BBVA cambió en seis meses el criterio sobre su relación con el entorno de Villarejo
El banco declaró como "sospechoso" los traspasos de fondos entre las empresas del comisario jubilado tras una segunda alerta del Sepblac
Las alertas del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) marcaron un antes y un después en las relaciones que BBVA tenía con las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. En apenas seis meses, el banco cambió su criterio con respecto a éstas y no fue hasta enero de 2018, tres meses después de la detención del expolicía, cuando la entidad presidida por Carlos Torres acordó el "cese de relaciones" con todas las personas que pertenecía al Grupo Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto.
Así se desprende de la documentación que BBVA remitió recientemente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que indaga en los trabajos que Villarejo realizó entre 2004 y 2017 por el importe total de 10,3 millones de euros, y que acaba de acordar la prórroga de la causa durante otros tres meses, hasta el próximo abril. Entre los motivos que justifican esta ampliación de la investigación, el magistrado instructor señaló que todavía quedaba por aportar a la causa varios informes del Sepblac.
En relación a ello, los servicios jurídicos de BBVA ha entregado los dos informes internos de los expedientes que se elaboraron sobre la información que la unidad de inteligencia financiera solicitó sobre los traspasos entre las cuentas de las empresas del Grupo Cenyt. El banco recuerda que dicha documentación ya fue enviada a la Audiencia Nacional en agosto de 2020, pero, en cumplimiento de un requerimiento judicial del pasado 9 de enero, vuelve a poner dicho análisis a disposición del juez y los fiscales Anticorrupción.
Movimientos entre cuentas
De acuerdo a la documentación, que ha podido ser consultada por CincoDías, el Sepblac pidió el 27 de julio de 2017 -unos tres meses antes de la detención del espía- información bancaria relativa al comisario ya retirado; su hijo, José Manuel Villarejo Gil; el policía Juan Carlos Escribano Carcel, y las empresas Cenyt Salud y Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, ésta última más conocida también como Cenyt, que desarrolló gran parte de los encargos investigados.
En concreto, el Sepblac rastreaba el traspaso de fondos a España procedentes de paraísos fiscales, por lo que requirió toda la información sobre movimientos de las cuentas de las empresas mencionadas desde 2016; el detalle de las transferencias recibidas y emitidas; y la identificación de los titulares y autorizados de dichas cuentas.
En este caso, BBVA infomó que el comisario jubilado "no consta como cliente" del banco y que el policía Juan Carlos Escribano Carcel no tenía cuentas activas desde noviembre de 2012. El único que aparecía en sus registros era el hijo de Villarejo que, desde el 1 de enero de 2016, aparecía como titular de las cuentas de ocho empresas, más una a su nombre. Asimismo, apuntó que en cinco de ellas intervino como representante el abogado Rafael Redondo, imputado por ser la mano derecha del agente encubierto en el Grupo Cenyt; mientras que en otra, el representante era el expolicía Antonio Giménez Raso, muy cercano al círculo del polémico espía.
Otros titulares
A la hora de identificar los titulares de dichas cuentas y datos, BBVA buscó información sobre las empresas del entramado de Villarejo y destacó que entre los "principales socios" de las sociedades que se encontraban bajo lupa, constaban otras a nombre de Villarejo. No obstante, el expolicía ocultó que estaba detrás de algunas de estas empresas investigadas por blanqueo poniendo como titulares a personas de su confianza.
Así ocurrió por ejemplo con Cenyt, que estaba a nombre de su socio Rafael Redondo. La cuenta bancaria de esta mercantil, que se abrió en 2004, poco después de que el agente encubierto firmara el primer contrato con el banco para frenar el intento de asalto de Sacyr Vallehermoso en el consejo de administración de la entidad financiera, estaba a nombre de su hijo, que ocupaba la figura de administrador único, mientras que Redondo era apoderado.
Para completar la documentación, BBVA buscó en bases de datos de públicas del Registro Mercantil y en buscadores de internet información sobre todas las empresas. En este sentido, indicó que en algunos casos no encontró nada, si bien con respecto a otras sociedades sí que localizó noticias que decían que Villarejo tenía un entramado empresarial con el que habría "trasladado a nuestro país importantes cantidades de dinero supuestamente sin justificar" o que estaba vinculado "con posibles actividades ilícitas".
El pasado mes de octubre declaró como testigo el extrabajador de BBVA que se encargó de responder al Sepblac y afirmó ante el juez que, hasta la alerta de la unidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siempre creyó que Redondo era el dueño de Cenyt, no obstante descartó que en los movimientos bancarios hubiera algún tipo de irregularidad. Para llegar a esta conclusión preguntó sobre la actuación de dicha sociedad en BBVA y el Departamento de Seguridad (que dirigía entonces Julio Corrochano, uno de los principales investigados en la causa por ser el interlocutor de Villarejo con el banco) le aseguró que no había ninguna ilicitud porque la empresa era una mera proveedora de servicios, según trasladaron fuentes jurídicas presentes en dicha declaración.
Así las cosas, BBVA zanjó este primer examen acerca de las empresas de Villarejo dando carpetazo al asunto, "pese a las noticias que vincularían a José Manuel Villarejo Pérez con el traslado de fondos a España procedentes de paraísos fiscales", que en ese momento comenzaba a investigarse en la Audiencia Nacional. "Se desestima este expediente", concluye el informe. De hecho, se calificó la actividad de investigación como "no sospechosa".
Cambio de calificación
Esta opinión cambió en apenas seis meses. El comisario Villarejo fue detenido el 3 de noviembre de 2017 por orden de la Audiencia Nacional y el Sepblac amplió su investigación hacia el policía Antonio Giménez Raso y David Macías, abogado de las empresas del comisario jubilado. Así, el servicio de antiblanqueo pidió, el 29 de enero de 2018, a BBVA los datos que constaran en sus registros sobre estas personas.
La metodología seguida por el banco fue la misma y, tras el nuevo análisis, determinó que "la operativa registrada en las cuentas en las que intervienen las personas físicas requeridas en la mencionada petición de información ha consistido, fundamentalmente, en traspasos de fondos entres ellas y el pago de nóminas en el caso de las personas jurídicas y sin que se observe, adicionalmente, operativa inusual en el caso de las personas físicas analizadas".
Sin embargo, en ese momento BBVA sí conideró que, "en base a las últimas noticias" referidas a las detenciones de Villarejo; su hijo; su mujer, Gemma Alcalá (que también aparece vinculada al Grupo Cenyt); Rafael Redondo y Juan Carlos Escribano, debía calificar el expediente como "sospechoso", por lo que propuso "el cese de relaciones de todas estas personas así como del resto de titulares de las cuentas en las que figuran en la actualidad".
