La vinculación de las pensiones al IPC es “una garantía de suicidio” fiscal

Los expertos alertan de que la tasa de retorno es muy generosa 
y proporciona 1,8 euros por cada euro aportado

Plantean calcular 
la pensión con toda la vida laboral y rescatar el factor de sostenibilidad

El sistema público de pensiones necesita una actuación rápida y no la indexación de las pensiones al índice de precios al consumo (IPC) como se aprobó en 2021, concluyen los expertos económicos convocados al debate Pensiones públicas / pensiones privadas. El ahorro y el Estado del Bienestar, en el seno de Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas de CincoDías y Banco Santander. Varios de los participantes alertaron de que revalorizar las pensiones con el Indice de Precios de Consumo (IPC), tal como se ha comprometido el Gobierno, es “una garantía de suicidio” fiscal, por entender que dispararía el gasto público cuando la Seguridad Social necesita reducir los niveles de generosidad en las prestaciones.

Los participantes urgieron en bloque a diseñar otra financiación de las pensiones, ya que el sistema actual presenta una tasa de retorno del 1,8, lo que significa que “por cada euro aportado, se revierten 1,8 euros al pensionista”, como asegura la profesora de Economía de la Universidad de Extremadura Inmaculada Domínguez.

La reforma de 2021, explica, “incide como la de 2011 en alargar la edad para alcanzar la jubilación, se penaliza la anticipada y se establece que las pensiones crezcan con el IPC”. Domínguez añade que cada punto de IPC “genera de 1.600 a 1.800 millones de euros de gasto al año, según distintas estimaciones”. Además, recuerda que cada subida se consolida y se mantiene en el tiempo. Para ayudar al poder adquisitivo de los pensionistas “hay otras medidas, como el bono social, mientras que indexar con el IPC es muy costoso”, agrega.

 En rechazar la indexación coincide Fernando Fernández, profesor de Economía del IE University, “porque esta vinculación no tiene ningún sentido, se hace solo con las rentas de una determinada parte de la población cuando el resto de la sociedad está castigado por el aumento de la inflación; mantener la garantía del IPC es una garantía de suicidio”. Por su parte, Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis, profesora de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong Kong e investigadora sénior del think thank Bruegel, considera también que vincular las pensiones al IPC “es un suicidio”.

Garantía

Inmaculada Domínguez resalta que hay aspectos fundamentales que se están debatiendo en el sistema público: las pensiones de los autónomos; las bases y la pensión máximas, “cambio silencioso pero de gran trascendencia porque qué ocurre si se suben las bases pero no la pensión o se sube menos esta”; y los periodos de cálculo de 35 años o de toda la vida laboral para fijar la prestación, “lo que en ningún caso va a reducir el gasto”.

A pesar de todo, la profesora de la Universidad de Extremadura está convencida de que “hay que desterrar la idea de que los colectivos más jóvenes no van a cobrar una pensión, el Estado del bienestar está completamente garantizado aunque las pensiones se modifiquen”.

Esta idea no es compartida ni por Fernández ni por Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de estudios financieros de Funcas: “No soy tan optimista. El Estado del bienestar hay que ganarlo todos los días y todos los meses, estamos en unas circunstancias complejas, con la guerra y la inflación, que van a alterar el sistema productivo”.

“Me pregunto si existe la solidaridad intergeneracional. Gran parte de la riqueza la tienen los mayores de 60 años” 

Santiago Carbó

Carbó aboga por un pacto de rentas en el que haya reparto de cargas y en el que entren las pensiones , sobre todo las que superen “determinado límite”. Este experto afirma que hay un factor clave sobre el sistema público y es “que los pensionistas son un porcentaje muy elevado de votantes, todos los partidos están a favor de subir las pensiones y esto me lleva a preguntar: ¿existe realmente la solidaridad intergeneracional?”. “Muchos piensan que los pensionistas son mileuristas pero la mayor parte de la riqueza está en manos de los mayores de 60 años, y tiene poco sentido una transferencia adicional de renta”, añade.

Para este experto, “hay que hacer una pedagogía muy importante, relativizar el pensamiento de yo me he ganado mi pensión. Creo que las pensiones deben pagarse con lo que genera el sistema”.

Mientras Fernández asegura que “hay que plantearse financiar de otra forma las pensiones, no se pueden basar solo en los asalariados”, Francisco Pérez, profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de investigación del Ivie, subraya que “el problema de fondo es que ha cambiado sustancialmente el número de años con probabilidad de trabajar y el número de años para vivir de una pensión en condiciones”. La ratio sobre la que se asienta el sistema ha cambiado y ahora “hay más años de vida y una incorporación tardía al mercado de trabajo”, con lo que los problemas fundamentales que han surgido, señala el profesor, “son la generosidad de las pensiones y los defectos de diseño, como por ejemplo, que haya incentivos a la jubilación anticipada”.

Problema global

El profesor del IE defiende que hay que plantearse el sistema “como un todo. Las cotizaciones son un impuesto, se mantienen por la capacidad tributaria del Estado y de los contribuyentes, porque es una falacia la separación de fuentes”. Fernández añade que “estamos castigando con cotizaciones crecientes al empleo, uno de los bienes más escasos que tenemos; en España la brecha entre el coste salarial real y el que percibe el trabajador es de las más altas del mundo”.

