Una batalla fiscal oportunista que no beneficiará a la economía española

La batalla fiscal abierta en las últimas semanas en España, iniciada por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pero a la que se ha sumado también la socialista Comunidad Valenciana, ha terminado sacando al ruedo al propio Gobierno, que ayer anunció una reforma fiscal que toca varios palos de la baraja, unos al alza y otros a la baja. Un día después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, criticase –con razón– la macrorrebaja fiscal anunciada en el Reino Unido y los efectos que puede tener en los mercados financieros, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una batería de medidas tributarias en la que la necesidad de pactar con Podemos y la cercanía del calendario electoral tienen una influencia evidente, como la tienen también las iniciativas adoptadas en las distintas comunidades autónomas.

La reforma del Gobierno, que permitirá ingresar a Hacienda 3.144 millones de euros en los próximos dos años, consiste a grandes rasgos en aumentar los impuestos a las rentas altas, grandes patrimonios y empresas y en rebajarlas a contribuyentes de menores ingresos. El paquete fiscal incluye un nuevo impuesto temporal a patrimonios de más de 3 millones de euros en la base liquidable y un incremento de gravamen a las rentas de capital superiores a los 200.000 euros, del 26% actual al 27%, y al 28% en el caso de las que superen los 300.000. Paralelamente, se aumenta la deducción por rendimientos del trabajo de 18.000 a 21.000 euros y el umbral del mínimo exento de tributación hasta 15.000 euros. Pymes y autónomos se benefician también de un recorte impositivo, con sendas modificaciones en el IRPF y sociedades.

Entre los aciertos de la reforma están sin duda estas medidas de apoyo a pequeñas empresas y profesionales autónomos, que constituyen un respaldo al tejido empresarial y a la actividad productiva. No ocurre lo mismo con la rebaja a los rendimientos de trabajo, que supone inyectar renta a un amplio porcentaje de contribuyentes, es cierto que los más castigados por el mordisco de la inflación, pero que no hará más que cebar un rally de precios que se ha convertido en un caballo ingobernable y en el principal problema de las economías europeas. Pese a los ruegos del BCE para que los Gobiernos no desactiven con sus políticas fiscales el combate que Fráncfort mantiene contra la inflación, el Gobierno, contra su propia voluntad inicial, se suma a quienes optan por el corto plazo frente a la carrera de fondo. El Ejecutivo podía haber optado por soluciones menos inflacionarias, como la deflactación de la tarifa, una medida fiscalmente mucho más neutra, pero ha entrado de lleno en una guerra con la derecha fuertemente ideologizada y que no beneficia al país.