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Energía

El Gobierno da su plácet a la opa de IFM por el 22,7% de Naturgy, que deberá ser prudente con el dividendo

El fondo de pensiones no podrá apoyar desinversiones en actividades reguladas en España

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el 3 de agosto.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el 3 de agosto. Europa Press

La opa interminable por el 22,69% de Naturgy de la australiana IFM, una operación de 4.800 millones, ya tiene la bendición del Gobierno más de seis meses después de que se anunciara a finales del pasado enero. La decisión fue anunciada ayer por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras el último Consejo de Ministros antes de las minivacaciones de verano.

La aprobación viene acompañada de una serie de condiciones que, si bien no parecen desalentar a IFM, sí obligan al fondo australiano a aceptarlas de manera oficial. La acción de Naturgy subió este martes un 1,3%, hasta los 21,9 euros, de forma que se queda muy cerca de los 22,07 euros que se ofrecen en la opa. La prima sobre el precio de mercado se queda, así, en un escueto 0,78%.

Los requisitos, cuyo plazo de vigencia será de cinco años, son ocho, y afectan principalmente al impulso de la transición verde de la compañía, a la prudencia en la retribución, a los límites a su endeudamiento y al mantenimiento del rating de inversión, a su españolidad y a que mantenga los activos regulados que afecten a los clientes españoles. Salvo que la acción se quede sin liquidez, Naturgy deberá además seguir en Bolsa.

El estrecho marcaje al grupo australiano fue desglosado por Ribera en rueda de prensa: “El incumplimiento de estas condiciones dará lugar, en su caso, a la revocación de la autorización de inversión extranjera y constituirá una infracción muy grave (...), todo ello sin perjuicio del resto de autorizaciones vencidas, controles aplicables a esta toma de participación extranjera en definitiva”.

Las palabras de Teresa Ribera se alinean, según fuentes cercanas a la operación, con las intenciones del fondo, al menos sobre el papel. La entidad estaba dispuesta (o así transmitía) a seguir con su opa incluso aunque se prohibieran los dividendos, dado su carácter de fondo de pensiones y, por tanto, inversor a largo plazo. Así se lo hizo saber al Gobierno; en sus  inversiones en Aleatica, antigua OHL Concesiones, y Aqualia no ha exigido dividendos.

El fondo australiano, capitaneado en España por Jaime Siles, tiene enfrente a La Caixa, que ha ido elevando su participación en la compañía hasta el 26% desde el 24,6% desde mediados de mayo, tras la compra de 11,7 millones de títulos en Bolsa, movimiento que pilló al mercado con el pie cambiado y ha complicado la operación. Ayer, fuentes del grupo catalán declinaron hacer comentarios al hilo de la autorización de la oferta.

Esta presión compradora por parte del mayor accionista español de la utility llegó a provocar que su cotización se situara por encima del precio de la oferta (véase gráfico), estrechando el capital disponible sobre el que IFM lanza la opa. Tras la presentación del plan estratégico de la empresa que preside Francisco Reynés, Naturgy ha vuelto a situarse por debajo del precio. Y, como en todas las opas, y más en esta que es parcial, el comprador ha reiterado hasta la extenuación que no mejorará el precio.

En todo caso, la operación está condicionada a que el 17% del capital acuda a la opa. Un porcentaje que daría a IFM dos puestos en el consejo de administración. El fondo pactó con los otros dos accionistas de referencia de Naturgy, CVC y GIP su apoyo a la otorgación de un número de consejeros “proporcional” al capital. Criteria, con el 26%, ha pedido un tercero.

Fuentes conocedoras de la operación señalan que el inversor australiano tiene amarrado el éxito de la opa. El porcentaje de Naturgy que cotiza libremente en Bolsa es del 28,6%; IFM necesita un 17%, capital que está en manos de 73.000 pequeños inversores y varios fondos de inversión y pensiones. CVC y Corporación Alba, con un 20,7%, y el fondo estadounidense de infraestructuras GIP, con un 20,6%, no acudirán. Salvo un giro de guion, tampoco lo hará Criteria. Y, aunque la prima es ahora de un magro 0,78% (lo que desincentiva acudir a la opa), los accionistas se han embolsado una plusvalía del 20%, la revalorización desde que se anunció la operación.

La inversión máxima será de 4.855 millones, con un préstamo sindicado por cinco años de un máximo de 1.800 millones, liderado por BNP Paribas, Santander y, curiosamente, CaixaBank, controlada por Criteria. IFM pagará en torno a un 3% anual por esa financiación, a la que han contribuido unas 30 firmas, como publicó CincoDías el pasado 10 de junio. Entre ellas están BBVA, Abanca, Cajamar, Ibercaja, Banco Cooperativo Español, Kutxabank, Liberbank y Bankinter.

Con las cartas repartidas, era el turno del Gobierno, que ha apurado al máximo los plazos: el blindaje a las empresas estratégicas aprobado en 2020 daba seis meses para adoptar estas decisiones.

El turno de la CNMV

 

Todo listo. El folleto de la opa parcial de IFM por Naturgy está más que leído y corregido por el supervisor del mercado y se espera su aprobación en los próximos días. El plazo de aceptación oscilará entre los 15 y los 70 días, si bien se extenderá al menos hasta septiembre. Aunque deberán incluirse, eso sí, las condiciones impuestas a la operación. BNP Paribas ha sido el gran capitán, al ser asesor, avalista y financiador de IFM. También participan Credit Suisse y Linklaters como asesores de la gestora. Allen & Overy es el consejero de BNP Paribas, mientras que los encargados de velar por los intereses de Naturgy son Citi y el despacho de abogados Freshields.

 

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