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La Abogacía aprueba el cambio tecnológico para utilizar el certificado de la abogacía (ACA) en la nube, sin necesidad de tarjeta

La Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA) permite a los colegiados identificarse como tales en Internet y acceder a Lexnet, así como al resto de servicios específicos para ejercer la profesión

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado en su reunión celebrada este miércoles la adjudicación del contrato que hará posible el cambio tecnológico de la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA). El servicio ACA trasladará sus funcionalidades a la nube, lo que evitará tener que seguir utilizando la tarjeta colegial dotada de un chip, así como un lector externo. La transformación la llevará a cabo la empresa SIA, filial del grupo INDRA, que tendrá un plazo de 6 meses para ejecutar el proyecto.

El cambio, según señalan desde el CGAE, no supondrá la supresión de las actuales tarjetas criptográficas colegiales dotadas de chip, sino que se ofrecerá a los colegiados la opción de continuar utilizándolas e incluso compatibilizarlas con el nuevo certificado en la nube. Ambas opciones, aseguran, permitirán al abogado seguir realizando la única firma reconocida legalmente como equivalente a la firma manuscrita, también conocida como 'firma electrónica cualificada'.

El proyecto de migración de la certificación digital de la Abogacía a la nube se extenderá a lo largo de varios años, durante los cuales, según indican desde el CGAE, producirán sustanciales ahorros tanto en el mantenimiento del sistema como los derivados de dejar de emitir las tarjetas con microchips y sus correspondientes lectores.

La Autoridad de Certificación de la Abogacía se creó en 2003, constituyéndose como prestador de servicios cualificados, y se extendió con rapidez entre los profesionales. En la actualidad, más de 120.000 abogados y abogadas lo utilizan cotidianamente en su ejercicio online.

El Consejo General comenzó a trabajar en este proyecto en 2022. El concurso de ofertas recibió la propuesta de seis compañías que cumplían con todos los requisitos establecidos en el pliego. Tras un análisis técnico, jurídico y económico, el Pleno ha optado finalmente por la oferta de SIA, que ofrece una solución tecnológica completa como servicio.

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