El pasaporte europeo no debe ser piel de cordero para lobos financieros
La ofensiva de la autoridad europea reguladora de los mercados (ESMA) contra los intermediarios financieros que operan en países comunitarios sin contar con sucursales, es decir, mediante el llamado pasaporte europeo, no es nueva, pero hasta ahora no ha cosechado buenos resultados. Tras la aprobación de dos reglamentos en 2021 que aumentaron la capacidad sancionadora de la ESMA sobre estas entidades, que a menudo comercializan productos complejos y de riesgo entre inversores minoristas, el supervisor europeo baraja ahora emprender una revisión a fondo de todas las normas que rigen la prestación de servicios de inversión en la UE y, en particular, de las que se refieren al propio pasaporte. El objetivo es obligar a los supervisores nacionales bajo los que están registrados estos intermediarios a exigirles información sobre qué medios de comercialización van a utilizar en cada uno de los países donde aspiren a operar antes de concederles la autorización. La ESMA también aboga por reforzar la capacidad de reclamación de los inversores minoristas cuando vean vulnerados sus derechos.
La CNMV lleva años embarcada en la caza y captura de chiringuitos financieros, buena parte de los cuales están asentados en otros estados de la UE, como es el caso de Chipre, y operan bajo la cobertura del pasaporte europeo. Aunque es obvio que esta figura no se creó para facilitar operaciones de entidades poco escrupulosas con la ley, el desinterés de los respectivos supervisores nacionales a la hora de vigilarla y las propias lagunas de la normativa comunitaria han propiciado que pueda convertirse también en una suerte de piel de cordero para lobos financieros.
Buena parte del éxito de la reforma regulatoria que propugna la ESMA dependerá del cumplimiento efectivo de las exigencias de información por parte de los supervisores de los mercados de origen de estas entidades, pero también de la vigilancia atenta de la propia ESMA y del ejercicio de su potestad sancionadora. Como no puede ser de otra forma, los supervisores de cada país, como es el caso de la CNMV en España, seguirán teniendo un papel decisivo a la hora de detectar comportamientos irregulares. Pero ninguna vigilancia será suficiente si no se avanza hacia un cambio de cultura entre los pequeños inversores que pase por aumentar la propia responsabilidad, extremar la prudencia y escuchar las advertencias de los supervisores sobre el riesgo que entraña confiar en entidades que ofrecen altas rentabilidades sin saber si están suficientemente acreditadas para prestar los servicios que ofrecen.