Bruselas pondrá freno a la evasión fiscal derivada de operaciones con criptoactivos

Para ello se va a modificar la directiva de cooperación administrativa para que el intercambio de información con Hacienda sea una realidad

Representación del bitcoin.
Representación del bitcoin.

Europa quiere poner freno a cualquier posibilidad de evasión fiscal que pueda llevarse a cabo dentro de su territorio y para ello va a tomar una serie de medidas que ejerzan un papel disuasorio. La realidad digital, el anonimato y la gran variedad de productos financieros abren un amplio abanico para poder evadirse de las obligaciones fiscales.

Precisamente por esta realidad, la Comisión Europea ha propuesto obligar a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a informar de las transacciones efectuadas por residentes en la Unión Europea con el fin de luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación en unas operaciones ahora difíciles de trazar.

"El anonimato, el hecho de que hay más de 9.000 criptoactivos diferentes disponibles y la inherente naturaleza digital de su comercio significa que muchos usuarios de criptoactivos que están teniendo grandes beneficios escapan al radar de las autoridades tributarias nacionales", justificó la medida el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, al presentar la propuesta.

Para atajar el problema, Bruselas propone enmendar la directiva de cooperación administrativa, la denominada DAC8, para extender a este sector las normas que exigen intercambiar información con fines tributarios, de modo que Hacienda tenga la información necesaria para que estas ganancias tributen "como ocurriría con cualquier otro activo financiero", explicó el comisario.

De esta manera, los proveedores de servicios con criptoactivos, independientemente de dónde tengan su sede y de su tamaño, serán sujetos obligados a informar de las transacciones de clientes que residan en la Unión Europea, ya sean operaciones nacionales o transfronterizas.

Estos proveedores son plataformas que permiten la compraventa, gestión, custodia o transferencia, entre otros servicios, de activos como las criptodivisas o las criptofichas de inversión (security tokens).

Pero el control de Bruselas no acabará aquí, ya que en algunos casos, esta norma se aplicará también a las transferencias de NFT (tokens no fungibles), un mercado creciente y que está llamado a tener un importante auge en los próximos años, si bien será necesaria una regularización de la que a día de hoy carecen. El arte, el ocio o el deporte están siendo un campo abierto a la tokenización y de ahí su importancia en el futuro.

La propuesta comunitaria prevé demás exigir a las instituciones financieras que informen sobre las operaciones con dinero electrónico y divisas digitales emitidas por bancos centrales, que técnicamente no son consideradas criptoactivos.

Estas normas complementarán la nueva legislación que regulará por primera vez el mercado de criptoactivos en la UE (MiCA, en inglés), que entre otras cosas obligará a los proveedores de servicios a obtener una autorización para operar en el bloque comunitario y les hará responsables de las pérdidas que puedan sufrir sus inversores, pero no incluye disposiciones en materia tributaria.

Se enmarcan así en los esfuerzos de Bruselas por poner orden en un mercado que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que, en gran medida, sigue sin regular, dejando desprotegidos a los usuarios si se dan casos como las recientes quiebras de las empresas de criptomonedas FTX, Celsius o BlockFi.

Acuerdos transfronterizos

Más allá de incluir al sector de criptoactivos en el alcance de la directiva, Bruselas quiere aprovechar la modificación de la misma para poner coto también a los acuerdos tributarios transfronterizos que algunos Estados conceden a individuos muy ricos.

En concreto, los Estados tendrán que intercambiar la información fiscal sobre los acuerdos de este tipo que hayan sido firmados, renovados o enmendados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025 con personas que tengan un mínimo de un millón de euros en patrimonio de inversión o en activos bajo gestión, sin incluir la vivienda principal.

Se prevé además que los Estados tengan que fijar sanciones mínimas para los casos graves de incumplimiento de estas obligaciones, por ejemplo cuando no proporcionen los datos tras varios recordatorios.

Con ello, la UE alinearía sus normas con la regulación sobre criptoactivos acordada a nivel internacional en el marco de la OCDE y el objetivo es que entre en vigor en 2026, una vez haya recibido el visto bueno de los Estados miembro.

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