Las finanzas autonómicas en el día de la marmota

La transparencia no solo es exigible per se; si las reglas están claras, los gobernantes regionales tendrán menos incentivos para achacar los problemas a terceros

Complejidad, criterios de difícil comprensión y agravios reales o simulados. Cambian los ciclos económicos, la estructura productiva de las regiones, llegan recesiones y pandemias, pero la financiación de las comunidades (las del régimen común) siempre está sujeta a los mismos condicionantes, y sin que se puedan aventurar cambios en el horizonte.

Bien es verdad que no es un mecanismo sencillo, sino un endemoniado juego de equilibrios: la solidaridad y la cobertura de los servicios básicos tienen que conjugarse con el margen en términos de ingresos y gastos que conlleva el propio estatus de autonomía. Ni siquiera las necesidades se pueden calibrar por una vara de medir común, como se han encargado de recordar las comunidades con una población más envejecida y con un mayor territorio al que prestar servicios

El informe publicado por Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en este espinoso asunto, vuelve a poner de manifiesto la falta de transparencia en el reparto de fondos. La pandemia (los datos corresponden a 2020) complica la lectura, pues el desplome de los ingresos tributarios debió ser compensado con inyecciones extraordinarias por parte del Estado.

De la Fuente destaca, además, que las transferencias provocadas por la pandemia (y no ligadas a necesidades de gasto) han agudizado la asimetría en la financiación. Esta vez ha sido la pandemia, pero los mecanismos extraordinarios son la norma.

De 2017 aquí hay un mundo. Gobernaba Mariano Rajoy, no se habría producido ni el 1-O ni el 155, y las pandemias y las guerras convencionales en suelo europeo eran o bien ficción o bien historia. Sin embargo, el comité de sabios, pese a sus serias discrepancias internas, planteó algunos principios básicos: simplificar los mecanismos de compensación para nivelar las asimetrías, reforzar los tributos regionales y reformar los cálculos sobre las necesidades de cada territorio.

Todos los Gobiernos han abordado la reforma de la financiación autonómica, todos sin éxito. El actual, y el que venga, no deben cejar en el empeño. Una financiación autonómica transparente y eficaz no solo es exigible per se; si las reglas del juego están claras, los gobernantes autonómicos tendrán menos incentivos para achacar los problemas a terceros (argumento que nunca falla cuando es imposible comprobar si es cierto), y más para trabajar para sus administrados con los cálculos de coste y beneficio propios de cualquier gobernante.