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A Fondo
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

¿Por qué no están funcionando los Perte en España?

Las reglas europeas no facilitan su aplicación para transformaciones tan aceleradas; y hay leyes españolas que no sirven en este momento

Esta será la tercera vez que nos centremos en el asunto de los Perte. En la primera entrega nos propusimos enunciar cuatro de los rasgos que deberían enmarcar estos tan importantes mecanismos de transformación de la realidad industrial española, a saber: dimensión, colaboración público-privada, comunicación y objetivos claros articulados en indicadores coherentes. En el segundo artículo pusimos el foco en la necesidad de invertir bien para obtener el máximo rendimiento de esa gran cantidad de fondos.

En esta ocasión, ante la creciente ola de escepticismo y grandes dosis de pesimismo generadas por el decepcionante arranque de los primeros Perte aprobados por el Gobierno –vehículo eléctrico y agroindustria– nos queremos enfocar en identificar algunas de las razones que pueden estar en el origen de este fallo en el objetivo. Y que las cosas no van bien lo refleja con rotundidad el informe que recientemente ha emitido la CEOE, en el que se afirma que solo se han adjudicado inversiones por un importe del 28,29% de los fondos recibidos. Si los fondos no llegan a las empresas, verdaderos motores de la transformación del país, estamos fallando en el objetivo final.

Adicionalmente, algunas recientes campañas de publicidad, relacionadas con las ayudas de Europa, no son precisamente una buena señal de ese enfoque transformador que deben de acompañar a estas medidas. Por el contrario, nos recuerdan con disgusto otros momentos en los que se emplearon de forma equivocada ingentes cantidades de fondos improductivos.

Hay múltiples razones que pueden explicar por qué no estamos avanzando. En este artículo nos vamos a detener solo en tres, y todas ellas tienen que ver con las decisiones que deben tomarse desde los gobiernos y las administraciones públicas. La primera radica en que las reglas europeas que definen este tipo de ayudas no facilitan su aplicación para procesos de transformación tan acelerados.

La segunda, situada en el ámbito de la regulación española, se identifica en la permanencia de un conjunto de leyes –la Ley General de Subvenciones como ejemplo– que no sirven para la ambición de cambio que exige este momento. La tercera tiene que ver con cómo están concebidas las convocatorias en las que se invita a las empresas a sumarse a estos procesos competitivos.

Empezamos por la existencia de los fondos Next Gen EU, que se rigen por las reglas europeas de las ayudas de Estado y el Reglamento de Exención por Categorías. Ambos documentos marcan límites a las ayudas, plazos para su concesión, etc. que no se ajustan a las necesidades de un proceso transformador tan radical como se plantea en su declaración política. Con esas reglas, las empresas encuentran muchos problemas para encajar sus aspiraciones con las exigencias de las convocatorias. La próxima responsabilidad de España como responsable de la Presidencia de la UE, el segundo semestre del año, debería de ser una ocasión perfecta para poner sobre la mesa de los 27 la revisión de aquellas normas que no nos permiten emplear sus propios fondos para la transformación de nuestro entramado empresarial. Elementos como el efecto incentivador, las definiciones de empresas en crisis y una larga lista de asuntos que bloquean los procesos de asignación competitiva, deberán ser revisados con urgencia si se quiere que los cuatro años que les restan a los Perte acaben por ser tan beneficiosos como todo el mundo desea.

En el ámbito estrictamente nacional también caben, sin duda alguna, urgencias reformistas de gran calado. Seguimos siendo dirigidos por una Ley General de Subvenciones que parece diseñada para impedir el efecto incentivador que la herramienta de las ayudas públicas debería perseguir. No hay duda de que dicha Ley se concibió en un entorno y bajo unas premisas que la solución dada por Europa a la última crisis ha puesto en cuestión.

En el Real Decreto de diciembre del 2020 se enunciaban un importante paquete de medidas de reforma en la gestión pública de las ayudas empresariales junto con imprescindibles elementos de mejora de la burocracia. De forma incomprensible, muchas de esas propuestas siguen sin aplicarse sin que se den las explicaciones suficientes de por qué; tras concebirlas, se ha renunciado a su puesta en marcha.

Tratar de transformar algo sin tocar las regulaciones que se diseñaron para un contexto y un tiempo distinto no deja de ser un empeño frustrante, además de un dispendio de oportunidades imperdonable. Cámbiese ya lo que todos saben que no funciona y constrúyase urgentemente una nueva forma de relacionarse con el mundo empresarial innovador.

Para terminar con estas propuestas de cambio regulatorio en Europa y en España, un último elemento de más corto plazo: los instrumentos que tienen que utilizar las empresas para participar. Se sigue con las convocatorias urgentes, desconectadas las unas de las otras, provenientes de ministerios que no se han coordinado lo suficiente, dando como resultado una maraña de llamadas que las empresas tienen problemas para atender, y lo que es peor, pueden provocar que algunas de las más activas en el sector innovador estén dejando de atenderlas para recurrir a mecanismos más previsibles, conocidos, que les permitan no dispersarse.

Ahora se parte de la necesidad de justificación ex ante de todo lo que se persigue hacer, añadida por una burocracia que asfixia a los solicitantes, pidiendo documentos que la Administración tiene y podría obtener de sus propias bases de datos. Se debería pasar a la identificación de los proponentes basados en sus datos históricos, el cumplimiento de las propuestas acordes con las reglas previstas y una auditoria ex post sobre lo ejecutado y con la asignación de responsabilidades graves a aquellos que en su aplicación o bien no se hubiesen ajustado a lo expuesto o también hubieran caído en la tentación de alterar el fin para los que se solicitaron las ayudas.

Grupo de Reflexión de Ametic

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