España rompe el umbral del dolor con los tipos de interés

La factura de 3,2 billones de euros de deuda es un sacrificio creciente para las empresas y los hogares. Se impone una urgente reducción del déficit

La última subida del precio del dinero del BCE, hasta el 2,5%, y la advertencia reiterada de que lo hará todavía en una proporción intensa en los próximos trimestres por la insistencia de la desaprensiva inflación ha cambiado radicalmente las condiciones de financiación para las familias y las empresas como particulares y como mantenedores del Estado. Los hogares y empresas han traspasado el umbral del dolor, algo que los administradores públicos, indolentes por naturaleza en una cuestión mutualizada, encajarán más tarde por la refinanciación lenta de la inmensa bomba de pasivo acumulada, y que engordará más por el déficit de las cuentas públicas.

Las deudas de los españoles se acercan a los 3,2 billones de euros (3,182 en concreto a esta fecha), contabilizando la que tienen los hogares (717.600 millones de euros) y las empresas (961.200), y la emitida por todas las Administraciones y empresas públicas (un bardo de 1,5 billones), de la que responderán religiosamente los residentes a razón de algo más de 31.000 euros, por el momento.

Una auténtica montaña de deuda construida en los últimos 30 años en parte para costear el salto modernizador del país, en una anticipación del crecimiento futuro; en parte para rescatar activos públicos y privados quebrados o en franca obsolescencia industrial; y en parte también para satisfacer gasto social que los ingresos fiscales y cotizaciones corrientes no alcanzaban a cubrir.

Una factura fácilmente gobernable si se desenvuelve en un escenario tan idílico como irreal de tipos cero o negativos, pero que se convierte en un peligroso lastre si suben de forma intensa, como hacen ahora tras 20 años de fiesta del crédito. Una cuenta simple con un coste medio del 3,2% al que cotiza en los mercados secundarios la deuda a diez años del Reino de España (el tipo que en condiciones normales financia la economía) arrojaría una factura anual de 101.760 millones de euros, que se encarecería en los próximos trimestres en la misma proporción que lo haga el dinero.

Lógicamente se trata de una cuenta teórica considerando toda la deuda al mismo precio; pero tras lustros de tipos muy bajos, el coste medio del pasivo es inferior al manejado para la simulación, con crédito a empresas más barato y un tipo medio de la deuda pública también más barato. Por tanto, el daño del alza de tipos somete a un grado de estrés diferente a cada pagador.

Los agentes más vulnerables son los hogares. El crédito hipotecario suscrito por las familias llega a 503.000 millones, mayoritariamente (481.000 millones) destinado a la compra de sus viviendas. Cuatro millones de familias lo tienen contratado a tipo variable, y han visto con sorpresa cómo el euríbor ha subido ya 350 puntos básicos en 2022, hasta el 3,2% actual, con un sobrecoste individual de 3.000 euros al año.

Nadie descarta ya que el euríbor alcance en 2023 el 4%, una tasa muy severa para familias que contrataron su préstamo en negativo y ajustaron el capital tomado a su capacidad de pago, y que ahora está desbordada por los tipos y por la mordida que la inflación endosa a las rentas. Para muchas de estas familias el umbral del dolor ha sido traspasado con creces ya hace meses, y el Gobierno ha establecido una serie de analgésicos para aliviarlo a los que se ha apuntado la banca de forma “voluntaria”, que consiste en prolongar el plazo de repago. Un alivio presente, pero relativo, puesto que acarrea un incremento del desembolso total.

Las empresas encajarán de forma muy asimétrica el encarecimiento, con algunas, las de menor tamaño, con subida asfixiante del coste, mientras que las grandes dispondrán de un prolongado plazo de margen. Eso sí: todas ellas afrontan disgustos en las refinanciaciones y en el crédito nuevo para invertir. La central de balances del Banco de España revela que en 2022 las empresas han elevado su deuda, y sus gastos financieros, aunque han crecido, siguen por debajo del nivel de 2019 por el avance del beneficio.

La mayor resistencia al dolor, pero la más llevadera de todas porque afecta a todos, es la estatal. 1,5 billones de euros (casi 1,2 veces el PIB) repartidos entre 1,3 billones emitidos por el Estado, y cantidades nada despreciables de comunidades, ayuntamientos, Seguridad Social y empresas públicas. Solo la partida estatal costará este año 31.330 millones de euros (el 8,1% del Presupuesto), y un 2,6% del PIB, que llegará al 3% en un par de años. Gráficamente, la hipoteca estatal nos cuesta más de lo que se ingresa por Sociedades (28.500 millones) o por accisas (22.200).

El coste medio de las emisiones del Tesoro se ha desbocado en 2022, hasta el 1,274%, y en las primeras subastas de este año, frente a los tipos negativos a los que se solventó en 2021, lo que supone la tasa más elevada desde 2014. Un precio que seguirá al alza en los próximos trimestres, pese a que el coste medio de la factura subirá con lentitud porque la refinanciación de toda la deuda viva lleva años. La vida media del papel emitido es ahora de 7,89 años, y el coste, del 1,71%. Pero en 2023 habrá un salto muy costoso. El Tesoro deberá buscar 267.000 millones y cantidades poco menos elevadas en 2024, 2025, 2026 y 2027. Deberán añadirse también los 80.000 millones en créditos reembolsables que España ha decidido pedir a la UE al coste de emisión de los eurobonos de la Comisión.

La deuda a diez años cuesta ya más del 3%, con un techo que no se acierta a divisar, y que puede estresarse por la retirada del BCE como comprador de último recurso (tiene más de 400.000 millones en bonos españoles, uno de cada tres), y por la desconfianza que tal circunstancia genere en el mercado. La prima de riesgo, que es la señal de tal reserva de compradores y acreedores, supera ya los 110 puntos básicos.

Evitar que el dolor sea cada vez más intenso dependerá de tener una abundante dosis de suerte y esquivar la recesión, sofocar la inflación más pronto que tarde, esperar que Alemania tenga incluso más suerte que España en ambas cosas, y confiar en que el Gobierno se comprometa como no lo ha hecho hasta ahora a reducir el déficit fiscal con intensidad, además de estimular la inversión y dejar de intervenir en las decisiones económicas que limitan el crecimiento.

José Antonio Vega es periodista