Ribón y Winkels, nuevos responsables del ICAM: "Amparamos la renuncia del turno de oficio a defender a empresas sin justicia gratuita"

El decano y la vicedecana conceden su primera entrevista desde la elección a CincoDías, en la que explican sus primeras medidas

Isabel Winkels y Eugenio Ribón. Foto: ICAM
Isabel Winkels y Eugenio Ribón. Foto: ICAM

Es tiempo de hechos. Eugenio Ribón e Isabel Winkels comienzan a escribir una nueva página en la historia del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tras ganar las elecciones del pasado día 20. El decano y la vicedecana se estrenan en el cargo concediendo su primera entrevista a CincoDías, donde explican los primeros cambios que van a acometer en una de las mayores casas de abogados de Europa, con un presupuesto de 30 millones de euros.

Una de las medidas estrella de su programa ha sido la llamada “cuota cero”, una especie de tarjeta monedero en la que se cargará el importe de la cuota colegial, que se descontará del precio de los cursos de formación del ICAM. ¿Cuándo estará disponible?

Este compromiso se va a cumplir durante el mandato, pero antes de aprobar y reformular los presupuestos no estamos en disposición de decirlo. Seguramente irá en el presupuesto del año que viene.

¿Hay algún acuerdo ya con algún centro para impartir los cursos o los desarrollará el ICAM llamando a los docentes?

La idea es que vayan de la mano de la universidad con docentes universitarios y de la abogacía, pero no se va a hacer con una única universidad ya que se va a buscar la excelencia en cada una de las materias. Si hablamos de derecho marítimo, a lo mejor la universidad idónea es la de Bilbao, la de Barcelona o la de Las Palmas. Podemos convivir con 48 universidades al mismo tiempo, pero no hay ningún compromiso.

En lo que respecta al turno de oficio, en su programa hablaban de formación gratuita en materia de actualización. ¿Será así?

Si un compañero está, por ejemplo, en el turno penal y hay modificaciones sobre delitos de naturaleza sexual, esa formación va a ser gratuita. Si ese compañero quisiera hacer un curso de derecho aeronáutico, entonces no.

Aunque estamos ante un año electoral, ¿se reunirán próximamente con la ministra de Justicia para mejorar los baremos del turno y actualizarlos al IPC?

La reunión es una cuestión prioritaria, pero no solo por la actualización del baremo. Es improrrogable la situación de peticiones de designaciones para la defensa de personas jurídicas en las que no está reconocida la justicia gratuita. No podemos continuar enviando compañeros a la Audiencia Nacional a estar durante cinco meses en un procedimiento complejo sin ningún tipo de compensación. El colegio va a amparar cualquier renuncia de compañeros en esta situación. Nos enfrentamos a un choque de trenes muy severo.

Los criterios orientativos de honorarios del ICAM a efectos de tasación de costas o jura de cuentas datan de 2013. Con los efectos de la inflación, ¿piensan acometer alguna actualización?

Hay que esperar a las resoluciones que están pendientes del Tribunal Supremo con relación a los pleitos interpuestos por los honorarios orientadores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a diferentes colegios por esta materia. Lo que está claro es que la existencia de unos honorarios orientadores a los efectos de la tasación de costas lo que traslada al ciudadano es una mayor certidumbre de lo que le va a suponer el coste de un pleito. Hay una equidistancia muy clara entre recomendaciones de precios, que serían las conductas colusorias, y que el ciudadano tenga un conocimiento previo del coste. En cualquier caso, los honorarios tienen que actualizarse a la evolución de la vida.

¿Le han planteado a la jueza decana de Madrid, Chus del Barco, la necesidad de atajar las actitudes irrespetuosas hacia los abogados en sede judicial o los retrasos injustificados?

Hay una degradación importante y progresiva de las relaciones entre los profesionales de la abogacía y determinadas instancias judiciales. Parece que, en vez de ser operadores jurídicos al mismo nivel, se da un trato más de vasallaje. Ese tipo de trato peyorativo es uno de los puntos que vamos a abordar. Vamos a plantear la suscripción de convenios y códigos de buenas prácticas a través de los juzgados y ahí el colegio va a estar muy pendiente para amparar a los compañeros. Se va a hacer un barómetro de cada órgano judicial que se va a remitir al juez decano, al Consejo del General del Poder Judicial (CGPJ), a la Comunidad de Madrid y se va a hacer una publicación anual para distribuir a los medios.

