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El miedo a debutar en la lista de morosos regulariza más de 180 millones en solo un año

El nuevo listado rebaja el umbral de pasivo e incluye a deudores solidarios Hacienda permite saldar obligaciones antes de aparecer en la publicación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.GETTY
Pablo Sempere

En diciembre de 2021, hace poco más de un año, el Ministerio de Hacienda publicó su tradicional lista de morosos, un documento que empezó a visibilizar en 2015 el entonces titular del ramo, Cristóbal Montoro. Sin embargo, la actual ministra, María Jesús Montero, incluyó un cambio de calado en la metodología: rebajó desde el millón hasta los 600.000 euros el importe de pasivo necesario para aparecer en el listado e incluyó por primera vez a los responsables solidarios. Esta modificación amplió sustancialmente el número de deudores oficiales, disparando también la cantidad de regularización voluntaria. Así, desde entonces se han recuperado más de 180 millones de euros que corresponden a deudores con miedo a aparecer por primera vez en la lista negra.

Los datos están recogidos en la evaluación de los efectos de la ley contra el fraude fiscal, un documento que acaba de publicar Hacienda y que analiza los efectos de esta reforma, contenida en el Plan de Recuperación. El departamento de Montero es claro: “Pese a su relativamente reciente despliegue, se puede afirmar que la medida ya ha tenido los efectos deseados”.

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La lista publicada a finales de 2021 –la primera con la nueva configuración– tomó como referencia la información a 31 de agosto de ese año. Según las estimaciones oficiales, “el importe inducido de los ingresos que esta modificación podría producir podía cifrarse en torno a los 101 millones de euros”. Desde el ministerio se analizó el efecto inducido sobre los deudores que, en principio, cumplían los requisitos para ser incluidos en la publicación y su comportamiento en cuanto al ingreso de las deudas. Las conclusiones fueron claras.

Por un lado se corroboró la realización de ingresos en los días inmediatamente previos al cierre de la muestra, lo que supuso para determinados deudores rebajar su pasivo a la fecha de referencia por debajo del límite de los 600.000 euros, “evitando así ser seleccionados para la publicación”. Hacienda cifra este importe en 55,5 millones de euros.

En paralelo, la posibilidad de evitar la publicación en caso de pagar las deudas antes del fin del plazo de alegaciones (otra de las novedades de Montero) fue aprovechada por determinados morosos, cifrándose el ingreso en 45,7 millones de euros.

A estos más de 101 millones de euros hay que sumarles otros 80 millones regularizados antes de la publicación de la lista de junio de 2022, con datos a 31 de diciembre de 2021.

En este caso, 20,4 millones fueron abonados por los deudores en momentos inmediatamente previos al 31 de diciembre, evitando así salir en el listado. Otros 61,3 millones, por su parte, se pagaron a lo largo de la tramitación del listado, evitando también aparecer en el temido listado.

Hacienda reconoce que uno de los objetivos que se persiguen con las últimas modificaciones es multiplicar la eficacia gracias al efecto incentivador “de regularizar espontáneamente la situación tributaria de estos deudores”, que intentan “evitar el descrédito social y la pérdida de prestigio profesional (ante sus propios deudores, acreedores, financiadores, proveedores o clientes) que supone aparecer en este tipo de listados”.

Cabe recordar que en el último listado, publicado hace seis meses, se contabilizaban unos 7.000 deudores, de los que solo 1.387 eran personas físicas y otros 5.650 eran empresas. El importe total de pasivo ascendía a los 17.700 millones, aunque si se eliminan las duplicidades –ya que los datos no distinguen entre deudores principales y solidarios– la cifra conjunta caía a los 14.500 millones.

Este efecto incentivador, asegura Hacienda, también se aplica desde la citada reforma a aquellos deudores indirectos. Estos habían logrado evitar aparecer en las primeras publicaciones al no ser formalmente deudores por obligaciones propias, sino por el pasivo derivado. Esta situación les “hacía merecedores del reproche social que supone dicho listado”, pero lograban evitarlo “por una imperfección técnica del precepto que ahora ya se ha corregido”.

Hacienda también saca pecho de la posibilidad de evitar la inclusión al abonar la deuda, algo que ha tenido efectos que ya “se pueden valorar cuantitativamente”, añade.

Pagos en efectivo

Hacienda inició en la primera mitad de 2022 casi 3.700 expedientes por el incumplimiento de la nueva limitación a los pagos en efectivo, según los últimos datos. Todavía es pronto para ver los efectos de la reforma, reconoce el ministerio, aunque asegura que las cifras disponibles animan a la confianza.

El departamento que dirige María Jesús Montero recuerda que en diciembre de 2021 se redujeron los límites de las operaciones a partir de las cuales no se puede pagar en efectivo si alguna de las personas intervinientes actúa en calidad de empresario o profesional. Así, la limitación de 2.500 euros cuando alguno de los intervinientes sea empresario o profesional pasó a los 2.000 euros, mientras que el techo de 15.000 cuando el pagador sea persona física no residente se rebajó a los 10.000 euros.

Hacienda justifica su optimismo con los datos publicados por el Banco de España relativos a los pagos con tarjeta, que aumentan a marchas forzadas, y a la retirada de dinero en efectivo, que cae desde la irrupción del Covid. “Este cambio en la forma de operar es consecuencia, en gran parte, de las medidas adoptadas por la ley”.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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