Bruselas debe ayudar a desbloquear la red eléctrica submarina entre España y Francia

El fuerte encarecimiento que han experimentado los bienes de equipo y los materiales de construcción en general está obligando a revisar el coste de numerosas infraestructuras, hasta el punto de poner en cuestión la viabilidad de los proyectos. Es el caso de la futura interconexión eléctrica submarina entre España y Francia a través del Golfo de Vizcaya, cuyas obras estaba previsto iniciar en 2024 y que supondrá la creación de 6.800 empleos y la generación de un PIB de 400 millones. El despliegue de la línea submarina, que duplicará la capacidad actual de interconexión eléctrica entre ambos países, desde 2.800 MW a 5.000 MW, forma parte de la lista de Proyectos de Interés Común (PIC) de la UE y pretende reforzar la calidad y la seguridad del suministro. Un objetivo que, en el contexto de la crisis energética actual, cobra una importancia sustancial.

La factura del encarecimiento de los materiales supone el 50% del coste inicial de ejecución de las obras, lo que eleva el montante total hasta 2.700 millones de euros, todo ello sin haberse iniciado todavía los trabajos y en el marco de un tenso pulso entre la CNMC española y el CRE francés para resolver cómo repartir ese sobreprecio. El acuerdo inicial del proyecto asignó un 30% del coste a Bruselas, un 43% a España y el 27% restante a Francia, tras una difícil negociación que se saldó con una solución que no fue pacífica entonces y cuya revisión no parece que pueda serlo ahora. Aunque la línea de interconexión submarina beneficiará de forma importante a España, el montante de la factura debe ser razonable y equilibrado, más aún cuando este tipo de infraestructuras constituyen activos regulados cuya inversión pagan los consumidores en su factura vía peajes.

La negativa de Bruselas y de París a aportar un euro más a costear la futura interconexión amenaza con congelar la ejecución del proyecto y retrasarla varios años, a menos que se consiga llegar a un acuerdo que garantice su viabilidad. España parte de una situación de desventaja en las negociaciones, dada su inferioridad en términos de interconexión respecto a Francia. Pero en ese difícil equilibrio de intereses, Bruselas puede y debe asumir un papel clave en calidad de impulsora de una política energética común que pretende construir una respuesta cohesionada a la crisis actual y avanzar hacia un nuevo modelo de suministro menos dependiente y más sostenible. Tanto España como Francia deben asumir el reto de mirar más allá de los intereses nacionales y esforzarse para sacar adelante un proyecto cuyo fracaso supondríaabrir una grieta más en el deficiente edificio de la política energética europea.