El Gobierno estudia rebajar el umbral de 10 viviendas que define al gran propietario

La cifra rondaría entre la decena vigente y las cinco que propone Podemos

Este cambio aumentaría el número de casas sujetas al límite de precios

Las ministras de Transportes, Raquel Sanchez, portavoz, Isabel Rodriguez, y Derechos Sociales, Ione Belarra, tras un Consejo de Ministros.
Las ministras de Transportes, Raquel Sanchez, portavoz, Isabel Rodriguez, y Derechos Sociales, Ione Belarra, tras un Consejo de Ministros. GETTY

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere tener aprobada cuanto antes en el Congreso de los Diputados la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, una de las medidas estrella de la legislatura que, sin embargo, sigue pendiente del beneplácito de las Cortes desde que el Consejo de Ministros validase el texto en febrero de 2022. Por ello, el Ejecutivo está acelerando tanto las conversaciones internas en el seno de la coalición como las que mantiene con sus socios habituales con el objetivo de cerrar todas las enmiendas que permitan que el anteproyecto de ley reciba luz verde definitiva. Una de ellas, explican fuentes oficiales, permitiría rebajar el umbral de 10 viviendas en propiedad que hoy define al gran tenedor.

El texto inicial aprobado hace casi un año por el Gobierno establece una serie de definiciones clave de cara a facultar a las comunidades autónomas y ayuntamientos a que pongan en marcha una serie de medidas para controlar el precio de la vivienda. Una de estas definiciones es la que marca la frontera entre los pequeños y los grandes caseros. Así, el anteproyecto establece que el gran tenedor es la persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

Ahora, ese límite podría cambiar. Fuentes de Unidas Podemos y de los socios habituales del Gobierno confían en poder rebajar el número, si bien “todavía es pronto para poder hablar de cifras concretas”. Por su parte, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana afirman que este debate lleva ya varias semanas sobre la mesa. Con todo, al ser “una ley muy importante”, desde el departamento dirigido por Raquel Sánchez hacen “un llamamiento a la responsabilidad y a dejar de lado posturas maximalistas para así poder avanzar en los acuerdos”.

En los duros meses de negociaciones que precedieron a la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos peleó para rebajar a cinco inmuebles el mínimo necesario para hablar de gran tenedor. El Gobierno, finalmente, marcó la frontera en la decena y desde entonces, en todas las medidas anticrisis que han rodeado a la vivienda, ha tomado este límite como referencia.

Diferencias

La diferencia entre ser considerado a efectos legales como pequeño o gran propietario es inmensa. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros, que podría cambiar en su paso por el Congreso, únicamente los grandes tenedores estarán sujetos a los límites al precio del alquiler, una de las medidas más controvertidas de la ley y que el Gobierno y sus socios siguen negociando para terminar de perfilar.

Por ahora, según el texto del anteproyecto, las comunidades autónomas podrán acotar los precios en las zonas tensionadas siempre que las viviendas pertenezcan a grandes propietarios con personalidad jurídica (es decir, una empresa).

Para que el límite de los precios pueda aplicarse sobre estos grandes tenedores, la administración competente deberá definir una zona (ya sea una calle, un barrio, un distrito o una ciudad entera) como área de mercado tensionado utilizando una herramienta que Transportes tendrá que desarrollar en el plazo de 18 meses desde la aprobación definitiva.

En España no existen datos oficiales ni estimaciones aproximadas que permitan saber el número de viviendas que se verían afectadas por este cambio en la redacción de la norma. Sin embargo, rebajar este límite “aumentaría” el número de grandes propietarios afectados por la regulación y “permitiría que más familias estuviesen protegidas por el límite a los precios”, defienden fuentes de los socios habituales del Ejecutivo.

Los pequeños propietarios y los grandes tenedores con personalidad física no estarán sujetos a esta limitación, pero sí a una congelación de las rentas que afectará a los nuevos contratos y a los ya firmados.

Más de 400 enmiendas

En las últimas semanas, explican fuentes del Ministerio de Transportes, ha habido “avances importantes” en la negociación prevía al trámite parlamentario. De hecho, “de las más de 800 enmiendas presentadas, ya hay acuerdos para transaccionar más de 400”. Los socios habituales del Gobierno consultados, aunque recuerdan que faltan varios flectos, también confirman estos avances. Por eso, desde Transportes, piden dejar que “los grupos sigan trabajando con discreción. Confiamos en que la ley pueda avanzar en su trámite en las próximas semanas”.

Si varias de las medidas recogidas en el anteproyecto se aprueban, habrá nuevas soluciones habitacionales para las familias vulnerables que vayan a ser desahuciadas, bonificaciones fiscales para los pequeños propietarios que abaraten los alquileres, y una reserva del 30% en las nuevas promociones para la vivienda protegida.

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