Inmobiliario

Los grandes propietarios están dispuestos a ceder al Gobierno 30.000 viviendas para alquiler social

Proponen un alquiler a 25 años con un precio en un 20% por debajo de mercado

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los grandes propietarios residenciales están dispuestos a ceder una parte relevante de su cartera de viviendas para destinarla al alquiler asequible. Eduard Mendiluce, CEO de los servicers inmobiliarios de Blackstone Anticipa y Aliseda y en nombre de la asociación empresarial Asval, afirmó este miércoles que los grandes tenedores están a favor de llegar a un acuerdo de colaboración público-privada con el Gobierno para poner a disposición 30.000 viviendas sociales. Así lo manifestó en ayer en la jornada anual del Club Inmobiliario de la escuela de negocios Esade.

Desde Asval se solicita que el acuerdo sea con la Administración central y no con las comunidades autónomas, lo que dotaría al acuerdo de mayor seguridad jurídica. La propuesta de los grandes propietarios pasa por un alquiler a 25 años con un precio por debajo de mercado un 20%. El perfil del inquilino para acceder a estos arrendamientos correspondería al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Mendiluce explicó que el planteamiento propuesto pasa por una cesión durante 25 años al Estado, que se convierte en arrendatario y otorga al propietario que cede la vivienda un horizonte temporal que permite visibilidad y certeza en el largo plazo. En contrapartida, los precios se situarán un 20% por debajo del precio de mercado, lo que permitirá que familias en situaciones más vulnerables tengan una capacidad de acceso. “En definitiva, el sector privado y el público deben sentarse para buscar juntos modelos que sean eficaces y escalables”, afirmó el directivo. Asval es una asociación de propietarios de vivienda y que tiene a Joan Clos, exalcalde de Barcelona, como presidente.

En esta cesión, podrán incluirse viviendas vacías, pero también ocupadas cuando haya criterios de vulnerabilidad, según la propuesta de los propietarios, para tratar de regularizar viviendas ocupadas ilegalmente.

Desde la cartera que dirige Raquel Sánchez explican que el proceso está todavía en fase de análisis.

Fue el Gobierno el que habló en sus planes de que los grandes propietarios deberían ceder 30.000 casas para alquiler. Habrá que ver cómo se estructura esta propuesta, pero previsiblemente sea a través de alguna convocatoria pública a la que puedan optar estos caseros.

Por su parte, Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Mitma, indicó que deberían ser más de 30.000 viviendas." Estamos trabajando en ello, poniendo sobre la mesa instrumentos para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias, porque al final la competencia de vivienda es de las comunidades autónomas".

El Mitma lleva trabajando desde hace cerca de dos años para nutrir el mercado del alquiler asequible en España con 100.000 nuevas viviendas durante la legislatura. La cifra, que multiplica por cinco el objetivo inicial del Ejecutivo, es el resultado de sumar los inmuebles del Plan 20.000 con la movilización proveniente de la Sareb y el sector bancario, por un lado, y la de los grandes propietarios y fondos con los que negocia el Gobierno, por otro. En esta cuenta también entrarían las casas construidas con cargo al fondo de recuperación europeo.

Según los cálculos de la cartera de Raquel Sánchez, el parque de vivienda social del ministerio rondará las 44.000 viviendas, mientras que unas 56.000 procederán de la colaboración público-privada. Es aquí donde entrarían las viviendas de los grandes propietarios.

En lo relativo a la colaboración público-privada (las 56.000 casas), unas 11.000 vendrían del fondo social de vivienda acordado entre el Gobierno y la banca. En paralelo, la gestión de otras 15.000 viviendas está transmitiéndose a las entidades regionales y locales para su alquiler social.

Por último, las negociaciones entre el Gobierno y los grandes tenedores de vivienda, entre los que se encuentran fondos, gestoras y promotoras, servirán para que los propietarios pongan a disposición del plan un porcentaje significativo de su parque de vivienda para el alquiler asequible y social, que el Ministerio estimó hace algo más de un año en 30.000 viviendas.

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