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La abogacía se conjura para sortear nuevos retos en su congreso nacional

Cerca de 1.500 letrados se dieron cita en Tarragona. Las conclusiones se remitirán al Congreso para perfeccionar la ley del derecho de defensa

De izq. a der. Estela Martín, decana del Colegio de la Abogacía de Tarragona; Marta Martínez, decana de Tortosa; Pere Granados, alcalde de Salou; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Pilar Llop, ministra de Justicia; Gemma Ubasart, consellera de Justícia de la Generalitat de Cataluña; Mª Encarnación Orduna, decana de Reus y Santiago Castellà, subdelegado del Gobierno en Tarragona.
De izq. a der. Estela Martín, decana del Colegio de la Abogacía de Tarragona; Marta Martínez, decana de Tortosa; Pere Granados, alcalde de Salou; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Pilar Llop, ministra de Justicia; Gemma Ubasart, consellera de Justícia de la Generalitat de Cataluña; Mª Encarnación Orduna, decana de Reus y Santiago Castellà, subdelegado del Gobierno en Tarragona.Alberto Carrasco (CGAE)

La semana pasada tuvo lugar el XIII Congreso Nacional de la Abogacía. Cerca de 1.500 letrados abordaron en el centro de convenciones de Port Aventura (Tarragona) los retos a los que se enfrenta la profesión en un cónclave con formato deliberativo. Esta cita ha coincidido con un momento de gran tensión en la justicia. La paralización de miles de asuntos en los tribunales, primero por la irrupción del coronavirus y luego por las huelgas consecutivas de letrados y funcionarios judiciales, ha afectado de forma significativa al colectivo. La ministra del ramo, Pilar Llop, aseguró en la inauguración del evento que su departamento, en plena negociación con jueces y fiscales por sus condiciones salariales, estaba afrontando “huelgas y otros problemas” con “escucha y diálogo”.

La cultura del acuerdo, lema del congreso, vertebró el conjunto de ponencias y sesiones formativas del encuentro, que también contó con una feria tecnológica. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, afirmó sobre la cita: “Estamos ante un momento histórico para pensar juntos”.

Durante el congreso, el pleno del Consejo aprobó un comunicado con un llamamiento a los poderes públicos para acometer un pacto de Estado por la justicia. “El deterioro de su funcionamiento y de su imagen institucional resulta evidente, encontrándonos en una situación crítica que está provocando una grave afección a la ciudadanía”, señalaron los decanos de los colegios de la abogacía de España.

Una petición a la que se sumó uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca. El abogado y expolítico defendió en una sesión plenaria el papel fundamental de los letrados en el Estado de derecho. “Es evidente que la situación requiere un pacto de Estado, en el que estamos dispuestos a aportar y opinar; el acuerdo es nuestro escenario”.

El congreso finalizó con la aprobación de un paquete de propuestas de enmiendas al proyecto de ley del derecho de defensa que se remitirá al Congreso de los Diputados para reforzar la presunción de inocencia, el secreto profesional o fijar criterios de honorarios para que los justiciables puedan conocer el posible coste de emprender acciones judiciales. Con el avance de la inteligencia artificial, también se votó la necesidad de regular su uso en la prestación de servicios jurídicos.

Borja Adsuara, abogado y doctor en Filosofía del Derecho.
Borja Adsuara, abogado y doctor en Filosofía del Derecho. CGAE

“La inteligencia es la capacidad de leer entre líneas, y eso no lo hace ChatGPT”

“Transformador generativo preentrenado”, así comenzó Borja Adsuara a explicar qué significan las letras GPT de este chat entrenado por seres humanos para que después de muchas conversaciones interprete la respuesta más adecuada a las preguntas que los usuarios le formulan. En una ponencia sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la profesión, el especialista en derecho digital afirmó que el ChatGPT “no va a sustituir a los abogados”, aunque este tipo de tecnología sí “puede ayudar en la automatización de procesos, toma de decisiones, redacción legal o en la coherencia de las decisiones judiciales”. Aunque de momento comete algunos fallos y “se recomienda no confiar plenamente” en el ChatGPT, Adsuara aseguró que las mejoras lo van a convertir en un sistema experto. “Va a aprender más rápido que mis alumnos de primero”. No obstante, la inteligencia también es “la capacidad de leer entre líneas”, dijo Adsuara, refiriéndose a la procedencia etimológica del término, “y eso no lo hace ChatGPT”.

