Una cooperación al desarrollo con más presencia empresarial española

El tipo de proyectos financiados por España en este ámbito apenas permite que haya compañías nacionales adjudicatarias, en contraste con otros países

Si tuviéramos que juzgar la relevancia de un sector económico o de un área de actividad institucional en función del número de noticias que generan, es evidente que la ayuda financiera que presta España a los países en vías de desarrollo no se encontraría entre los asuntos más descollantes. Y la razón puede que estribe en que tampoco estaríamos extrayendo de esta importante herramienta de solidaridad con las naciones menos favorecidas todo su potencial en términos de imagen y de prestigio internacional para nuestro país y nuestro sector productivo, como de hecho hacen la mayor parte de los países occidentales, muchos de los cuales nos aventajan además en recursos financieros puestos al servicio de este campo.

Pese a ello, la actual discusión de una importante modificación del modelo de cooperación oficial al desarrollo de España, al hilo de la tramitación en el Parlamento del proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, constituye una excelente oportunidad para revisar nuestro modelo y, a la vista de sus resultados, manifiestamente mejorables, tratar de homologarlo al de nuestros socios europeos y al de los países más desarrollados del mundo.

El modelo de cooperación oficial al desarrollo de España data de una ley de 1998 que ha quedado obsoleta, entre otras razones por ser muy anterior a los principales consensos internacionales hoy vigentes, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, en lo que respecta al campo de la cooperación financiera, nuestra actuación se ajusta a una ley del 2010, mediante la que se creó el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Precisamente, este fondo es un punto importante en el actual debate y concita propuestas de modificación.

Actualmente, la lista de países beneficiados por la ayuda al desarrollo que despliega España se eleva a 65, y en el último plan de actuación, que finalizó el pasado año, figuraban un total de 33 países, mayoritariamente de África, Latinoamérica y, en menor medida, de Asia y Oriente Medio. Por lo general, la contribución española se articula mediante operaciones de crédito o subvenciones de valor muy reducido (menos de 2 millones de euros) y muy dispersas entre países.

Pues bien, con independencia del esfuerzo financiero que realiza España en este campo, todavía muy distante del 0,7% del PIB que consensuó la Asamblea General de la ONU hace medio siglo, una de las principales críticas que se formulan a nuestro modelo de cooperación financiera ha sido su incapacidad para generar una cartera propia de proyectos. En su lugar, lo que España ha hecho ha sido cofinanciar iniciativas identificadas y gestionadas por otras instituciones principalmente multilaterales, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Otro déficit relevante que arrastraría nuestro modelo es la escasa presencia de empresas españolas en la ejecución de los proyectos a los que España ha aportado financiación. Si bien la AECID no elabora estadísticas sobre esta cuestión, el análisis que nuestra organización ha realizado sobre este asunto pone de relieve que el tipo de proyectos financiados por España apenas permite que haya empresas nacionales adjudicatarias. Esta situación contrasta con la práctica de países como Francia, Alemania o Japón, que definen muchos de los proyectos objeto de ayuda teniendo en cuenta las capacidades y experiencias de su tejido productivo, lo que constituye además un valor añadido para los mismos.

España cuenta con numerosas empresas que acreditan una larga experiencia y reconocido prestigio mundial en diversos sectores necesarios para el desarrollo económico y social, como energía renovable, agua y saneamiento, infraestructuras de transporte, sanidad y hospitales o almacenamiento y conservación de alimentos, por citar solo algunos. Por tanto, el objetivo a perseguir con la actual reforma de la de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global debería ser, entre otros, que todo ese know-how y experiencia fuesen puestos al servicio de nuestra acción solidaria en el exterior.

No obstante, la consecución de ese objetivo pasa por la consignación de fondos, en forma de asistencias técnicas de carácter no reembolsable, que permitan disponer de estudios y análisis que favorezcan la toma de decisiones vinculadas a los objetivos nacionales españoles. Asimismo, la revisión del actual marco regulatorio debería servir para imbuir de una mayor agilidad operativa a nuestra acción solidaria en el exterior por la vía de reducir burocracia y complejidad en la toma de decisiones. A propósito de este aspecto, un debate pendiente es analizar si no valdría la pena, como ocurre en otros países de nuestro entorno, dotar a los organismos que intervienen en este campo de una personalidad jurídica propia.

En definitiva, tenemos una oportunidad de oro para homologar nuestro modelo de cooperación oficial al desarrollo con el de algunos de los países más avanzados del mundo. Estos emplean su capacidad de actuación en este ámbito para mejorar las condiciones económicas y sociales de la población en los territorios beneficiarios de la ayuda; pero además los convierten en un importante ariete para potenciar su imagen como país y colaborar con su tejido empresarial, impulsando con ello de manera conjunta la acción y la responsabilidad social.

Antonio Bonet/ Patricia Sanz son Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles/ directora ejecutiva de Exportun y coordinadora del grupo de trabajo de Cooperación y Proyectos Sociales del Club de Exportadores e Inversores Españoles