¿Durante este mandato se comprometen a hacer público el nombre de los despachos que contratan de forma ilegal a abogados como falsos autónomos?

Las infracciones deontológicas están sujetas al principio de confidencialidad, cuestión distinta es que se pueda hacer otro tipo de comunicación pública sobre quién tiene este tipo de malas prácticas. Le vamos a dar una vuelta con nuestro equipo jurídico y con la Agencia Española de Protección de Datos.

Según la International Bar Association (IBA), aunque un 46% de los despachos en España está compuesto por letradas, solo hay un 28% en puestos de responsabilidad. Además, sólo un 24% de la abogacía presente en los consejos de administración de los bufetes son mujeres. ¿Promoverán el liderazgo femenino?

Lo tenemos clarísimo. Hicimos un desayuno con mujeres potentes de consejos de administración de empresas y vamos a potenciarlos para detectar las carencias y hacer un observatorio del cumplimiento. Queremos tener un papel activo en esto porque es absolutamente esencial. Tenemos el apoyo y el compromiso de nuestros compañeros.

Han propuesto instalar una línea de atención psicológica para los abogados a través de la Fundación Cortina en aras de mejorar la salud mental. ¿Desde cuándo y cómo funcionará?

El bienestar mental es un tabú para muchos compañeros en el entorno familiar, laboral y de los clientes. Tenemos problemas no solo de estrés, también de adicción. Hemos tenido algún acercamiento con el colegio de psicólogos para hacer algún convenio de colaboración y crear esa línea telefónica en este primer año.

Una de las cuestiones que marcó la gestión anterior por su opacidad fue el contrato con la sociedad en la que se integraba Alfonso Merlos, exdirector de Comunicación, por importe de 120 mil euros anuales. ¿Cómo se llevará a cabo la comunicación después de que la directora actual haya comunicado su intención de dejar el cargo?

Queremos que el colegio no sea un espectador, sino un protagonista y actor en la sociedad y, por eso, la comunicación va a tener un papel preponderante. No está contemplada la contratación de una mercantil, pero sí puede haber incorporaciones. Con Yolanda Quintana (la directora de su campaña electoral) nos sentimos muy cómodos. El puesto de Comunicación es muy personal y de confianza.

¿Harán cambios en relación con el resto del personal laboral?

El ICAM tiene unos profesionales extraordinarios que se van a mantener. Puede haber jubilaciones anticipadas porque hay muchas personas próximas a ella por razón de edad.

El equipo del decano saliente, José María Alonso, aprobó el voto electrónico en los nuevos estatutos, pendientes de aprobación por la Asamblea General Extraordinaria. ¿Cuándo tendrá esto lugar aproximadamente?

El voto se va a aprobar. La cuestión siguiente será trasladarlo del papel a la realidad porque el problema no es ya la autenticación del voto, sino el secreto. Eso es un reto más tecnológico que jurídico que va más allá de voluntad política de la junta. No es una cuestión tan sencilla, pero en la medida en que nos lo dé algún proveedor tecnológico y que resulte económico lo tendremos.

Para concluir, y pasando a un tema de triste actualidad, con tres mujeres asesinadas el fin de semana, que se unen a las 49 mujeres asesinadas el año pasado, de las que 18 habían presentado denuncia contra sus asesinos, ¿están fallando los mecanismos de prevención y protección?

Destaca la falta de especialización de juzgados. Es imposible que un juez mixto tenga la capacidad para determinar si aquí debe haber una orden de alejamiento o no. Es lo mismo que pasa en familia. Es imposible que un juez de un juzgado mixto tenga la capacidad de levantar un cadáver de un accidente de tráfico, resolver una negligencia médica o una situación de violencia de género. Tenemos que ir a una especialización. Hay un acuerdo firmado a 30 de diciembre del Ministerio de Justicia con la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde han dicho que van a comarcalizar juzgados de violencia. Que haya jueces y órganos especializados es el primer paso para encontrar una salida efectiva.

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