La Audiencia profundiza en el blanqueo de la ‘criptoestafa’ de Arbistar
El juez interrogará a cuatro colaboradores directos de la red que presuntamente defraudó más de 100 millones de euros.
El 'caso Arbistar' iniciará el año 2023 dando nuevos pasos. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha preparado para enero una importante ronda de interrogatorios, en la que tomará declaración a cuatro estrechos colaboradores de una de las mayores estafas en inversiones con criptomonedas, que ha dejado un saldo negativo de más de 100 millones de euros y a más de 30.000 perjudicados en varios países del mundo. El magistrado tenía pendiente estas declaraciones desde que asumió el caso hace ya más de un año y medio, si bien ha considerado oportuno hacerlo ahora, lo que supondrá entrar de lleno en la segunda vertiente en la que se centran las pesquisas: el presunto blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos.
Con el mismo 'modus operandi' que las conocidas estafas piramidales, y que todas las 'macroestafas' con critpomonedas que se investigan en distintos juzgados de España (con especial protagonismo en la Audiencia Nacional), hizo negocio la empresa Arbistar, liderada por Santiago Fuentes junto a sus socios Diego Felipe Hernández Nojarova y Viktor Alexandre Walter Frantz, los dos últimos en busca y captura. En primer lugar, ofreció a potenciales clientes una atractiva rentabilidad que rondaban entre el 8 y 15% mensual por invertir en diversos mercados específicos de divisas virtuales, como Kraken o Binance. Unas ganancias que al principio eran reales y que permitió dar el segundo paso: la difusión del éxito a través del 'boca a boca'.
Sin embargo, todo era un "montaje", tal y como afirmó el juez instructor en la resolución en la que aceptó asumir la investigación en abril de 2021, pues "en la medida que se incrementa el capital recibido, aumentan exponecialmente la necesidad de nuevos ingresos para abonar los intereses convenidos". Y eso fue lo que llevó al fracaso a Arbistar, que dejó afectados en prácticamente todo el territorio nacional, así como en Panamá, Chile, Bélgica, Portugal, Uruguay, Italia, Argentina, Reino Unido, Venezuela, Bulgaria, Cuba, México y Estados Unidos.
Dos piezas separadas
Ya con las pesquisas bajo la supervisión de la Audiencia Nacional -la causa se inició siete meses antes en un juzgado de Arona (Tenerife)-, el juez instructor José Luis Calama decidió dividir en dos el procedimiento para investigar, por un lado, los presuntos delitos de estafa agravada y organización criminal; y, por otro lado, los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. El motivo de hacer dos piezas separadas responde a que la necesidad de librar comisiones rogatorias para requerir información a otros países puede alargar la tramitación del proceso.
De hecho, la primera parte de la instrucción, la relativa a la presunta estafa y a la organización de un entramado para llevarla a cabo, está mucho más avanzada. Y por ello, la representación legal de más de 3.000 afectados -defendidos por el despacho Aránguez Abogados- instaron al juez a que la mandara ya a juicio. La petición fue rechazada por el magistrado instructor, y avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al entender que las pesquisas deben continuar, al menos, otros seis meses (hasta abril de 2023) por el "carácter especialmente complejo" de los hechos y a la espera de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las características técnicas de 'Community Bot', el programa informático utilizado para obtener ganancias en el mercado de criptomonedas y que, según los investigados, provocó el "colapso" del sistema de inversión.
Bajo este contexto, el juez Calama ha acordado citar a declarar el próximo 18 de enero a cuatro personas allegadas a los 'cabecillas' de la trama Arbistar, de acuerdo a una providencia -resolución no razonada- dictada el pasado 23 de diciembre, a la que ha tenido acceso Cinco Días. En concreto, se ha llamado a comparecer a Jenifer López González, Ivone Fuentes Berloso, Nasci María Álvarez Pérez y Edgar Álvarez Pérez, quienes están imputados desde el inicio del procedimiento y que ya comparecieron ante la juez de Arona que dio los primeros pasos de la investigación. Sin embargo, hasta entonces nunca habían sido convocados por la Audiencia Nacional.
Bloqueo de cuentas y embargo de coches
Fuentes jurídicas conocedoras del proceso apuntan que el magistrado instructor ha entendido que ahora es el momento correcto para escuchar a estos colaboradores de Arbistar -que al tener la condición de investigados tienen la opción de acogerse a su derecho a no declarar-, cuya participación estaría vinculada con la presunta actividad llevada para blanquear capitales, según consta en el sumario de la causa.
Para obtener información suficiente sobre estos hechos, el magistrado de la Audiencia Nacional solicitó el apoyo judicial de las autoridades de Reino Unido, Hong Kong e Islas Caimán para poder acceder a todos los datos que existan sobre personas físicas y empresas vinculadas con la sociedad Arbistar en distintas plataformas de criptomonedas, como Crypto.com, Coinbase y Cro Dax Limited. También requirió el bloqueo de todos los productos relacionados con la empresa investigada.
Por último, el juez también trata de garantizar que los afectados puedan recuperar las cantidades perdidas, en caso de que el procedimiento judicial finalice con una sentencia condenatoria. Para ello, a lo largo de los casi dos años de instrucción, ha acordado ya recaudar unos 50 millones de euros mediante el bloqueo de cuentas bancarias y la venta de coches de alta gama a nombre de los socios de Arbistar o de la propia empresa.