Rosa María Virolés Piñol, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Rosa María Virolés Piñol, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.CGAE

“La normativa laboral quiere combatir la brecha de género en el trabajo”

La presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Rosa María Virolés Piñol, repasó en una de las sesiones de formación los conflictos más habituales por la aplicación de la normativa sobre el control horario de la jornada y el derecho a la desconexión de los trabajadores. La magistrada señaló que las leyes recientes tienen como finalidad principal combatir la brecha de género laboral. En concreto, con la imposición de llevanza de un registro salarial. Las diferencias suelen estar, observó, “en la antigüedad y en la modalidad de contrato”. Sin embargo, resaltó, la ley solo impone control cuando la desigualdad “es mayor del 25%”. Sobre las consecuencias legales de pagar menos salario por igual trabajo, la jueza subrayó que no solo se queda en el abono de la diferencia salarial. Si hay vulneración de derecho fundamental, “la trabajadora puede pedir una indemnización y pago del daño moral”. Por otro lado, recordó Virolés, el registro horario cumple cuatro años y, valoró, la Inspección de Trabajo “ha puesto pocas multas”.

José Arsuaga, presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria.
José Arsuaga, presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria.CGAE

“La negociación entre abogados, la vía probable para reducir la litigiosidad”

José Arsuaga, presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, analizó los efectos jurídicos de los conocidos como medios alternativos de solución de conflictos (MASC), una fórmula para atajar la gran litigiosidad existente en el ámbito civil. El proyecto de ley de eficiencia procesal, en trámite parlamentario, regula esta vía como un requisito previo para presentar una demanda en determinados asuntos, aunque se admiten excepciones. “El intento de acuerdo interrumpirá la prescripción”, indicó. El magistrado señaló que España quizá ha sido demasiado ambiciosa en imponer este paso obligatorio en la litigación civil y advirtió de que hay riesgo de que se convierta en “una rutina”. En este sentido, Arsuaga planteó la necesidad de investigar fórmulas de promoción de la cultura del acuerdo, como “pagar bien” al abogado que logra un pacto o sancionar a quien abusa del servicio público de justicia. En todo caso, opinó, de los medios esbozados, “los más relevantes serán la negociación directa entre abogados y la conciliación”.

Raúl Herrera, abogado.
Raúl Herrera, abogado.CGAE

“Hay que colaborar con compañeros en vez de competir bajando precios”

Uno de los grandes problemas de los abogados que ejercen por cuenta propia es cómo facturar por los servicios prestados. A esta cuestión trató de responder el letrado Raúl Herrera, autor del libro Cómo montar tu despacho y sobrevivir en el intento. “La gran parte de los abogados estamos solos o colaboramos con otros, pero no tenemos una gran estructura”, reconoció. “Mucha gente coge todo lo que pasa por su despacho porque es facturación, pero hay veces que eso no nos va a hacer rentables”. Según dijo, hay que “colaborar de forma horizontal con otros compañeros, de forma que si te entra un caso de familia y tú llevas concursal, se lo puedas pasar, y viceversa”. También es necesario “especializarse, buscando un nicho de mercado, en lugar de competir bajando los precios”. Herrera explicó que “lo primero que hay que hacer es un control de ingresos y gastos” para examinar la situación financiera de los bufetes. Además, subrayó que los abogados deben tener siempre presente el “ahorro” para la jubilación.

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