España necesita con urgencia una solución integral contra la inflación

La primera consecuencia que ha tenido el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la aprobación de dos nuevos impuestos para las empresas, uno para las compañías energéticas y otro para la banca, ha sido un castigo en Bolsa que, en el caso del sector financiero, se ha traducido en pérdidas por valor de 5.246 millones euros para los accionistas, una cantidad bastante por encima de los 3.500 millones que el Ejecutivo pretende recaudar anualmente con ambos tributos. La decisión forma parte del paquete de medidas con el que el Gobierno pretende atajar la inflación en España y que incluye, además, rebajas del abono transporte, aumento de becas, refuerzo de la sanidad y mejora de programas contra incendios. Las propuestas fiscales de Sánchez se tramitarán en sendas proposiciones de ley por parte del PSOE y Unidas Podemos para poder estar en vigor en 2023.

El presidente del Gobierno ha afrontado el primer debate sobre el estado de la nación en siete años con un discurso de marcado sesgo ideológico, cual si estuvieran a la vuelta de la esquina unos comicios generales, marcando un territorio electoral muy manido de defensa de las clases medias y trabajadoras. El presidente identificó a la inflación como el gran reto, y recordó la crisis de precios no es privativa de España, y que se debe principalmente a la confluencia de dos grandes cines negros: la pandemia de Covid-19 y la guerra de Ucrania, con efectos devastadores sobre el equilibrio ente oferta y demanda y los suministros, una, y sobre el precio de la energía, la otra. Pero una vez desatado un incendio, hay que poner los medios para controlarlo o, al menos, para no alimentarlo, y la mayoría de las medidas que el Gobierno ha aprobado hasta el momento, incluidas las anunciadas ayer, pueden servir para aliviarla en el mejor de los casos, pero no para combatirla. Bien esta reclamar austeridad en uso de la energía, admitiendo que pueden venir meses complicados, pero no es suficiente.

No es necesario ser un profeta de desastres, sino atender a la experiencia de la técnica económica, para afirmar que el alza de impuestos y el aumento del gasto público son medidas popularmente rentables, pero no medios para combatir la inflación. Tanto el aumento de la presión fiscal sobre las empresas como las bonificaciones directas e indiscriminadas, como es el caso de la subvención a los carburantes, se traducen en alzas de precios, ya que se trasladan a los márgenes, en el primer caso, y son absorbidas por los operadores, en el segundo. Se precisa una política económica antiinflacionaria integral, que controle el gasto público, defienda la consolidación fiscal e impulse un pacto responsable de rentas para todos los agentes económicos, empezando por el propio sector público.