Los bonistas de Telepizza lanzan un órdago al ICO para obligarle a que asuma una quita

Los dueños de la deuda cotizada se quedarán con la mayoría del capital

La reestructuración de la deuda de Telepizza amenaza con provocar el primer choque de trenes entre el ICO y los fondos. Los dueños de los 335 millones en bonos negocian con la compañía un plan que reequilibre la estructura de capital y que abarca una conversión de deuda en acciones, una quita del pasivo y una inyección de dinero. Su intención es que todas las partes aporten su parte de sangre, sudor y lágrimas y obligar al ICO a asumir una quita y poner también de su parte, según indican fuentes financieras.

Food Delivery Brands, el dueño de Telepizza, acudió a los brazos del ICO para sobrellevar la pandemia, que le hizo cerrar todos sus establecimientos. Suscribió un préstamo de 40 millones con el Santander, que estaba garantizado por la línea de avales que puso en marcha el Gobierno. Esto, sin embargo, no fue suficiente para enderezar de manera definitiva el rumbo del grupo, que volvió a sucumbir ante la guerra de Ucrania y el incremento de la inflación, el precio de las materias primas y los tipos de interés.

La compañía, representada por Houlihan Lokey, y los bonistas, con Rothschild al frente, han iniciado negociaciones para solventar esta situación. Todo apunta a que el acuerdo está próximo, como muestra la decisión de los bonistas de permitir aplazar el pago del cupón hace unas semanas. Las partes negocian la inyección de liquidez necesaria para reflotar el grupo, que ronda los 60 millones, según publicó este periódico. De esta dependerá la quita que asuman los bonistas y qué porcentaje del capital tomen, que ya se espera superior al 50%. Los accionistas –comandados por KKR, al que siguen Artá, Torreal, J Safra Group y Altamar– ya han asumido que deberán dejar las llaves de la compañía a los acreedores, pilotados por los hedge funds Blanture, Oak Hill y Fortress.

El siguiente peldaño será qué hacer con el préstamo del Santander avalado por el ICO. Los bonistas son taxativos y su pretensión es que esta deuda sufra también un menoscabo. Para ello quieren esgrimir la principal novedad de la ley concursal, la posibilidad de que si la mayor parte de los acreedores alcanzan un acuerdo para reestructurar una compañía puedan arrastrar al pacto a los accionistas y a otros acreedores, de modo que se vean forzados a pasar por el aro de los acuerdos que alcancen los otros acreedores.

Este movimiento puede abrir una potencial batalla legal entre estos hedge funds y el organismo público. La ley no establece taxativamente si los préstamos ICO son susceptibles de estar afectados por este arrastre y lo que ocurra con el caso de Telepizza marcará muchas otras operaciones. Las fuentes consultadas, próximas a estos fondos, alertan de que si el Estado no permite ejercer este derecho de arrastre contra el ICO y limita la aplicación del elemento estrella de la ley concursal, sería interpretado por el mercado como una pérdida de atractivo de la jurisdicción española para atraer procesos de reestructuración.

As bajo la manga

El Gobierno se ha dotado de un elemento más para poder pisar el freno en procesos de reestructuración como el de Telepizza en el que la compañía tenga préstamos ICO. En el último consejo de ministros del año facultó a la Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Economía, para bloquear cualquier plan de reestructuración, homologación judicial o la asignación de clases en el caso de que considere que van en contra de los intereses del Estado. Esto permitiría, en la práctica, bloquear la capacidad de arrastre de los bonistas al ICO.

Economía sí prevé alternativas en las cuales abordar una quita de un préstamo ICO en empresas con problemas. Esto está tasado en el Código de Buenas Prácticas pactado con las entidades bancarias y solo permite abordar una quita en el caso de que la compañía no haya solicitado antes una extensión del plazo. Según las fuentes consultadas este es el caso de Telepizza, lo que abriría la puerta a la negociación de la compañía con la entidad pública.