Medidas contra la inflación

El Gobierno gravará desde enero los beneficios extraordinarios de las energéticas

En las próximas semanas llevará la propuesta al Congreso y afectará al beneficio de 2022

El Gobierno gravará desde enero los beneficios extraordinarios de las energéticas

Pedro Sánchez anunció este sábado que el Gobierno trabaja en un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas por el alza de la luz y que debería estar en vigor a partir del 1 de enero de 2023. El presidente del Gobierno hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario para tomar medidas contra la inflación.

El presidente informó que este nuevo impuesto no se va a probar dentro de decreto de medidas contra la inflación, sino que el Ejecutivo presentará una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en una norma que se prevé pactada entre los dos socios de la coalición de Gobierno. "En las próximas semanas", según Sánchez, llevarán su propuesta al legislativo y, por los tiempos necesarios para validar la propuesta, prevé que entre en vigor a inicios del año que viene.

La idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría al ejercicio de 2022, señalaron fuentes de Hacienda.

Para preparar este nuevo impuesto, Sánchez afirmó que Hacienda ya está trabajando y mirando las normas que otros países europeos también valoran. "Estamos estudiando los diseños en los que están trabajando otros Gobiernos. Italia es uno de los ejemplos que miramos de forma particular", afirmó el presidente, quien no avanzó los detalles de la concreción del nuevo gravamen.

Sánchez justificó este nuevo tributo para que nadie "resulte beneficiado a costa de los perjuicios de la mayoría", afirmó respecto a los mayores ingresos de las compañías energéticas por el alza de precios en la luz, gas y carburantes acelerada por la invasión rusa a Ucrania. De hecho, presentó el gravamen como "un impuesto por el beneficio extraordinario que están teniendo las empresas energéticas".

Según el presidente del Ejectivo, el impuesto busca "garantizar un reparto justo de recargas" y "sintoniza con la opinión pública del país, con las medidas adoptadas por otros países del entorno y atiende a recomendaciones de la OCDE, la Unión Europea y el FMI".

Insistió en que las cargas ocasionadas por la invasión de Ucrania deben "distribuirse con justicia, aportando más quiénes están en mejores condiciones".

Además, anunció que se limitará el precio máximo de la bombona de butano, medida que estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre, pensando sobre todo en el entorno rural donde esta energía es más utilizada.

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