Ante el sprint final de la reforma concursal

Sería deseable introducir algunas enmiendas con el fin, por ejemplo, de ayudar a las personas físicas y autónomos a tener una verdadera segunda oportunidad

Nos aproximamos al final de junio, y nos encontramos ante el presumible fin de dos fechas que los profesionales y las empresas, entre otros afectados, teníamos fijadas en nuestros calendarios: por un lado, el vencimiento de la moratoria concursal, y, por otro, la aprobación de la ley por la que se traspondrá a nuestro ordenamiento jurídico la directiva de insolvencia.

Si bien no es seguro al 100%, todo apunta a que la moratoria concursal llegue a su fin el próximo 30 de junio –algo que ya se ha producido en los principales países de nuestro entorno y que, de no llevarse a cabo, podría suponer que sigamos manteniendo, e incluso aumentando, el número de empresas que, aun siendo inviables, no han sido liquidadas –conocidas como empresas zombis–, problema este que, de no atajarse más pronto que tarde, podría acabar desbordando el sistema de insolvencias de nuestro país. Este hecho ha venido a coincidir con la también probable próxima aprobación del proyecto de ley de reforma concursal, cuya votación por el pleno del Congreso de los Diputados está también programada para el último día de este mes.

Desde que tuvimos conocimiento de los primeros borradores de esta norma, los economistas hemos alentado esta iniciativa planteada por el Gobierno, y valorado de forma positiva, en líneas generales, el contenido de la reforma, sobre todo por el impulso que da a los planes de reestructuración, con el consiguiente desarrollo de la fase preconcursal, para tratar de evitar así el mayor número posible de liquidaciones, dado que las empresas en España llegan tarde al concurso. De igual forma, también nos pareció acertado incluir un procedimiento específico para microempresas como existe en otros países, si bien consideramos necesario garantizar una gestión profesionalizada de estos procesos.

No obstante, también hemos puesto de manifiesto algunas reticencias con respecto a algunas cuestiones que entendemos podrían suponer un freno para alguno de los objetivos fijados en el texto, como es el caso, por ejemplo, de la escasa exención del crédito público en segunda oportunidad, especialmente para autónomos y emprendedores.

A este respecto, hemos observado que durante la tramitación del proyecto de ley, y gracias al trabajo de los diferentes grupos parlamentarios –que ha presentado más de 600 enmiendas– y a las aportaciones de los profesionales y de diferentes organismos, el texto ha ido sufriendo modificaciones en la dirección adecuada, aunque aún quedarían por perfilar algunos importantes matices. Así, todo parece apuntar a que se va a tomar en consideración lo expresado, entre otros, por el Banco de España en su reciente informe de primavera sobre los procedimientos para microempresas (“prescindir del administrador concursal en la mayoría de estos procedimientos, dejando su control en manos del deudor, podría conllevar riesgos de comportamientos oportunistas y problemas de riesgo moral, debido a la falta de supervisión por parte de un profesional independiente”), por lo que parece probable que finalmente acaben reduciéndose los límites para la aplicación de este tipo de procedimientos de forma que la gran mayoría ellos sigan contando con la asistencia de profesionales. Asimismo, también se han reducido en cierta medida los privilegios del crédito público, aunque no lo suficiente, por lo que, antes de la aprobación de esta norma por el pleno del Congreso, sería deseable que se transaccionara alguna enmienda enfocada a ayudar a personas físicas y autónomos a tener una verdadera segunda oportunidad, ampliando la exoneración de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social en intervalos razonables, según escalas y dimensiones (y no una cantidad fija de solo 2.000 euros para todos), y extendiéndola, a su vez, a las pequeñas empresas, dado que, según cálculos del Registro de Economistas Forenses (Refor), estas acaparan el 70% de los concursos de acreedores en nuestro país.

Nos hallamos ante el sprint final de la reforma concursal, pero aún quedan algunas incógnitas en el aire, sobre todo en cuanto a la entrada en vigor de la ley y al periodo transitorio, ya que desconocemos algunos aspectos fundamentales que podrían complicar el buen desarrollo de la misma, como, por ejemplo, si ya están disponibles y suficientemente testados los modelos automatizados previstos para microempresas.

Dada la urgencia para trasponer la directiva (el plazo vence el 17 de julio), y pese al gran trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso, algunas cuestiones van a poder quedar tan solo esbozadas para ulteriores desarrollos, como es el caso del mecanismo de alertas tempranas; pero otras deberían quedar ya definidas de forma indispensable –en aras de las seguridad jurídica– y no a la espera de un futuro reglamento. Este es el caso del necesario reconocimiento del papel –presente y futuro– de los profesionales que, históricamente y hasta la fecha, han gestionado con eficiencia los procedimientos de insolvencia, y a los que nadie puede hacer responsables de los fallos que la actual Ley Concursal ha evidenciado.

Antes de que acabe esta semana tendrá que estar todo resuelto. Parece poco tiempo, pero en política incluso unas horas pueden llegar a dar mucho de sí, siempre que todas las partes tengan la voluntad de entenderse. Estamos seguros de que nuestros representantes parlamentarios estarán, como han demostrado en otras ocasiones, a la altura de las circunstancias, gracias a lo cual nuestro país podrá disponer de un sistema de gestión de crisis empresariales moderno y eficaz, lo que redundará en beneficio de nuestra economía y de la sociedad en general.

Valentín Pich es Presidente del Consejo General de Economistas de España