Seopan carga contra “la falta de rigor de la CNMC” en la macrosanción a las seis grandes constructoras
Defiende que compartir trabajos técnicos entre empresas es una práctica de reducción de costes en la licitación "lícita, normal y eficiente"
Andanada de la asociación de las mayores constructoras del país, Seopan, a la CNMC tras la sanción de 203 millones a seis de sus asociadas por contravenir las normas de la competencia entre 1992 y 2017. Está previsto que esta multa histórica a las divisiones de construcción de Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr sea recurrida por todas ellas ante la Audiencia Nacional, ante lo que Seopan remarca que la resolución de Competencia carece de firmeza.
Pero más allá de este apunte, el colectivo empresarial que preside Julián Núñez, denuncia “la falta de rigor de la CNMC, por cuanto prescinde de los necesarios elementos de prueba, basándose en meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas, que vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia, incurre en error al valorar equivocadamente las conductas investigadas como prácticas colusorias y vulnera el principio de proporcionalidad al imponer unas sanciones manifiestamente desproporcionadas”, se puede leer en un comunicado.
La CNMC sacó ayer a la luz una resolución en la que desvela que representantes de las seis constructoras y también la quebrada Isolux, agrupadas en el conocido como G7, mantenían una reunión cada semana para repasar las novedades sobre proyectos en licitación en todo el país y acordar su actuación en grupo a la hora de encargar estudios técnicos. Desde la Dirección de Competencia se argumenta que se estaban incumpliendo los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones. Con ello se eliminaba “la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública”.que los contratistas deben preservar en los concursos públicos, al tiempo que compartir detalles técnicos en las ofertas empobrecía la posibilidad de recibir distintas propuestas por parte de los órganos licitadores.
En el informe se insiste en que la oferta técnica resulta clave en la puntuación que decide las adjudicaciones y, por tanto, el trabajo en grupo vulneraba la rivalidad entre constructoras. La CNMC también asegura que las sancionadas intercambiaban información crítica sobre sus participaciones en UTEs y llegaron a crear un complejo modus operandi para favorecerse de su alianza sin fisuras.
Seopan, sin embargo, subraya esta tarde que la resolución reconoce que las prácticas investigadas “no se han calificado de cártel por no tratarse de una colusión de las típicamente sancionadas por las autoridades de competencia”. De este modo, no habría existido acuerdo sobre fijación de precios o de reparto del mercado en la licitación pública.
Defensa
Las compañías multadas, principales contratistas de la Administración en este país, han tratado de demostrar mediante estudios que “el hecho de compartir documentos técnicos no ha mejorado, ni empeorado, las posibilidades de ser adjudicatario de las empresas sancionadas”. Seopan asevera que “la enorme competencia existente en el mercado de obra pública español trae como consecuencia la frecuente adjudicación de los contratos a ofertas temerarias o anormalmente bajas”. La CNMC, por su parte, aprecia prácticas con efectos “muy dañinos para la sociedad” y de una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En una afirmación que podría abrir un extenso debate, la asociación sostiene que el encargo común de estudios técnicos es “una práctica de reducción de costes en la preparación de licitaciones que es lícita, normal y eficiente, así como para completar los proyectos mediante la incorporación de los estudios geotécnicos, topográficos o de otra índole de los que el proyecto original carece”. Y añade que no hay prueba alguna que acredite que la compartición de estos costes de licitación alterara la calidad de las ofertas técnicas que cada empresa presentaba separadamente o que existiera una ventaja de las empresas por compartir costes de licitación. “Es una simple opinión de la CNMC, que no se puede compartir”, sentencia Seopan.
Además de tratar de tumbar las principales acusaciones de la CNMC, este grupo de grandes constructoras remacha afirmando que las constructoras cuestionadas tienen “el empeño de constituirse en referente ético en el ejercicio de sus actividades, habiendo realizado importantes inversiones en recursos de toda índole para la mejora de todos sus procedimientos internos de prevención y control de comportamientos y depuración interna de posibles conductas ilícitas, lo que ha sido unánimemente reconocido por sus clientes en el ámbito nacional e internacional”.
Respecto a este útimo punto, la CNMC afirma que antes de la incoación del expediente ninguna de las seis constructoras tenía activas actuaciones de identificación de conductas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia. Después, solo Sacyr aportó un programa de cumplimiento durante la instrucción del procedimiento. “En relación con las actuaciones ex post, en ninguna de las empresas se observa la adopción de políticas que pudieran considerarse efectivas para concienciar e infundir en el seno de las organizaciones una cultura de cumplimiento normativo firme de las normas de defensa de la competencia”, se describe en la resolución de Competencia.
La mayor sanción va para Dragados, con 57,1 millones; FCC Construcción ha recibido una multa de 40,4 millones de euros; la de Ferrovial asciende a 38,5 millones; la multa impuesta a Acciona sube a 29,4 millones; OHLA va a tener que responder con 21,5 millones, y la sanción de Sacyr asciende a 16,7 millones de euros.
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