Juan Carlos Estévez: “Es lamentable que los procuradores sigamos con un arancel de hace 20 años”
“Insistiremos al nuevo ministro de Justicia para convertirnos en agentes de ejecución”
Juan Carlos Estévez lleva más de dos décadas al timón del barco de los procuradores españoles, un colectivo de unos 10.000 profesionales cuya labor es clave para el buen funcionamiento de la justicia al ser los representantes legales de los ciudadanos ante los tribunales. CincoDías entrevista al presidente del Consejo General de los Procuradores de España con ocasión del XV Congreso celebrado en Granada. Un cónclave en el que se ha fijado rumbo ante los retos de estos próximos cuatro años. El panorama encierra desafíos tecnológicos y problemas de toda la vida para los Estévez sigue reivincidando “un pacto de Estado por la Justicia”.
Pregunta. ¿Qué relevancia tienen estos encuentros para el colectivo?
Repuesta. Los congresos permiten que los compañeros de toda España nos reunamos y podamos intercambiar opiniones sobre el presente y futuro de la profesión. Conocer de primera mano lo que piensan los compañeros sobre dónde estamos, a dónde queremos ir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que está claro es queremos seguir siendo punteros en las tecnologías. El reto ya no es el de las comunicaciones telemáticas, ya estamos en otros escenarios, entre ellos y fundamentalmente el de la inteligencia artificial.
P. ¿Cómo puede beneficiar la inteligencia artificial a los ciudadanos ante la justicia?
R. Partiendo de que las tecnologías son una herramienta, no son un fin en sí mismo, creo que benefician a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la justicia española. Hace ya más de 30 años, cuando las tecnologías empezaron a venir de una manera inevitable, los augurios para mi profesión eran muy negros. Pero supimos ser pioneros y abanderados en su uso, de manera que no solamente no acabaron con la procura, sino que han sido nuestro máximo protector.
P.Algunos justiciables no disponen de medios digitales. ¿Cómo pueden garantizar los procuradores que tendrán el mismo trato ante los tribunales?
R. Es que precisamente esa es nuestra función, nuestro papel. Justo ahí es donde estamos nosotros. Nosotros, en definitiva, somos el representante legal del justiciable ante los tribunales, y lo que hacemos es suplir su presencia diaria en el tribunal.
P. ¿Cuánto cobra un procurador?
R. Son unos precios muy moderados. Aproximadamente, un procurador cobra alrededor del 10% de lo que cobra el abogado en ese mismo pleito. Cobramos poco, no encarecemos el proceso.
P. En mayo de 2022 se modificó por decreto el arancel que cobran por su trabajo, elimando las cantidades mínimas para convertirlo en un arancel de máximos. ¿Se ha notado una bajada de precios?
R. La bajada de precios venía produciéndose reiteradamente desde hace mucho tiempo. Creo que el real decreto no ha afectado en este sentido. Lo que sí es muy de lamentar es que con el real decreto no haya venido un nuevo arancel, que está en tramitación, pero que no acabamos de verlo. Llevamos con el mismo arancel 20 años. En ese tiempo, el IPC ha subido casi un 50%. Además, se ha transformado en un arancel de máximos, o sea, que no es lo que tenemos que cobrar, sino que es el máximo que podemos cobrar. Esta situación está produciendo un grave deterioro en la economía de muchos despachos de procuradores, y quienes más lo sufren son los más pequeños y débiles.
P. ¿Cuáles son las claves del proyecto del nuevo arancel y por qué la tardanza en su aprobación?
R. El ministerio nos ha dado audiencia y está pendiente del informe del Consejo de Estado. No sabemos cuándo se pronunciará, pero es posible también que todo se paralice por la situación política. El nuevo arancel es mucho más simple que el vigente, es decir, más sencillo para la ciudadanía. Recoge una serie de procesos y trámites judiciales que son posteriores a la regulación vigente y actualiza de alguna manera las cantidades a percibir, pero siempre bajo la premisa de que son cuantías máximas.
P. El adelanto de las elecciones en julio motivó que decayesen varios proyectos normativos. Entre ellos, la ley de eficiencia organizativa que les daba más papel en la ejecución de sentencias. ¿Siguen aspirando a convertirse en agentes de ejecución?
R. Es una vieja reivindicación de la profesión de la que hemos ido consiguiendo etapas. Hemos logrado realizar actos de comunicación y ahora nos falta la ejecución para estar al nivel de los agentes europeos y mundiales. En España, la fase declarativa de los procesos civiles es comparativamente muy buena en calidad y celeridad, pero bajamos puestos escandalosamente en los tiempos de ejecución de las resoluciones. En los países donde esa labor se realiza por profesionales liberales, como son los agentes de ejecución, funciona muy bien. Eso ya estaba en la ponencia de la ley, estaba pactado. No le quepa la menor duda de que, en cuanto haya Gobierno, vamos a volver a insistir al Ministerio de Justicia.
P. ¿Qué es lo más preocupante de la situación actual de la Administración de Justicia?
R. Creo que el modelo de la justicia española está obsoleto. Hay que ir a una justicia más moderna, empezando por la planta y demarcación y terminando por la colaboración de los profesionales liberales cercanos. Hay que evitar una justicia de primera y segunda según el sitio de residencia. Transversalmente, hay una aspiración compartida por todos los que trabajamos en este ámbito: el pacto de Estado por la Justicia.