Alicia García Herrero declara que el gasto en pensiones se ha duplicado “pero no somos los únicos en sufrirlo, es un problema global”. La experta señala que la situación en Asia es “insostenible”, con tasas de reemplazo del 40% y sin apenas sistemas de previsión empresarial o privados, el segundo y tercer pilar del sistema de pensiones. Pone como ejemplo de reformas en este aspecto a Japón, donde se ha alargado la vida laboral y la prestación se calcula sobre toda la vida laboral.

“Si Europa no consigue salvar su modelo, acabaremos con uno mucho más agresivo porque la revolución de Asia llegará aquí”

Alicia García Herrero

“Creo que la clave es alargar la vida laboral de manera voluntaria”. Y advierte: “Si Europa no consigue salvar su modelo, acabaremos con uno mucho más agresivo porque la revolución de allí llegará aquí. En Hong Kong tienen un método de capitalización en el que no ha habido transición, como si la hubo en Chile”.

Los expertos consideran que la sociedad tiene que saber cómo funciona el sistema. Inmaculada Domínguez cree que “hay que decir claramente que se está percibiendo más de lo que se ha aportado”. Fernando Fernández ofrece tres “reformas paramétricas”: que el periodo de cálculo sea toda la vida laboral; recuperar el factor de sostenibilidad, introducido en 2013 y ahora derogado, por “la ventaja que da su automatismo”; y desvincular las pensiones del IPC”.

Para Carbó, “hay que ir paso a paso, y considerar cuestiones como el fomento de la natalidad, la inmigración y la productividad”, y Pérez indica que “las incertidumbres y riesgos son importantes”.

Sí a incentivar los planes de ahorro privados

Uno de los consensos entre los participantes es la bienvenida y “el aplauso” al impulso que ha hecho el Gobierno de los planes de previsión social de empresa o de relación laboral, el conocido como segundo pilar, cuya nueva ley se publicó en el BOE el pasado sábado. Inmaculada Domínguez aclara que “lo positivo de este impulso es que son planes de promoción pública pero no hay aportaciones del Estado, ni fondos de la Seguridad Social, ni se van a garantizar con dinero público”. Santiago Carbó opina que había que potenciarlos, “crear algún tipo de marco institucional, aunque vamos a ver si tienen éxito y en qué plazos, pues estamos en momentos difíciles y se les piden recursos a las pymes, que son la mayoría de las empresas”.

“Se debe desterrar la idea de que los jóvenes no van a cobrar pensión. El Estado del bienestar está garantizado por completo”

Inmaculada Domínguez

Asimismo, hay acuerdo en que la limitación de la deducción en el IRPF de las aportaciones de los planes individuales a 1.500 euros, tercer pilar de la previsión social, “es menos loable” en palabras de Carbó. Fernando Fernández argumenta que “hacen falta los planes privados para complementar la pensión, se trata de redefinir el papel de cada sistema”. Agrega que “no acabo de entender” que se proteja al segundo pilar y se castigue al tercero, “ya que en un país de pymes como este no tiene sentido”. Domínguez tampoco entiende la diferencia fiscal entre los planes de empresa (que mantienen la deducción en 8.000 euros para el trabajador) y los individuales, si bien tiene esperanza porque la limitación de la deducción en el IRPF puede ser “reversible”.

Carbó asegura “que cuesta mucho ahorrar, cualquier incentivo para la jubilación se me antoja insuficiente”. Francisco Pérez se pregunta “qué mensaje podemos transmitir a las generaciones que teóricamente pueden ahorrar”. Este economista recuerda que, en España, solo entre el 30% y el 40% de la población puede guardar dinero sobrante. También aduce que la rentabilidad de los planes de pensiones individuales “ha sido muy baja, entre un 2% y un 3% , mucho menos que el bono del Tesoro a 15 años, por ejemplo, y en renta fija han llegado a dar pérdidas, mientras las comisiones han sido muy elevadas”.

La profesora Domínguez es partidaria de que existan productos específicos de previsión social con tratamientos diferenciados. “Los jóvenes tienen que tener la opción de disfrutar de productos innovadores que vinculen el consumo al ahorro, no podemos decir que los jóvenes no pueden ahorrar”. Fernández, por el contrario, opina que no debe haber diferencia en los productos para la jubilación. “Por qué fiscalmente hay que elegir entre unos productos u otros, de lo que se trata es de incentivar el ahorro de las familias y castigar su materialización a corto plazo salvo por causas mayores”.

Tres Gobiernos, tres reformas

Desde 2011. El sistema público de pensiones lleva con reformas importantes desde hace 11 años con tres Gobiernos distintos. En 2011 se llevó a cabo una “sin precedentes”, según Inmaculada Domínguez, en la que, entre otras cosas, se estableció la edad legal de jubilación a los 67 años y se amplió el periodo de cálculo de los 15 últimos años de la vida laboral a los últimos 25. En 2013 se realizó una segunda, por la cual se introducían elementos automáticos, que son los que entran en funcionamiento según las circunstancias para intentar paliar sus efectos, como el factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor y que tuvo un gran coste social. En 2021, se retoman ideas de la reforma aprobada 11 años antes y se incide en retrasar la edad de jubilación, se penaliza la anticipada y se fija que las pensiones se revaloricen con el IPC y no un 0,25% anual como se estableció en 2013.

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