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A FONDO

Calviño, Yolanda Díaz y el acuerdo hipotecario del que nadie presume

La ministra de Asuntos Económicos utilizó la baza de la vicepresidenta segunda y el fantasma de Podemos para atraer a los bancos a su causa

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno.
Samuel Sanchez (EL PAÍS)

21 de noviembre. Pasadas las 23 horas, al menos con nocturnidad, el Gobierno desvela que hay acuerdo con la banca para aliviar la carga de los hipotecados más vulnerables. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quería el plan listo para presentarlo en el Consejo de Ministros del martes, día 22. Desde el viernes anterior, la Asociación Española de Banca (AEB) había decretado la ley del silencio. Ni una palabra que pudiera hacer descarrilar un pacto cocinado a fuego lento y en el que el sector financiero se jugaba mucho dinero en función de la clasificación de los nuevos préstamos dudosos y el nivel de provisiones que implicaran en sus balances. Esa dialéctica marca las discusiones en el tiempo de descuento.

El día D, con los ujieres de la Avenida Puerta de Hierro preparando los detalles del cónclave ministerial que certificara las medidas, los próceres de la banca están citados para un foro financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y el diario ABC. Paradojas del destino. Preguntados por el pacto cerrado la noche anterior, la sensación que transmiten es que la rúbrica se ha producido a regañadientes. Al punto de dejar en el aire su compromiso con las medidas. El más categórico es José Antonio Álvarez, CEO del Santander, que insiste en que aún pueden producirse algunos cambios. Las especulaciones se disparan. ¿Ha actuado el Gobierno de forma unilateral? ¿Se plantean los bancos no adherirse al acuerdo? ¿Por qué no se ha aprovechado tan magna ocasión para escenificar en rueda de prensa una alianza que supone una pica en Flandes para las entidades y que demuestra que, como quiere el Ejecutivo, “arriman el hombro”?

La realidad es que nunca hubo dudas sobre la consecución del acuerdo. Si Álvarez, expresando un sentir general, mostró ciertas cautelas, lo hizo porque quería leer el real decreto y si éste había respetado en la letra pequeña el perímetro de las hipotecas susceptibles de caer en stage 3, la calificación que obliga a una mayor vigilancia, provisiones y la que provoca un drenaje real de los balances. Aquí no había segundas lecturas. Mejor pista es la que tiene que ver con la orquestación del proceso. Desde luego, los calendarios de los interesados no coincidían. Para la banca, la mora no era lo suficientemente elevada como para tomar decisiones precipitadas. Mejor esperar y ver. El Ministerio de Asuntos Económicos, en cambio, anticipó la jugada y tenía prisa. No por casualidad Calviño, el día 17, dio de plazo a los bancos apenas una semana para cerrar la cuestión.

“Nadia lo ha hecho muy bien -se confesaba un alto ejecutivo inmerso en las conversaciones horas después de llevarlas a buen puerto-. Es difícil hacerlo mejor. Cuando vio que la cuestión se enfangaba, hizo saber al sector que iba en su propio interés remar en favor del acuerdo precisamente ahora, sin demorarlo mucho. Se dejó claro desde su entorno que era mucho mejor ceder con ella antes que esperar a que Yolanda Díaz y Podemos intervinieran si empeoraba la morosidad y la contestación social. El mensaje vino a ser: ‘Como cojan oxígeno nuestros socios, les da igual lo que tengáis que provisionar’”. Desde otro banco se despejan dudas en la misma dirección. “El grueso del acuerdo estuvo cerrado desde muy pronto, mucho antes de la noche en que de filtró”, subrayan. Cuestión aparte es que faltara decidir flecos del perímetro y que a ninguno de los implicados les interesara aparecer hermanados en el pacto. Unos banqueros en apariencia exultantes no era la mejor carta de presentación para Calviño dentro del propio Gobierno de coalición.

“Es sustancialmente mejorable”, dijo Yolanda Díaz al conocer el arreglo, antes de cargar sin ambages contra la banca. “A día de hoy, los beneficios estimados de las entidades financieras por el incremento del euríbor ascienden a 8.000 millones de euros, ergo, las entidades financieras se están beneficiando como munca de la subida de los tipos de interés”, expuso. No se quedó ahí la vicepresidenta segunda, por si a alguien le quedaba alguna duda. “¿Las medidas que se adoptan sirven para que se repartan las cargas de la crisis? Creo que no. Son en todo caso un alargamiento del tiempo de la hipoteca con distintas duraciones, pero con los mismos tipos de interés, que se han incrementado (...) ¿La banca se compromete con su país y hace un pequeño sacrificio? No”, remachó. Un parlamento con destinatario no muy oculto y de suficiente calado como para que las entidades respiraran aliviadas mucho que en algún momento pudieran considerar el acuerdo innecesario.

En el proceso, Calviño contó con un aliado al que no ocultó su agradecimiento durante la presentación del Código de Buenas Prácticas ampliado. “Es muy importante que CaixaBank lidere con su ejemplo y que el resto de entidades lo sigan”, se argumentó. De hecho, fue el propio Ministerio el que informó por sorpresa de la adhesión al documento de la entidad que preside José Ignacio Goirgolzarri. Nadie en el sector olvida que, aunque el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, reporta a la Fundación La Caixa como primer accionista (30%), su segundo referente en el capital desde la absorción de Bankia es el propio Estado, representado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (16%). Una razón más que suficiente para ser sensible a las necesidades de los poderes públicos y los gobiernos.

El acuerdo entre el Ejecutivo y la banca para aligerar el golpe de los tipos en los colectivos más vulnerables pone en alerta sobre cuestiones de fondo. En primer lugar, si hay un millón de hipotecados susceptibles de pasar dificultades por la crisis que viene, no conviene minimizar el impacto de la misma. Y en segundo, queda claro que se acaba el tiempo de las soluciones pactadas. En la medida en que el discurso de los partidos se endurezca según avance el año electoral, será más difícil encontrar puntos de encuentro sin asumir un coste en términos de votos, mucho más en sectores como la banca, con la reputación especialmente tocada. Por delante, la reforma de las pensiones, con una propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya sobre la mesa. Díaz ha alertado de que implica un recorte de derechos. Batalla a la vista.

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