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La Junta de Extremadura expropiará más de 200 hectáreas para el macroproyecto de Elysium City

El promotor pagará la indemnización y sumará 1.185 hectáreas para esa operación

Recreación de la operación urbanística Elysium City, en Castilblanco (Badajoz)
Recreación de la operación urbanística Elysium City, en Castilblanco (Badajoz)

El Gobierno regional de Guillermo Fernández Vara (PSOE) trabaja en la expropiación de más de 200 hectáreas que pasarán a manos del promotor del macroproyecto de Elysium City, en Castilblanco (Badajoz) en la comarca conocida como La Siberia extremeña. En esta operación urbanística está previsto que se invierta más de 8.000 millones de euros en hoteles, casinos, villas, parque temático y acuático, entre otras infraestructuras.

La expropiación la realizará la Junta de Extremadura, pero será sufragada por el promotor de la operación, la compañía inmobiliaria llamada Castilblanco Elysium Corporation, tras la que se encuentra el empresario sevillano Francisco Nuchera. Una vez completada la compra forzosa, pasarán a la cartera de la firma privada.

Un portavoz de la consejería extremeña de Hacienda y Administración Pública indica que las expropiaciones se llevarán a cabo “lo antes posible”. Fuentes conocedoras del proceso indican que es previsible que se expropie antes de julio, la fecha límite que el promotor tiene para comenzar las obras. De hecho, sería necesario que esos terrenos estén en manos de Castilblanco Elysium Corporation antes de comenzar la urbanización, ya que la firma no podría iniciar los trabajos de infraestructuras en suelos que sean de propiedad ajena.

El Gobierno extremeño publicó a inicios de enero en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el proyecto de Elysium, al que concedía los permisos para comenzar a realizarse, pero al que se marcó como obligación que las obras debían iniciarse en un plazo máximo de seis meses, periodo que acaba en los primeros días de julio. Esta operación se enmarca dentro de la conocida como Legio (Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio), aprobada en 2018.

El proyecto afecta a 1.185 hectáreas de este paraje de la Siberia extremeña, colindante con las provincias de Cáceres, Ciudad Real y Toledo. De ese territorio, el proyecto aprobado por la Junta concede la calificación de urbanizable a 835 hectáreas y el resto quedará como no urbanizable o protegido ambientalmente. En las 200 hectáreas a expropiar por el Gobierno extremeño, hay tanto suelo urbanizable como protegido. El resto, hasta 1.185 hectáreas, ya pertenece a la compañía.

“El expropiante es la Junta de Extremadura, no obstante, el beneficiario es la promotora, que recibe las fincas y debe hacer frente a los pagos y demás gastos de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa”, explica el portavoz de la Consejería de Hacienda y añade que todavía no se puede determinar el precio, ya que se debe proceder a la valoración del justiprecio. La empresa se reunió con los propietarios en el Ayuntamiento de Castilblanco y no se detectó ninguna oposición a la expropiación, según fuentes conocedoras.

La Junta tiene identificadas alrededor de un centenar de fincas a expropiar, según ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, con datos registrales y catrastrales de los dueños. El portavoz de Hacienda explica que hay una “gran variedad de situaciones jurídicas” entre esos propietarios. De hecho, esos terrenos proceden de la desamortización de Mendizábal del siglo XIX y se dan situaciones de suelo compartido entre varios propietarios que se reparten derechos de pasto y de siembra, según fuentes de la Administración.

Actualmente, la empresa Castilblanco Elysium Corporation negocia con siete operadores extranjeros y uno nacional para seleccionar al inversor que desarrolle Elysium, de lo que dependerá que algunos aspectos, como los casinos, tengan más o menos relevancia.

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Sobre la firma

Alfonso Simón Ruiz
Graduado en Economía y máster de Periodismo UAM / EL País. En Cinco Días desde 2007. Redactor especializado en información empresarial, especialmente sobre el mercado inmobiliario, operaciones urbanísticas y, también, sobre la industria farmacéutica y compañías sanitarias.

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