Salarios

Hacienda pacta con CC OO y UGT que los sueldos de los empleados públicos suban hasta un 9,5% entre 2022 y 2024

El acuerdo, al que de momento no se suma CSIF, incluye un alza adicional retroactiva desde enero del 1,5%; y un 2,5% y un 2% para 2023 y 2024; con posibilidad de otro 1,5% si la inflación sigue alta

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

El Ministerio de Hacienda pretende cerrar esta misma tarde un acuerdo con los sindicatos de la función pública con la subida salarial de los empleados de las administraciones para el periodo 2022-2024. Para ello, el Gobierno ha convocado hoy una última reunión de trabajo a las 13.00 y, posteriormente otra, ya de la Mesa General de la Función Pública donde ratificar un posible pacto que recoja un incremento retributivo del 9,5% repartido en tres ejercicios.

De momento, UGT ya aceptó esta oferta el viernes y CC OO la ha aceptado tras la reunión celebrada esta mañana aunque "supeditada al cierre de un acuerdo que contemple el resto de mejoras de condiciones de trabajo, asumidas por el Gobierno en el marco del diálogo social". Por el contrario, el sindicato de empleados públicos CSIF ha rechazado esta última propuesta gubenamental porque la oferta económica a tres años "ni siquiera corrige la inflación con la que se va a cerrar 2022", ha dicho Francisco Lama el secretario e Acción Sindical de esta central. Ante esto, desde CSIF han emplazado al Gobierno a que acuda esta tarde, a la reunión de la Mesa General de la Función Pública de las 17.00 horas acuda con una nueva propuesta mejorada, "o de lo contrario no suscribiremos este acuerdo bajo ningún concepto", ha añadido. Este sindicato persigue lograr, al menos, un incremento salarial de dos dígitos.

En este punto CSIF llama la atención sobre que, realmente, la subida que ofrece el Gobierno es del 6% (1,5% adicional en 2022, que se suma al 2% aplicado en enero pasado; un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024). Si bien a este 6%, el Ejecutivo suma el citado 2% del presente ejercicio y un 1,5% adicional en forma de compensaciones en los tres ejercicios del acuerdo si el IPC supera una serie de cotas. Todo ello sumado daría el 9,5% del que habla Hacienda, pero no se materializará en su totalidad si los precios vuelven a avanzar de manera más contenida.

En concreto, esta cifra se desglosaría de la siguiente manera. En 2022 el incremento final será del 3,5% ya que se aplicará de manera retroactiva desde enero un 1,5% adicional al 2% ya aplicado. Para 2023, el Ejecutivo fija un incremento del 2,5%, al que se suman dos variables del 0,5%. El primero se aplicará si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%. El año siguiente, 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, de nuevo con un cláusula para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.

Hacienda comenzó las negociaciones el pasado miércoles, con una propuesta inicial del 8% repartido entre 2022 y 2024, que ya incluía el incremento del 2% que los funcionarios han tenido en sus nóminas de este año.

Esa primera oferta del Ejecutivo establecía un 1,5% retroactivo para 2022, que se sumaría al 2% de aumento salarial que ya se dio para este año, seguido de un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024. Esta propuesta resultó insuficiente a los negociadores sindicales, que destacaron que los salarios públicos subieron un 2% erste año, frente al 10,5% al que llegó a avanzar el IPC en agosto. Por ello, Hacienda acudió con una mejora a la reunión del jueves incluyendo una especie de cláusulas de revisión salarial que podían mejorar las retribuciones hasta un 1,5% entre 2023 y 2024 si la inflación siguiera desbocada.

Junto a ese aumento, el Gobierno se comprometió a establecer la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de la jornada laboral de 35 horas semanales, la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), la aplicación de la clasificación profesional adaptada a las nuevas titulaciones (grupo B) y la derogación de los recortes del Real Decreto Ley 20/2012, informa Europa Press.

Asimismo, en la mesa se abordó la jubilación anticipada, a la tasa de reposición, a la implementación de las medidas de igualdad, a la negociación sindical de la digitalización y modernización de las Administraciones Públicas, y a la negociación de la atracción y retención del talento en las Administraciones Públicas.

En lo que respecta a la Administración General del Estado (AGE), el Gobierno se refirió a la puesta en marcha efectiva del teletrabajo, a la negociación del contenido de la Ley de Función Pública de la AGE, las retribuciones y negociación colectiva para el personal del Servicio Exterior, a la revisión del modelo de centros penitenciarios y relación de puestos de trabajo (RPT), y a la revisión de los gastos de desplazamiento, como informaron fuentes de la negociación.

Normas
Entra en El País para participar