El derecho subjetivo a la empleabilidad (y otros retos)

La reforma de las políticas de empleo se está llevando a cabo de forma fragmentada y poco efectiva: urge acometer una revisión integrada e integral

Entre las reformas previstas –y requeridas– del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia previstas por el Gobierno se encuentra la revisión de las políticas de empleo. Según los documentos publicados en su momento, se trataba de impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo mediante el aumento de la productividad y el crecimiento potencial de nuestro país.

La reforma de las políticas de empleo se está afrontando de forma fragmentada y quizás por ello, poco efectiva, porque sería más coherente una revisión integrada e integral que permitiera esa visión amplia y reformista que requiere esta cuestión. En contra de ello, se está llevando a cabo de forma seccionada, como si de cuestiones inconexas se tratara. Se empezó con la reforma laboral ya conocida. Y se quiere seguir con la revisión de las prestaciones por desempleo que no ha visto la luz aún, otra propuesta para revisar la formación en el trabajo –la formación a demanda o continuada–, al margen de la Ley Orgánica de Formación Profesional publicada en enero y, por último, con la Ley de Empleo, cuyo trámite se está ultimando ya en el Congreso de los Diputados.

A falta de esa revisión integral, la tramitación de esta ley, de la que se están gestando los consensos para su aprobación, debería recoger algunos de los mecanismos para resolver la paradoja 80-20 de nuestras políticas de empleo. Es decir, resolver ese peso descompensado entre la inversión en políticas de prestación o pasivas (80%) y las políticas activas (20%) y que nos distancia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno.

Si se comparte que el trabajo es la mejor política social de un país desarrollado, cuando este trabajo es de calidad, deberíamos asentar en el catálogo de derechos subjetivos la empleabilidad de las personas. Un derecho que debe garantizarse luego con el catálogo de servicios y prestaciones de servicio que permitan avanzar en su contenido, asegurando los recursos públicos para hacerlo realidad. La empleabilidad como conjunto de competencias y cualificaciones que refuerzan las oportunidades de las personas para progresar hacia un empleo de calidad, progresar profesionalmente, porque el progreso profesional conlleva mejorar la integración social y la autonomía de las personas.

Pero es cierto que los derechos subjetivos aseguran una orientación al resultado, y también lo es que la empleabilidad depende en gran medida de la voluntad por parte de las personas de asumir, integrar, colaborar en aquello que fomente su integración laboral. Por ello ese derecho subjetivo debería conformarse a su vez como un deber. El deber a ser corresponsable del uso de las políticas públicas para mejorar en la medida de lo posible el incremento de la probabilidad de ser empleable. Así las cosas, y si se comparten los conceptos, podría ser finalidad de las políticas de empleo garantizar el derecho subjetivo de las personas a la empleabilidad, y a su vez, regular el deber de estas y su corresponsabilidad con el uso de las políticas públicas para el ejercicio activo de ese derecho, de su compromiso con su integración laboral.

El ejercicio corresponsable de ese derecho, el deber, su ejercicio activo, conlleva que las personas asuman el uso racional de las políticas públicas que le den sentido, ampliando la capacitación, asumiendo los aprendizajes, y orientándolas hacia la búsqueda activa de nuevas oportunidades de empleo.

Si apuntamos hacia ahí, quizás estemos orientado mucho mejor nuestras políticas de empleo y de la apuesta por la activación de las personas para resolver problemas estructurales poco razonables para una economía desarrollada, como ocurre con la alta tasa de desempleo de España, y a su vez, la falta de cobertura de vacantes en muchos sectores de actividad. No podemos dejar pasar la oportunidad y las exigencias de un nuevo marco para el progreso económico y social sin conjurarnos para asumir un nuevo enfoque, más lógico y coherente.

Como tampoco puede obviarse la necesaria perspectiva integral que deben tener las políticas de empleo. Y para ello podríamos avanzar hacia un expediente administrativo único que pudiera recoger y monitorizar las políticas de formación y orientación, las prestaciones y subsidios, los compromisos y obligaciones de los beneficiarios. El actual marco de distribución de competencias entre administraciones en materia de políticas activas y pasivas, e incluso, sociales, no lo favorece. Deben romperse los compartimentos estancos de información para transitar hacia un expediente único e integral para que los profesionales de la orientación puedan desarrollar sus cometidos con la suficiente información cuantitativa y cualitativa. La orientación, que podría ser de cabecera si llegáramos a los ratios de profesionales que tienen otros países, debería ser también un elemento troncal en las políticas de empleo. Una orientación que ayudara a una mejor vinculación de las políticas de empleo y la empleabilidad. Sin menoscabo de la trazabilidad imprescindible que debería regir cualquier política pública.

Las políticas de empleo sufren demasiado a menudo del déficit de identificación del resultado objetivo conseguido, del retorno tangible de la inversión como identifican a los informes de evaluación. En la época de la transformación digital debería apostarse por introducir mejoras en los sistemas de información, en los programas y convocatorias para resaltar los logros y mejorar su diseño a futuro.

En todo caso, progresemos más adecuadamente o menos en materia de reformas, en algún momento puede pasarnos que alguien en la Unión Europea se pregunte por qué si bien mantenemos ciertas dosis de resiliencia y aún creamos tímidamente empleo, seguimos teniendo un porcentaje irracional de desempleo para un país que pretende situarse entre los más y mejor desarrollados. Intentemos resolverlo porque progresar en trabajo es progresar económica y socialmente.

Josep Ginesta es Profesor de OBS Business School y Secretario General de Pimec