La Audiencia reordena las querellas por la gestión de Urquijo en Abengoa
La juez María Tardón estudia si debe asumir también la investigación de una denuncia que ya se rechazó
La Audiencia Nacional estudia las similitudes entre las querellas que centenares de perjudicados por Abengoa presentaron contra el expresidente de la entidad Gonzalo Urquijo. Antes de comenzar a investigar a la excúpula del grupo industrial por un supuesto agujero de más de 31 millones de euros a accionistas minoritarios, el Juzgado Central de Instrucción número 3 quiere conocer si otra acción penal presentada en 2020 y que acusa al consejo de administración de Urquijo de haber planeado el hundimiento de la compañía, tiene más puntos en común que diferencias para aunarlas en una única investigación.
Para ello, la titular de dicho órgano judicial, María Tardón, ha solicitado al Tribunal Supremo testimonio de esta segunda querella interpuesta por Inversión Coporativa, que hasta 2015 fue el primer accionista de Abengoa, para valorar si asume también la investigación de estos hechos, según informaron fuentes jurídicas a CincoDías.
Conflicto de competencia
El Alto Tribunal tiene pediente, desde septiembre, resolver un conflicto de competencia que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, planteó después de que tanto ella como la Audiencia Nacional rechazaran iniciar las pesquisas sobre los hechos denunciados por el vehículo inversor formado por las familias fundadoras del grupo andaluz, entre ellas los Benjumea.
Esta entidad asegura que el equipo de Urquijo, que estuvo al frente de la compañía andaluza entre noviembre de 2016 y noviembre de 2020 y entre los que se encuentran destacados miembros del consejo, como el exministro Josep Piqué, Pilar Cavero, José Luis del Valle o Manuel Castro, vació la empresa matriz -ahora en fase de liquidación-, causando un perjuicio de siete millones de euros.
Dado que a esta denuncia se adhirieron un centenar de accionistas, la juez de Sevilla entendió que se trataba un asunto de alcance nacional y que por tanto la competencia para investigar era de la Audiencia Nacional, que, además, mantiene desde 2016 una causa abierta contra Abengoa. Sin embargo, la respuesta desde Madrid fue negativa, por lo que ahora la decisión final está en manos el Supremo.
La discusión puede dar un giro de 180 grados, ya que la juez de la Audiencia Nacional que ha comenzado a indagar sobre la última querella presentada por más de medio millar de afectados ha abierto la puerta a examinar otra vez el escrito que en su día rechazó y retomar la valoración sobre la competencia de este órgano judicial para instruirlos.
Dos causas en la Audiencia Nacional
En concreto, la Audiencia Nacional ya tiene abiertas dos causas contra distintas gestiones de Abengoa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, analiza desde hace más de seis años si la compañía sevillana manipuló sus cuentas, entre 2014 y 2016, a través de sus filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía.
Este caso, conocido como 'Abengoa II', se inició tras la querella de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa contra el expresidente de la empresa andaluza Felipe Benjumea (hijo del fundador) y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega; pero en 2020 se amplió también contra la empresa y contra la auditora Deloitte.
El magistrado instructor acordó recientemente una prórroga de la causa de otros seis meses (hasta finales del próximo mes de julio), a la espera de que, entre otras cosas, la Intervención General del Estado (IGAE) elabore un informe que determine si ambas firmas ocultaron la situación de deterioro en la que se encontraba la multinacional con anterioridad a su colapso financiero en 2015, cuando se frustró la ampliación de capital por 650 millones de euros.
Por otro lado, este mismo juez hizo una primera valoración de la querella presentada por cerca de 600 accionistas minoritarios contra Urquijo, si bien tanto él como la Fiscalía entendieron que los hechos no tienen ningún tipo de relación con el procedimiento que se lleva investigando desde 2016. Así, la denuncia volvió a reparto y finalmente recayó en la magistrada María Tardón, que, mientras espera la documentación requerida al Alto Tribunal, ha pedido al ministerio público que informe sobre las primeras diligencias se deben practicar, según indicaron fuentes jurídicas conocedoras de la causa.
