Cos pide la desindexación de las pensiones a la inflación y que solo se incrementen las mínimas

El Banco de España se manifiesta a favor de una revisión integral del gasto público y del sistema impositivo

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Incertidumbre fue una de las palabras que más empleó en gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en el Congreso de los Diputados. Y es que esta incertidumbre es la que se refleja, por ejemplo, en la dispersión de las perspectivas económicas a un año vista para el área del euro, que vaticina que el escenario para el PIB podría llegar a una contracción del 0,9% para 2023, mientras que la inflación podría ascender hasta el 6,9%.

Estos riesgos sobre los escenarios centrales de proyecciones en todo caso están orientados a la baja en el caso del crecimiento económico y al alza en materia de inflación, algo a lo que la economía española no puede escapar.

El gobernador del Banco de España aprovechó su intervención para lanzar “su receta” a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Su mensaje, en el ámbito estrictamente presupuestario, se movió en la consideración de que las medidas de estímulo que puedan adoptarse por parte del Ejecutivo “deben focalizarse exclusivamente en los más vulnerables y ser de carácter temporal”.

Con ello, según el gobernador se evitaría que este gasto pudiese consolidarse en el tiempo generalizándose, lo que acarrearía incrementos adicionales del déficit público estructural, que sitúa en el 3,4% del PIB, lo que además alimentaría nuevas tensiones inflacionistas, deteriorando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Pese a todo, Cos señaló que las distintas medidas adoptadas por el Gobierno para contener los efectos del aumento de los precios han reducido la inflación en agosto (10,5%) en algo más de 3 puntos porcentuales, siendo el mecanismo para limitar el precio del gas utilizado en la generación de electricidad la medida con mayor impacto, con una reducción en el IPC superior a 1 punto porcentual.

Cos consideró capital que en paralelo se lleve a cabo el diseño de una estrategia de consolidación fiscal cuya ejecución “permita reducir las vulnerabilidades de las cuentas públicas, al tiempo que se reconstruyan los márgenes fiscales. El gobernador del Banco de España se mostró partidario además de una revisión integral del gasto público, así como del sistema impositivo, de forma que se mejore la eficiencia y su contribución al crecimiento económico.

Fue más incisivo en su intervención cuando advirtió de que los excedentes recaudatorios derivados de la inflación no serán permanentes en el tiempo y por tanto no deben tratarse como tales, por lo que “no convendría asociar partidas de gasto permanentes al mantenimiento de dicho vigor recaudatorio”, por lo que reclamó una “aproximación prudente a la programación presupuestaria” para los próximos años, es decir, que no se consoliden a futuro partidas de gastos que ahora pueden financiarse con un incremento de los ingresos, no permanentes en el tiempo.

El Banco de España calcula que la revalorización de las pensiones y la subida de los salarios públicos prevista para 2023 elevará el gasto público en unos 21.300 millones de euros, de los que 15.000 millones serán para las pensiones y otros 6.300 millones para la remuneración de los asalariados públicos. Un gasto que se consolida en el sistema y por ello aprovechó para pedir que se proceda a una desindexación de las pensiones a la inflación, de forma que solo se incrementen las mínimas.

De esta manera considera que se lanzaría un mensaje más acorde con el pacto de rentas por parte de la Administración. Especialmente si, como dijo en su intervención, las tendencias que se esperan en los próximos años en España “generarán una presión sobre el gasto público muy significativa asociada al sistema de pensiones”, lo que hace indispensable un análisis específico de los principales aspectos y reformas del sistema.

La subida definitiva de las pensiones se conocerá cuando se publique el dato de inflación de noviembre, dado que la reforma de las pensiones de 2021 contempla que la revalorización anual se haga con la media de las tasas interanuales de IPC de los 12 meses anteriores hasta noviembre.

Pidió que se maximice el impacto transformador de los fondos europeos, a los que calificó de cruciales para la economía española, con una selección cuidadosa de los proyectos, su evaluación continua y la implementación complementaria de un conjunto integral y ambicioso de reformas estructurales que reduzcan los obstáculos que limitan la capacidad de crecimiento de la economía española.

El Banco de España dejará de registrar beneficios este próximo año por la subida de tipos y no podrá realizar la transferencia periódica al Tesoro Público.

La secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, aseguró que España tiene un gran plan de consolidación fiscal no escrito, sino demostrado, que es la senda de reducción del déficit público.

Otros mensajes del gobernador

Coyuntura compleja. Pese a que la información aún es incompleta, según el Banco de España, el crecimiento del PIB español en el tercer trimestre puede ser del 0,1%, lo que implicará una desaceleración desde el 1,5% del segundo. Advierte de que por la elevada incertidumbre el rango de previsiones oscila entre el +0,5% y el -0,5%.

Menor impacto de los fondos europeos. Si en anteriores estimaciones se esperaba que el impacto de los proyectos de inversión asociados a los fondos Next Generation UE sobre el crecimiento económico para este año se aproximase a 1,4 puntos porcentuales, ahora esta cifra se fija en el punto porcentual. Para 2023 las proyecciones lo cifran en 0,6 puntos porcentuales.

De implícito a explícito. Recientemente el Banco de España lanzó el mensaje de que en materia de pacto de rentas se había alcanzado un pacto implícito como consecuencia del traslado contenido a salarios y márgenes empresariales de las presiones inflacionistas. Ayer Cos fue más allá al lanzar el mensaje de que había que alcanzar un pacto explícito que debía firmarse en el marco del diálogo social, con compromisos plurianuales, evitando fórmulas de indiciación automática de salarios o de cláusulas de salvaguarda, para evitar la retroalimentación precios-salarios. Algo que también debería aplicarse en la Administración pública, en pensiones por ejemplo.

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