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Tribuna
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'Greenwashing': qué es el reglamento de divulgación de información sobre sostenibilidad y qué impacto tiene en el sector inmobiliario

El próximo viernes 30 de junio es la fecha límite para hacer la primera declaración sobre las incidencias adversas sufridas en 2022

Proyecto de Vicente Guallart en China, 'La ciudad autosuficiente'.
Proyecto de Vicente Guallart en China, 'La ciudad autosuficiente'.

Resulta difícil mantenerse al corriente de las tendencias en materia de promoción de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) y entender la jerga plagada de anglicismos que usan los expertos. En este artículo vamos a explicar el significado del SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) y sus implicaciones en el sector inmobiliario.

El SFDR es el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, que impone la revelación del grado de cumplimiento de las obligaciones de ASG de los participantes en los mercados financieros y de los asesores financieros (por ejemplo, entidades de crédito, aseguradoras, fondos de pensiones, gestores de fondos y compañías que prestan servicios de inversión). También conocido como Reglamento de Divulgación, pone de manifiesto el compromiso de los estados miembros de la Unión Europea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

El próximo viernes 30 de junio es la fecha límite para hacer la primera declaración sobre las incidencias adversas de sostenibilidad sufridas durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y deberá repetirse con carácter anual.

Hasta ahora, era muy complicado medir el grado de observancia de los factores ASG, a pesar de ser una materia lo suficientemente importante para ser abordada con cierta metodología. Recordemos que el concepto de ASG cubre aspectos tan amplios y diversos como la preservación del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y laborales, la promoción de la igualdad de género y la justicia social y la lucha contra la corrupción, entre otros.

Pues bien, el Reglamento de Divulgación es una herramienta de homogeneización de los criterios de medición de sostenibilidad, muy necesaria para salvaguardar la competencia leal y evitar las trampas y el maquillaje, conocidos como ecoblanqueo o greenwashing,que tiene como objetivo dotar a los inversores de la capacidad de tomar decisiones informadas y de comparar las alternativas de inversión sin distorsiones.

Para ello, propone un amplio listado de indicadores que permiten evaluar los principales impactos adversos sobre la sostenibilidad (PIAs) como la emisión de gases de efecto invernadero, las emisiones al agua, el número de países receptores de la inversión sujetos a infracciones sociales o las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Además, obliga a los participantes en los mercados financieros y a los asesores financieros a publicar en sus páginas web una declaración relativa a los PIAs de sus inversiones, sus objetivos de sostenibilidad, las acciones que van a desarrollar para cumplirlos y los mecanismos de monitorización que van a implementar para comprobar su consecución. De este modo, el que afirme ser sostenible, deberá demostrarlo con datos objetivos.

De acuerdo con el programa de la ONU para el medio ambiente, los inmuebles representan casi el 40% del total de las emisiones de carbono y el 36% del uso final de energía en todo el mundo. En consecuencia, tiene sentido que dos de los PIAs estén directamente relacionados con el sector inmobiliario: la exposición a los combustibles fósiles a través de activos inmobiliarios, es decir, la cuota de inversión en inmuebles relacionados con la extracción, fabricación, almacenamiento y transporte de este tipo de combustibles; y la exposición a activos inmobiliarios energéticamente ineficientes.

Si bien es cierto que son los fondos de inversión inmobiliaria y los asset managers los que deben hacer la declaración relativa a los PIAs de sus inversiones, esta regulación impacta a toda la cadena inmobiliaria, desde el proveedor de materiales hasta el promotor, pasando por el property manager.

Por lo tanto, el SFDR repercute ya en las estrategias de los actores inmobiliarios, así como en el precio de los inmuebles y, con toda probabilidad, su influencia irá creciendo, impulsando la demanda de inmuebles con certificados de sostenibilidad y objeto de green leases o arrendamientos verdes, que son aquellos que incentivan tanto a los arrendadores como a los arrendatarios a mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

Para sorpresa de muchos, son las propias entidades las que clasifican sus productos dentro de las categorías previstas en el Reglamento de Divulgación. Hasta la fecha no se han aplicado sanciones por incumplir los criterios establecidos, pero lo más probable es que la normativa evolucione y contemple penalizaciones.

En definitiva, el SFDR supone un empujón para la integración de la evaluación de las principales incidencias adversas sobre la sostenibilidad en los procesos de toma de decisiones de inversión y para la transformación de las estructuras económicas. Esperemos que genere beneficios que trasciendan los mercados financieros convirtiendo el planeta un lugar más seguro y promoviendo una sociedad más justa.

Alejandra Romero, asociada Senior del Departamento de Inmobiliario de Herbert Smith Freehills.

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