente, está inmersa en la negociación en el Congreso a la espera de que el Gobierno y sus socios pacten enmiendas.
En 2021, el Ejecutivo aumentó de 20.000 a 100.000 unidades el objetivo de crear un parque público de vivienda asequible. Actualmente, el Mitma trabaja con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en desarrollar parcelas para 17.000 casas y con Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en la cesión de viviendas sociales.
Los grandes propietarios ya anunciaron el pasado año que estaban dispuestos a ceder esas 30.000 casas reclamadas por el Gobierno. El número de 25.000 obedece ahora a que estas empresas han ido reduciendo sus carteras en los últimos meses a través de ventas.
Las claves de la propuesta
Ley. Los grandes propietarios reclaman centralizar la negociación con el Gobierno (aunque las competencias sean autonómicas) y que la cesión se incluya en la nueva ley de vivienda.
Aval. Solicitan que las rentas estén garantizadas por el Estado, bien podría ser el Tesoro Público, a 25 años. La cifra supone alrededor de 2.300 millones, que debería computarse como deuda del Estado a largo plazo.
Precios. Las rentas serán abonadas por las familias vulnerables beneficiarias de las casas. El importe estará un 20% por debajo del Índice de Precios de Alquiler del Mitma.
Concurso. Cada gran propietario interesado debería presentar su plica con el número de viviendas a ceder. Estas casas proceden de adjudicados bancarios, que permanecen en manos de la banca o han sido compradas por fondos en grandes carteras inmobiliarias.
Administración. El derecho de subarriendo corresponde a las autonomías, encargadas de fijar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios.
Okupación. Los actuales okupas que cumplan esos requisitos podrían beneficiarse del alquiler social, a cambio de que el Gobierno endurezca este delito.
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