España no puede seguir combatiendo la crisis energética a base de parches

El Gobierno anunció ayer una nueva rebaja en el IVA de la electricidad –y van dos en un año– en un intento de controlar la desbocada factura de una crisis energética que a día de hoy no tiene visos de conceder una tregua. La medida, que recorta el tipo de gravamen del 10% al 5%, tendrá un coste aproximado de 220 millones de euros al trimestre, al que hay que sumar otros 380 millones, como consecuencia de la primera rebaja que aplicó el Gobierno desde el tipo general del 21%, lo que arroja un total de 600 millones. El coste del conjunto de las medidas tributarias que afectan al recibo eléctrico asciende en total a 1.800 millones trimestrales. Además, el Ejecutivo adelantó otras propuestas para suavizar la carga de la inflación, como el mantenimiento de la rebaja de 20 céntimos de euro por litro de combustible o el aumento de los beneficiarios del bono eléctrico.

Desde el punto de vista financiero, el Gobierno tiene aún margen de maniobra para acometer esta nueva rebaja fiscal en el ámbito de la electricidad, debido al plus de recaudación tributaria que están experimentando las arcas de Hacienda como consecuencia de la escalada de la inflación. Cuestión aparte –y diferente– es que la medida esté logrando su propósito y resulte verdaderamente efectiva, lo que parece más que dudoso. Desde que el Ejecutivo emprendió una política de control del alza de costes a base de parches, el mercado ha respondido amortizando su efecto. Las medidas no solo han fracasado en el intento de frenar el rally de la electricidad y de los carburantes, sino que han estimulado el consumo, especialmente en el caso del combustible. Así las cosas, todo apunta a que esta nueva vuelta de tuerca, al igual que ha sucedido con otras medidas supuestamente antiinflacionarias, como el tope del gas, no logrará meter en cintura los precios ni calmar los ánimos de los colectivos más castigados por la escalada, como el del transporte.

Mientras la patronal de transportistas anuncia una nueva convocatoria de huelga para finales de mes y sectores como el de la agricultura advierten de que no podrán soportar el parón, el Gobierno sigue sin focalizar su estrategia de ayudas únicamente en los colectivos empresariales y sociales que más lo necesitan, en lugar de optar por cebar indirectamente la inflación. El Ejecutivo debe aprobar un plan general de ahorro energético que afronte seriamente esta crisis, cuya gravedad es tal que puede llevarse por delante la recuperación económica española y poner el país al borde de la recesión.