Isla energética, isla en impuestos

Subir tributos sin resolver el problema subyacente es atentar contra la estabilidad jurídica y la confianza inversora

Pedro Sánchez ha anunciado la creación de un impuesto a las grandes empresas energéticas “porque los beneficios que están obteniendo en este contexto no son ni razonables ni asumibles”. Esas afirmaciones son preocupantes desde el punto de vista político por varias razones: por un lado, buscan en el mundo empresarial un enemigo que no existe y al que hay que combatir; por otro, se trata de insinuaciones al estilo de regímenes autoritarios, curiosamente como las que hacía Trump contra las élites de Washington. Pero además son preocupantes también desde la perspectiva económica, al establecer el propio presidente un criterio sobre cuánto es razonable y asumible que ganen las grandes empresas energéticas. Debe de tener una cifra concreta en su mente para hacer esa afirmación, y seguro que los inversores esperan que, por coherencia, la haga pública y no mantenga el misterio, porque los mercados descuentan siempre lo peor.

Sánchez no está solo en el impulso confiscatorio. La idea de aumentar la presión fiscal sobre las grandes compañías eléctricas va más allá de lo local. En el mes de marzo, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, fue muy claro durante su visita oficial a Madrid: “Dados los beneficios de las empresas energéticas asociados al fuerte incremento de los precios, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando las empresas de este sector y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto”. Unos términos parecidos a los que planteó la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, a principios de marzo: “De manera excepcional podrán decidir capturar una parte de estos ingresos para luego redistribuirla entre los consumidores”.

Obtener beneficios es la mejor noticia posible para una empresa, pero en el caso de esta industria se asegura la continuidad de los empleos directos, así como de las decenas de miles de indirectos que dependen de las compañías a través de sus proveedores; además, obtener beneficios implica pagar impuestos y aportar recursos a la economía del país. Ganar dinero, por tanto, es garantía de futuro, en el sector eléctrico y en cualquier otro sector.

¿Pero ganan mucho o poco? Siguiendo un criterio técnico y según la Central de Balances del Banco de España, que analiza la rentabilidad por sectores, en el periodo 2015-2019, sin alteraciones por la pandemia o la guerra, la rentabilidad de las empresas agrupadas bajo el epígrafe suministro de energía eléctrica fue similar a la de las empresas de suministro de agua, inferior a la de empresas con actividades industriales, profesionales y administrativas, hostelería, etc., y muy inferior a la rentabilidad del comercio al por mayor y al por menor, o al sector de la información y comunicaciones.

Es cierto que la escalada de precios suscita una gran preocupación en familias y empresas, pero lo que no se destaca tanto es que las propuestas de las compañías eléctricas siempre han estado enfocadas a proponer acciones para atacar el origen del problema (el gas) y los focos en los que se concentra: la tarifa regulada y los elevados impuestos en la factura.

Algunas de estas medidas han sido reducir el coste del gas de los ciclos combinados, utilizando el precio de las reservas estratégicas de gas, alrededor de 20 €/MWh, y reponerlas financieramente a coste de mercado con el fin de reducir de manera directa el precio de la electricidad; también se ha ajustado el ingreso de las tecnologías Recore (renovables, cogeneración y residuos) a lo previsto en su retribución, para garantizar la rentabilidad razonable, alrededor de 56 €/MWh; asimismo se ha atajado el problema de los clientes que tienen tarifa regulada, con la reducción de impuestos y la aportación del incremento de recaudación del Estado por la elevación de los precios del CO2, de manera similar a como se ha hecho con la tarifa regulada del gas natural. La Tarifa de Último Recurso (TUR) para el gas está pensada para proteger al pequeño consumidor y especifica los precios máximo y mínimo que pueden cobrar las comercializadoras de gas.

Las empresas eléctricas venden con anticipación su energía, bien en el mercado de futuros o bien al cliente final mediante las compañías integradas verticalmente. Cuando se interviene en este proceso se produce una confiscación de ingresos, sin que estas tecnologías hayan obtenido ningún beneficio derivado del aumento de los precios del mercado mayorista, caso contrario a la Administración del Estado, que lograría un equilibrio económico, pues lo que pierde por la disminución de impuestos, lo compensaría con el incremento de la base imponible (por mayores precios) y por la mayor recaudación por CO2.

Subir impuestos sin resolver el problema subyacente es atentar contra la estabilidad jurídica, el modelo europeo y la confianza de los inversores. Las eléctricas son actores imprescindibles y necesarios para solucionar el problema actual, pero esencialmente para cumplir los objetivos de descarbonización y garantizar a la sociedad una energía limpia y accesible.

Atacar a las compañías eléctricas desde una posición de fuerza como la que tiene un Gobierno es dañar a los actores principales para lograr una transición energética justa, un reto ineludible a escala mundial reafirmado más todavía a la vista de las consecuencias de la alta dependencia energética.

Es también contradictorio con el fin de los fondos Next Generation, porque, por un lado, se pretende acelerar la transición, pero luego vía impuestos a las empresas se frenaría ese impacto en la medida en que se reduciría su margen para invertir a futuro y se debilitaría la posición de muchos pequeños accionistas o inversores, consumidores también, que ven al sector eléctrico como un refugio en tiempos de crisis.

Cuantas más dificultades se interpongan a este proceso, más daño nos hacemos a nosotros mismos como sociedad y como país porque, expresiones retóricas al margen, no somos una isla.

Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofín