El FMI mejora hasta el 4,3% el avance del PIB español este año, pero recorta al 1,2% el de 2023
En la Eurozona subirá un 0,5% en 2023 y Alemania e Italia registrarán caídas El fondo insiste en no bajar impuestos
"Lo peor está todavía por venir y muchas personas se sentirán en recesión el próximo año". La lapidaria afirmación la hace el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se ha sumado este martes a la ola de revisiones a la baja que los diferentes organismos nacionales e internacionales están poniendo sobre la mesa. La previsión general en las economías más avanzadas del mundo parte de un crecimiento languideciente en 2022 que se estanca un año después debido al parón económico provocado por la crisis energética y la escalada de los precios. España, según las proyecciones, no esquiva esta tendencia. En concreto, el FMI prevé que el producto interior bruto (PIB) del país avance un 4,3% en 2022 para frenarse de manera drástica hasta el 1,2% en 2023. Es una tímida mejora de tres décimas para el año en curso, pero un recorte de 0,8 puntos porcentuales en 2023 desde las anteriores previsiones del mes de julio.
Con su radiografía, el fondo se sitúa en una línea similar a la de organismos como el Banco de España, que prevé un aumento del PIB del 4,5% en 2022 y del 1,4% en 2023. El Gobierno, por su parte, confía en sendos avances del 4,4% y el 2,1%.
La revisión que ha llevado a cabo el organismo que dirige Kristalina Gueorguieva es prácticamente común en todos los países europeos. De media, la Eurozona mejora sus previsiones en medio punto porcentual para este año, hasta el 3,1%, pero el crecimiento pierde siete décimas en 2023, hasta el 0,5%. Sin embargo, reconoce el fondo, este promedio "oculta una heterogeneidad significativa" entre los principales Estados miembros. Alemania e Italia, dos de los motores de la Unión Europea, registrarán el ejercicio que viene avances negativos, con respectivas caídas del 0,3% y el 0,2%. Francia, en la línea de España, logrará aguantar el tirón con un crecimiento positivo del 0,7%.
¿Qué ha sucedido para llegar a estas cifras? El FMI lo tiene claro: "El débil crecimiento de 2023 en toda Europa refleja los efectos secundarios de la guerra en Ucrania". Todos los países, de hecho, sufren en mayor o menor medida el efecto arrastre del conflicto bélico, registrándose las revisiones a la baja más pronunciadas "en las economías más expuestas a los cortes del suministro del gas ruso".
Dada la incertidumbre económica, los elevados riesgos a la baja y la necesidad de velar por la estabilidad fiscal de los países, el organismo con sede en Washington pide evitar medidas cortoplacistas como indexar los salarios públicos con la inflación o promover bajadas de impuestos generalizadas. Apuesta en cambio por controlar el gasto, diseñar ayudas muy focalizadas en la población vulnerable y disminuir el déficit público para ir reduciendo la deuda.
Una de las consecuencias obvias de esta crisis geopolítica es la inflación, un fenómeno que agudiza más todavía la complicada situación económica. Según prevé el FMI, el índice de los precios del consumo alcanzará de media en 2022 un avance del 8,8% para reducirse un ejercicio después al 6,5%, una tasa que sigue siendo inusualmente elevada.
En las economías avanzadas, estos aumentos serían del 7,2% y el 4,4%, respectivamente, mientas que en la Eurozona ascenderían al 8,3% y al 5,7%. El organismo recuerda que "las sorpresas al alza de la inflación han sido más generalizadas entre las economías avanzadas", algo que ha provocado un "rápido endurecimiento" de la política monetaria en un contexto en el que está desapareciendo el apoyo fiscal desplegado por los países para combatir la crisis sanitaria del Covid-19.
Por todo ello, insiste el fondo, la prioridad de los supervisores bancarios y de los gobiernos en el corto plazo debe ser combatir la inflación mediante la política monetaria y la política fiscal. Los estados, en concreto, deben acompañar a los bancos centrales "para suavizar las tensiones en economías con exceso de demanda agregada y mercados laborales recalentados". Sin estabilidad de precios, recuerda el FMI, "cualquier ganancia del crecimiento futuro corre el riesgo de ser absorbida por una nueva contracción de los costes de la vida".
Presupuestos públicos
Sin embargo, reconoce el FMI, controlar la inflación tendrá un coste: "el desempleo aumentará y los salarios disminuirán a medida que la política monetaria se endurezca". Por ello, todas las medidas desplegadas deben ser precisas y estar muy vinculadas a la realidad económica y laboral de cada país. Es en este punto en el que el fondo lanza un aviso a los gobiernos. Los organismos preveían al inicio un endurecimiento de la política fiscal tras una relajación de los presupuestos públicos necesaria por los efectos de la pandemia.
Ahora, sin embargo, parece que en varios países la política fiscal seguirá siendo flexible por la crisis de los precios, algo "que podría impulsar la demanda agregada y contrarrestar el efecto desinflacionario de la política monetaria". Es en este riesgo en el que hay que poner el foco.
Esto no significa, matiza el FMI, "que la política fiscal no pueda amortiguar el impacto de la transición desinflacionaria sobre los vulnerables". Así, si bien las políticas redistributivas focalizadas pueden ser apropiadas, "los déficits deben reducirse para ayudar a abordar la inflación y las vulnerabilidades de la deuda". Por todo ello, reconoce el fondo, los países tendrán que tomar decisiones difíciles en la composición del gasto, dada la necesidad de mantener una postura fiscal estricta.
El organismo con sede en Washington pone como ejemplo las subidas salariales planteadas en el sector público por encima del IPC o las rebajas de impuestos generalizadas propuestas por parte del espectro político. "Con una contracción fiscal en otros lugares, y con una oferta limitada, los aumentos del gasto público no financiados o los recortes de impuestos solo aumentarán aún más la inflación y dificultarán el trabajo de los responsables de la política monetaria".
En este contexto, el FMI se muestra partidario de ayudar con transferencias de efectivo a los sectores de la población más vulnerables, particularmente expuestos al encarecimiento de la energía de los alimentos. Eso sí, insiste, el gasto asociado a las medidas para limitar el impacto inflacionario debería compensarse mediante otras vías.
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