Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La compleja tarea de desactivar el ‘dumping’ fiscal dentro de la UE

La combinación de la sofisticada ingeniería que desarrollan las grandes multinacionales para optimizar su factura fiscal y la flexibilidad de una economía abierta y globalizada se ha convertido en una vía de agua para los ingresos fiscales de muchos países. España, por ejemplo, deja de recaudar cada año casi 4.300 millones de euros por la elusión fiscal practicada por los grandes grupos multinacionales, que desvían parte de sus beneficios hacia paraísos fiscales y territorios de baja tributación al aprovechar con habilidad los recovecos y las grietas de la legislación tributaria. Según los últimos cálculos de la National Bureau of Economic Research (NBER), un think tank estadounidense, la Hacienda española perdió en 2019 el equivalente al 18% de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, un roto de 4.266 millones de euros que equivale al 2% de todos los ingresos tributarios. Pero no fue la única. Reino Unido dejó de recaudar ese mismo año el equivalente al 32% de lo que ingresa por Sociedades, Alemania, el 29%; Francia, el 22% e Italia un 18%. La cara opuesta de la moneda la representan los territorios de baja tributación, que recibieron unos 913.000 millones de los mercados emisores. Tan solo Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Suiza, todos ellos territorios de baja tributación, reciben en conjunto casi 465.000 millones.

Con estas cifras sobre la mesa, no es difícil comprender por qué la decisión de poner límites a la optimización fiscal de las grandes multinacionales equivale casi a ponerle el cascabel a un gato escurridizo y veloz. Se trata de un debate abierto desde hace décadas y en el que entran en juego una enorme conjunción de intereses muy diversos, no solo por parte de las multinacionales, sino también de los territorios y países de baja tributación. La iniciativa de Bruselas para aplicar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades en Europa, que ha sido sucesivamente bloqueada por algunos Estados miembros, constituye un buen ejemplo de la dificultad de armonizar unas reglas fiscales que benefician a unos mientras perjudican a otros. El proyecto de Bruselas consiste en gravar con un tipo mínimo del 15% a las multinacionales con ingresos de más de 750 millones que tengan una filial o empresa subsidiaria en algún país de la UE con el fin de neutralizar la competencia fiscal en la región. Se trata de un porcentaje inferior al tipo efectivo aplicado en algunos países, entre ellos España, donde en 2021 este fue del 21,4%, pero superior al de los territorios fiscalmente laxos. La clave para que funcione no solo está en las normas de compensación entre unos y otros, sino en la limitación de unas deducciones que pueden vaciar de contenido efectivo la propuesta.

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