Inflación e impuestos: el momento de la ejemplaridad

Habrá que dirigirse a las rentas y patrimonios más altos, así como llegar a un pacto de rentas públicas y privadas

La inflación nos afecta a todos, pero no todos la sufrimos por igual. Creo que estaremos de acuerdo que el sacrificio de un contribuyente de renta baja no es igual al de uno de renta media o alta.

Es cierto que una actitud responsable nos obliga a ahorrar para mitigar los efectos negativos de posibles turbulencias.

Pero es también cierto que hay muchos ciudadanos que carecen de capacidad de ahorro.

En este contexto, lo lógico es que cualquier política de gasto contra la inflación sea selectiva y progresiva; políticas, claro está, que se han de dirigir a las clases vulnerables mediante la revisión, por ejemplo, del ingreso mínimo vital y/o del bono social eléctrico, como así se ha hecho.

Pero ¿son los impuestos una vía para reducir la inflación?

La inflación nos hace perder poder adquisitivo. Es, pues, necesario deflactar el IRPF para que este no nos empobrezca todavía más. Pero deflactar no es bajar los impuestos. Es, sin más, soportar la misma tributación que soportaríamos en caso de que la inflación no existiese.

No hacerlo, es hacer pagar al ciudadano más de lo que en los presupuestos públicos se había inicialmente previsto.

No olvidemos que el Estado, que también sufre la inflación, es uno de sus grandes beneficiados, a través de la mayor recaudación que se consigue con algunos impuestos indirectos como el IVA y los impuestos especiales.

Sin embargo, bajarlos con carácter general es una medida regresiva. Es por ello más conveniente optar por bonos sociales selectivos y progresivos en beneficio de aquellos que están en riesgo de vulnerabilidad.

Deflactando la tarifa del IRPF y a través de bonos sociales, se compensa también en parte el incremento que los préstamos van a tener, consecuencia del aumento de los tipos de interés.

Pero, ¿qué hacer con las empresas para que reduzcan los precios? La solución no es fácil, porque la inflación no solo es interna, sino, y fundamentalmente, externa. Por tal motivo, la lucha contra ella ha de ser esencialmente a nivel europeo.

Sea como fuere, la subida de tipos de interés reducirá el consumo, pero no necesariamente los precios, salvo, claro está, que la ley de la oferta y de la demanda haga disminuir el coste de las materias primas o que la inflación, o parte de esta, se traslade a menos resultado.

Recordemos que la solución no solo es interna, sino internacional.

Ello no quiere decir que no se pueda hacer nada a nivel interno. Al contrario. Lo primero, y como medida ejemplificadora, hay que tomarse en serio la obligación de gestionar el gasto de forma eficiente y eficaz. Se trata de reducir el gasto público, que para algunos es también una medida para reducir la inflación, sin que tal reducción afecte al Estado de bienestar. En definitiva, se trata de evitar duplicidades, eliminar el gasto superfluo y clientelar, reducir privilegios fiscales, y, en general, mejorar la eficiencia y eficacia del gasto. Se trata de una obligación constitucional permanentemente incumplida cuya solución no puede esperar más. Recordemos, tan solo, nuestra elevada deuda pública, los mayores intereses a pagar por ella, y nuestro déficit crónico.

Pero, además, ejemplaridad es confianza y fuerza moral para exigir también un esfuerzo a quienes más tienen. Y no me refiero a impuestos con nombres y apellidos, como los anunciados a la banca y a las eléctricas, sino a quienes más riqueza tienen y obtienen y que son, también, los beneficiarios de la subida de los tipos de interés.

El esfuerzo fiscal se ha de dirigir a quienes superen determinado nivel de riqueza, esto es, a las rentas y patrimonios más altos. La forma de hacerlo es a través de un impuesto que grave temporalmente los beneficios no reinvertidos de aquellas empresas que superen un determinado nivel de beneficios, o que grave el aumento de valor del patrimonio neto de aquellas, impuestos de los que hay que prever su retorno en caso de reinversión y/o distribución.

También se puede articular a través del impuesto sobre sociedades, mediante tipos moderadamente progresivos a partir de un determinado nivel de beneficios, impuesto, obviamente, a cuenta del que el socio habrá de pagar en el momento de su distribución.

Se trata, por tanto, de focalizar el esfuerzo fiscal en aquellos que tienen un alto nivel de riqueza, y que disfrutan, pues, de una situación privilegiada, pero no de señalar con el dedo a uno u otro sector.

En contrapartida, el Estado ha de plantear un pacto de rentas del sector público y privado, comprometiéndose además a solucionar los problemas estructurales derivados no tanto de la inflación, sino del Covid y de la crisis anterior a él. Es así necesario solucionar, entre otros, el problema de las cadenas de suministro, y los déficits de algunos sectores como el automóvil, la agricultura y/o el transporte.

Es así mismo imprescindible una prórroga selectiva de la devolución de los créditos ICO y un bono social en favor de determinados autónomos y empresas, en particular, aquellos cuya continuidad ha puesto en peligro la inflación; bono, eso sí, vinculado a cubrir los mayores costes que la inflación ha provocado y, por tanto, a moderar los precios. No olvidemos, tampoco, que la subida de tipos de interés encarece los costes financieros de las empresas.

No hay que descartar, tampoco, un control selectivo de precios en sectores muy concretos como el energético.

No es, pues, el momento de bajar los impuestos, pero sí de la ejemplaridad pública.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé es profesor de la UPF y socio director de DS