Ruiz-Gallardón urge al CGPJ a “cumplir la ley" para renovar los magistrados del Constitucional

Los exministros de Justicia Caamaño, Catalá y Campo critican también la situación del Poder Judicial en unas jornadas de los procuradores

Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo, exministros de Jusitica, y Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, durante la jornada inaugural de las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno celebradas en Huesca.
Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo, exministros de Jusitica, y Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, durante la jornada inaugural de las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno celebradas en Huesca.

Cuatro exministros de Justicia: Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo han debatido este jueves, en el marco de las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno de los Procuradores celebradas en Huesca, sobre la crítica situación generada por la falta de acuerdo entre PP y PSOE para renovar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces lleva ya en funciones casi cuatro años, y su presidente, Carlos Lesmes, amagó con dimitir el pasado 7 de septiembre en su discurso durante la apertura del año judicial. La actual ministra, Pilar Llop, aseguró recientemente en rueda de prensa que la preocupación ciudadana por este tema está creciendo y que hablan de ello en el metro.

El debate, en el que se habló del futuro de la profesión, fue moderado por Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España.

Los exministros coincidieron en la necesidad de llegar pronto a un entendimiento por el bien de la justicia, aunque disintieron respecto de cómo debe ser el modelo ideal de gobierno de los jueces. Francisco Caamaño fue el más radical al plantear la posibilidad de imitar a otros países del entorno, como Alemania, y eliminar este órgano. “El mejor CGPJ es el que no existe”, afirmó. Para Caamaño, “lo que politiza la justicia es la existencia del Consejo”. En este sentido, propuso como posibilidad que las funciones reservadas al CGPJ fueran ejercitadas a través de comisiones que elevaran la decisión al ministro. Estas resoluciones, apuntó, podrían ser revisadas por el Tribunal Supremo, como sucede ahora con las decisiones del Consejo.

Alberto Ruíz-Gallardón, por su parte, se mostró muy crítico con el actual sistema, y reconoció que “todos lo hemos hecho mal”. La parte de culpa de los políticos, aseguró, es la configuración del sistema de cuotas que hace que dos partidos se repartan el nombramiento de vocales. “La Constitución Española no dice que debe repartirse entre los partidos según la configuración del Congreso, debe ser una elección de todos”, afirmó. Las asociaciones judiciales, añadió, también “erraron”. Pese a defender un sistema más participativo para los jueces, aseguró, el juego del asociacionismo ha terminado “deslegitimando” esta fórmula. “El hecho de no estar afiliado significaba quedarse fuera” de la terna. El 85 % de todos los que nombra el CGPJ pertenecía a la parte afiliada, que representan un 55 % del total. “Hay que ir a un sistema participativo de los jueces, pero que sin cuotas”, afirmó. En cualquier caso, y pese a que no considera correcto el recorte de funciones del consejo en funciones, “creo que el CGPJ debe cumplir la ley y nombrar a sus representantes”, subrayó. Ruíz-Gallardón se mostró optimista y auguró que en un plazo razonable (antes del finalizar la legislatura) habría acuerdo. “No tengo información, pero esto es lo que necesita España”, aseveró.

Un panorama mucho más negro pintó Rafael Catalá, quien presagió que las borrascas y tensión actual persistirán hasta las elecciones generales. “No soy nada optimista sobre alcanzar un acuerdo sobre la renovación, veo grandes dificultades porque en esta legislatura no ha habido ningún pacto importante entre PP y PSOE”, argumentó. “Debería haberse cumplido los tiempos, pero creo que fue innecesaria la reforma”, apostilló. Catalá lamentó que esta situación haya deteriorado la imagen ciudadana de la justicia y señaló que el nuevo CGPJ va a tener que hacer una importante labor de comunicación para revertir la situación y hacer pedagogía para explicar que una cosa es el Consejo y otra los más de 5.500 jueces que son “independientes”.

Juan Carlos Campo, quien traspasó la cartera a Pilar Llop en julio de 2021, defendió el actual modelo constitucional de Consejo General del Poder Judicial. El actual mecanismo de doble legitimación (cámara de representación del pueblo y jueces) acordado en el llamado Pacto por la Justicia, “debería colmarnos, pero la gestión no es buena”, reconoció. Campo fue contundente con la actual situación al afirmar que “este es un estado de derecho, no puede haber constitucionalismo a tiempo parcial. No se puede dejar de cumplir la Constitución, aunque las razones sean legítimas”. El exministro lamentó la deriva y el daño a las instituciones. En este sentido, llamó a la responsabilidad de los principales grupos políticos. “Lo primero es cumplir las leyes”, enfatizó, sin cerrar la posibilidad de debatir y transformar el modelo con las mayorías adecuadas.

Otro de los temas más candentes en el tejado del ministerio de Justicia es la petición de indulto de los familiares del expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por el Tribunal Supremo a seis años de prisión por el caso ERE. Caamaño respondió a la pregunta de si creía necesario eliminar los delitos de corrupción de la posibilidad de indulto señalando que él no elevó ninguna petición de estas características durante su mandato. Otra cosa, aseguró, es que la ley actualmente permite esta solicitud y, por tanto, es legítima. El proceso, recalcó, es un proceso que tiene en cuenta todas las circunstancias y está basado en informes del tribunal y la fiscalía. Rafael Catalá, por su parte, aseguró que durante el tiempo que estuvo en el ministerio no concedió ningún indulto por este delito, como tampoco por ilícitos relativos a la seguridad vial ni violencia de género.

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