La política y el auge de Canarias y la caída de Castilla y León

Las proyecciones del INE para 2037 apuntan a que el archipiélago casi duplica su población desde la entrada de España en la UE mientras el interior se vacía

Población en españa en 2037 Pulsar sobre el gráfico para ampliar

Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno creó la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, la oficina de lo importante, que para lo urgente ya están los Presupuestos anuales y sus ministerios. En 2021 presentó el primer plan estratégico a largo plazo para este país, se llama España 2050. En él participaron un centenar de expertos que identificaron nueve grandes desafíos y 200 actuaciones para superarlos. Es un buen manual, pero un año después parece que el riesgo de quedar arrumbado en el desván de Moncloa se ha concretado.

Los nueve desafíos tienen un hilo conductor: los desequilibrios demográficos. España es un país de bajísima natalidad (menos de 1,4 hijos por mujer), elevada esperanza de vida (más de 82 años) y con la población muy mal distribuida en el territorio, ya que se concentra en el litoral mediterráneo y un puñado de grandes ciudades del interior (especialmente Madrid). Por tanto, el espejo nos muestra un país envejecido, lo que implica elevado gasto en sanidad y pensiones, y más de la mitad de la superficie en progresivo abandono. Por eso, el sexto desafío del plan 2050 es “promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible”.

Si los problemas están identificados y las soluciones también, ¿por qué no se ponen en marcha las medidas para solventarlos? Es más, ¿por qué se toman medidas que los agravan? En los últimos meses se han anunciado actuaciones que favorecen a las regiones más pobladas, como son los incentivos fiscales anunciados por Sánchez para Baleares, macroproyectos financiados con fondos europeos como la factoría de baterías en Sagunto, y poco se ha hecho por las zonas en riesgo de despoblación. Al tiempo, se ha empeorado la sostenibilidad del sistema de pensiones al ajustar su revalorización a la inflación sin ninguna discriminar entre las pensiones más bajas y las más altas, algo que ni es equilibrado, ni justo, ni sostenible.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la proyección de la población de España en 15 años y estima que tendrá 51,7 millones de habitantes en 2037, con un aumento de 4,2 millones (8,9%) con respecto a la población actual. Las regiones que más crecen son Baleares, Murcia, Canarias y Madrid, frente a una mayor despoblación de Asturias, Extremadura, Castilla y León y Galicia, y el práctico estancamiento de Cantabria y País Vasco (ver cuadros).

Por tanto, los desequilibrios territoriales se agudizan aún más. Continúa la despoblación del interior y la cornisa cantábrica, mientras crecen los archipiélagos, el litoral mediterráneo y Madrid. La tentación es pensar que esto no tiene remedio, que es una evolución inmanejable. Sin embargo, la comparación entre la evolución de Castilla y León y Canarias muestra que los incentivos políticos nacionales y comunitarios también juegan.

El archipiélago canario de ocho islas y 7.447 kilómetros cuadrados (1,2% de España) tendrá 2,6 millones de habitantes en 2037, con lo que habrá superado a Castilla León (2,27 millones), la región más extensa de España, con 94.226 kilómetros cuadrados, equivalente al 18,6% del territorio.

Cuando España entró en la UE, en 1986, Canarias tenía 1,44 millones de habitantes y Castilla y León, 2,59 millones. Desde entonces, el archipiélago ha incrementado su población en más de 800.000 habitantes, mientras que la región castellanoleonesa ha perdido 210.000. Si a estos datos sumamos las proyecciones del INE, el retrato de 2037 muestra que Canarias habrá aumentado su población en 1,2 millones en cincuenta años y Castilla y León habrá perdido 320.000 habitantes.

Nada es por casualidad. A priori, Canarias no tiene las mejores condiciones para ser una de las regiones más apetecibles para vivir. Es un territorio muy aislado, en medio del Atlántico, frente a la costa de Marruecos, con la que culturalmente no se identifica, y buena parte de su superficie es desértica, lo que obliga a que muchos de los productos básicos tengan que ser traídos de fuera para poder abastecer a los canarios y sus turistas. Castilla y León carece de esos inconvenientes.

Eso sí, Canarias es la zona de Europa con mejor clima y todas las ventajas de ser territorio occidental, como la sanidad, seguridad y calidad y estilo de vida, lo que la convierte en un destino muy atractivo para cualquier europeo con recursos. Salvo el clima, que no es poco, lo mismo y más se puede encontrar en Castilla y León. Entonces, ¿a qué se debe esta evolución tan dispar?

Canarias cuenta con las ventajas geográficas de África y las políticas de Europa. Algo único, que ha sido especialmente diferencial tras la incorporación de España a la UE. La normativa europea otorga a esta región la consideración de ultraperiférica, lo que le permite gozar de unas ventajas fiscales (impuesto de sociedades del 4% e IVA del 7%) que la convierten en una especie de paraíso fiscal, de manera que su atractivo vaya más allá del turístico.

Si el desafío es “desarrollar un modelo territorial, equilibrado, justo y sostenible”, como dice el Plan España 2050, ¿cómo encaja con que se prime fiscalmente a una región que ya tiene una alta densidad de población y necesita importar todo tipo de productos básicos? ¿No tendría más sentido aplicar medidas de discriminación fiscal positiva a las regiones del centro y norte de España en riesgo de despoblación y que, además, son despensa y oxígeno del país?

El presidente del Gobierno anunció recientemente que en los Presupuestos de 2023 contarán con incentivos específicos para Baleares, como la deducción del 90% de la base imponible en el impuesto de sociedades para las inversiones en la comunidad, y bonificaciones de hasta el 20% a la venta de bienes producidos en estas islas. En cambio, lo único que prevén para las zonas despobladas es unos modestos descuentos fiscales limitados a Cuenca, Soria y Teruel.

Esto es posible gracias a que la UE reconoció en mayo de 20212 a estas provincias como zonas de actuación prioritaria al tener una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa misma norma contempla que las ayudas sean extensibles a las zonas limítrofes a esas provincias con la misma problemática, como son buena parte de las comarcas de Guadalajara, Burgos, Segovia, La Rioja o Zaragoza. El Gobierno podía haber puesto en marcha los incentivos para las tres provincias en enero pasado y haber identificado las zonas limítrofes. Sin embargo, sigue arrastrando los pies y aún no está contemplado que se extiendan las ayudas. Mientras tanto, pocos hechos y mucho marketing rural (ruralwashing).

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense