La Audiencia retrasa la decisión sobre el futuro de Repsol y CaixaBank en el ‘caso Villarejo’
La Sala de lo Penal requiere más información al juez instructor antes de resolver el archivo de la causa.
Repsol y CaixaBank tienen que seguir esperando. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha retrasado, un poco más y sine die, su decisión sobre el futuro judicial del presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y al actual presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, en el caso Villarejo. Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal llevan meses con los recursos contra el archivo acordado para las empresas y sus máximos dirigentes encima de la mesa.
El pasado 7 de noviembre se reunieron para su deliberación, si bien, ahora, dos meses después, consideran que no tienen datos suficientes para resolver si la investigación acerca de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en 2011, está ya completa o debe reabrirse una vez más.
Para completar la información, los magistrados han requerido al juez instructor Manuel García Castellón que le remita parte de la documentación que ya aportó Repsol a la causa, y que no ha sido elevada a la Sala de lo Penal, según consta en una providencia con fecha del pasado 12 de enero, a la que tuvo acceso CincoDías.
El estudio que lleva a cabo la Sala de lo Penal tiene lugar en un momento clave para la investigación judicial y para las empresas del Ibex 35 que se han visto salpicadas. El próximo 29 de enero es la fecha límite que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene para decidir si vuelve a prorrogar o deja ya finiquitadas las líneas de investigación relacionadas con los trabajos de espionaje que Villarejo desarrolló para BBVA e Iberdrola.
Imputados desde 2021
El periplo judicial de Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé comenzó en 2021 cuando el juez García Castellón les imputó por cohecho, en relación a un presunto encargo al agente encubierto para frenar la alianza sellada entre Sacyr Vallehermoso y la petrolera mexicana Pemex para hacerse con el control de Repsol. El trabajo, por el que las empresas del Ibex 35 abonaron 413.600 euros al Grupo Cenyt, el entramado societario de Villarejo, quien entonces seguía en activo en la Policía Nacional, comenzó a investigarse a finales de 2019, tras la formación de la pieza separada número 21 de la macrocausa 'Tándem' (más conocida como 'caso Villarejo').
La presión por la imputación parecía que iba a durar poco, ya que, en julio de ese año, el juez les sacó de la investigación. Sin embargo, la Sala de lo Penal ordenó que les volviera investigar, al considerar que faltaban pruebas para afirmar que tanto las cotizadas como sus responsables tuvieron escasa participación en los hechos investigados.
"No conocían los pormenores"
Así, instó a recabar una serie de testimonios, entre ellos el del compliance de Repsol, y tras ello, el juez instructor volvió a archivar la causa y afirmó, en un auto dictado en junio de 2022, que "el hecho de que Brufau y Fainé estuviesen al tanto de la contratación de un servicio externo de seguridad, del cual no conocían los pormenores, no es un elemento incriminatorio aceptable en este momento procesal". De este modo, dejó únicamente a un paso del banquillo a los que fueran jefes de Seguridad de las firmas y al comisario jubilado.
La Fiscalía Anticorrupción, Podemos y el expresidente Sacyr Luis del Rivero, que ejercen las acusaciones, reiteraron su oposición a la exoneración y dejaron, otra vez, el futuro judicial de las empresas y sus líderes en manos de la Sala de lo Penal.
